Le falta calle

 

 

 

Hace un año el presidente Petro anunciaba que acompañaría desde el balcón las manifestaciones del día del trabajo: “nos juntamos este 1 de mayo y ahí, en ese Palacio, que solo recibía oligarcas, narcotraficantes muchas veces, bandidos que se quedaban con el dinero, que casi nunca observaban desde ahí al pueblo, porque se encerraban en la frialdad de los salones dorados. Si ahí entra el pueblo trabajador ¿qué?”. Las reformas ya estaban embolatadas y el presidente hacía un llamado a defenderlas en la calle, con el impulso popular. La convocatoria no estuvo acorde con la grandilocuencia de la invitación. Al día siguiente el ministro Velasco habló de una cifra “insólita” de 65.000 colombianos por las calles de Colombia y un mensaje “bellísimo” por la tranquilidad ciudadana.

Pero no había tiempo para la resignación y diez días más tarde el presidente convocaba a una nueva movilización, para el 7 de junio, al tiempo que lanzaba la frase que se ha convertido en lema y karma al mismo tiempo: “Iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales”. Ya no sería desde el balcón sino marchando al lado del “pueblo trabajador”. Bogotá fue el centro de la manifestación y se habló de siete mil personas en la Plaza de Bolívar. Funcionarios, sindicatos y estudiantes de los colegios públicos fueron los grupos más visibles. Benedetti y Sarabia acababan de salir del gobierno y las encuestas mostraban saldos rojos. En su discurso “sietejuniero”, Petro habló de una “estrategia para destruir su gobierno”.

Esa fue la última gran convocatoria del presidente a las calles. Se siguió hablando en abstracto de la necesidad de la ciudadanía movilizada, se ha llamado a las asambleas populares, se llegó al punto desconcertante de la convocatoria al constituyente primario, pero ahora las manifestaciones son eventos oficiales: carpas, sillas, refrigerios, gorras, algún anuncio, entrega de recursos y discursos. No vale la pena contar el día cívico que fue más una movilización del ego que un llamado a la ciudadanía.

Las marchas del domingo supusieron para el gobierno una derrota en sus propios feudos. Para Petro cada vez es más difícil movilizar a sus electores y al contrario se ha convertido en un experto para congregar una variada oposición a sus reformas, su modelo de gobierno y su desdén frente a los “formalismos” constitucionales y legales. El presidente convoca las marchas a su favor y en su contra, y es más exitoso en su llamado a las segundas.

Al parecer Petro encajó mal el golpe. Dijo que los manifestantes “añoran la represión, las masacres paramilitares, los asesinatos de jóvenes” y que solo los mueve el odio mientras su gobierno atiende a “la alegría la paz y el amor”. Habló del inicio de un golpe blando y de la intención de asesinarlo. Todo eso mientras decía respetar y garantizar la libertad de expresión.

A pesar de los rótulos de “pueblo” versus “clase dominante”, de la intención de dar más importancia a unos ciudadanos que a otros a la hora de marchar, lo cierto es que el tarjetón se marca uno a uno. El Congreso mira las marchas con atención y pragmatismo. Allá no señalan ni separan a los manifestantes por clase o ideología, solo obedecen a la aguja de la opinión pública. Esos sí que van hasta donde el “pueblo dominante” les diga. Las encuestas marcan sesenta por ciento de desaprobación, la calle está dura y parece no cambiará, la derrota electoral en octubre pasado dejó mensajes más que simbólicos. El gobierno pierde apoyo en todos los sectores y Petro parece destinado al baño popular de las minorías.

 

El cambio histriónico

 

 

El presidente Petro se siente incómodo. El marco constitucional le queda pequeño, advierte que el traje está muy ajustado para sus grandes propósitos, para la audacia de sus movimientos. Desde que era candidato en 2022 anunciaba que lo primero que haría al llegar al poder sería declarar un estado de emergencia para combatir el hambre: “Al ganar las elecciones presidenciales hay que decretar la emergencia económica (…) Qué más emergencia que la población tenga hambre". El intento se hizo de manera tardía, parcial y fallida. En junio del año pasado decretó la emergencia económica para La Guajira. La medida se tomó basada en “análisis climatológicos” por la inminencia del fenómeno del Niño. Unos meses antes había insinuado decretar la emergencia por la ola invernal. El gobierno está urgido de poderes excepcionales bien sea porque llueve o porque escampe. Las cosas no salieron bien y los decretos se cayeron en la Corte Constitucional. El presidente criticó la decisión con su elocuencia panfletaria: “…impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas”.

Uno de los cambios constitucionales más significativos del 91 fue quitarles a los presidentes el gusto de gobernar vía decretos en lo que se llamaba “estado de sitio”. Durante la Constitución de 1886, los presidentes gobernaron el 80% de sus periodos en vigencia de estados excepcionales. Eso se tradujo en abuso de poder y presidencialismo extremo. Petro, quien se ufana de que los “peladitos del M-19 derogaron la constitución del 86, añora uno de sus grandes vicios.

En el 2018, cuando el Consejo de Estado levantó la inhabilidad que le había impuesto el procurador Ordóñez, las ambiciones eran aún mayores. Petro era un candidato con ánimos renovados y cantó las intenciones que hoy se repiten: “Se necesitan reformas: Educación, la salud, pensiones, justicia para la ciudadanía, la economía, salir del petróleo, industria y justicia económica. ¿Esas reformas, vitales, que nos permitirían entrar a una era de paz, las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? No nos digamos mentiras, no son capaces (…) Por tanto si yo soy presidente de Colombia, el primer acto del primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta, ¿quiere usted sí o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?”.

Un poco más de seis años después, luego de dos años en el poder, el presidente retoma la idea con algunos cambios. Sabe que un referendo no tendría éxito, ni por tiempos ni por apoyo ciudadano, y anuncia una vía popular que no es clara. Los formalismos lo frustran, lo aburren tanto como el Palacio, quiere vías expeditas, revoluciones por fuera de la oficina. Son los riesgos de tener un presidente que desprecia la democracia de su país. Hace dos años, en plena campaña, dijo insistentemente que en Colombia no había democracia.

Petro sabe que no podrá cambiar la Constitución. Como no logró liderar grandes cambios se ocupará de los anuncios grandilocuentes y la campaña de 2026. Ese llamado etéreo al constituyente es solo un ejercicio electoral. Un trino reciente de Iván Cepeda explica de la mejor manera el fin de la intención de gobernar de Petro y su declaración de dedicarse al proselitismo: “Por el bien de Colombia espero que ocurra algo que puede sonar hoy utópico: que en 2026 se logre constituir un gobierno multipartidista y de concertación nacional que saque adelante los cambios y soluciones que requieren los problemas estructurales de la sociedad colombiana.” Se resignó el presidente, regresó el candidato.

 

 

Estado Mayor Parcial

 

En junio de 2016, meses antes de la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc, se conocieron las tres páginas de un comunicado que firmaba el frente Primero Armando Ríos de las Farc. La perorata era más o menos la misma que firmaron durante más de cincuenta años las Farc-EP. Tal vez más larga y confusa, digamos que tenía una peor “caligrafía”. Terminaba con una línea dura: “Morir, Sí, traición, No, Vamos todos contra la oligarquía. Luchamos para vencer, No para ser vencidos”. Invitaba a todos milicianos y guerrilleros que no aceptaban el acuerdo a unirse bajo los preceptos de Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Jorge Briceño.

Iván Mordisco, con más de veinte años en las Farc, se convertía en el líder de la más grande disidencia. Hace ocho años se hablaba de cuatrocientos hombres a su mando. Luego de sumó Gentil Duarte, quien abandonó los diálogos atraído por unos millones, y trajo combatientes de Séptimo Frente. En el territorio histórico de las Farc- EP nacía su disidencia más importante. Comenzó entonces un trabajo de articulación con diferentes inconformes con “la paz de Santos”. Comisionados de guerra viajaban a las regiones para construir una confederación nacional de renegados. La audiencia siguió creciendo con hombres en la frontera con Venezuela y en el Pacífico. Las rutas del narcotráfico marcaban buena parte de su geografía. Hoy se habla de 3.500 hombre agrupados en cuatro grandes bloques con presencia en 178 municipios.

Hace un año el gobierno comenzó las negociaciones con el Estado Mayor Central (EMC), sigla que agrupa a la mayor disidencia, concediéndole un estatus político que hasta ahora no tenían y devolviéndoles las letras de las Farc. Así consiguieron dos de sus principales propósitos con solo sentarse a la mesa. Un año de mesas de negociación les permitió comunicación entre sus líderes, reglas comunes y mecanismos de decisión conjunta. Pero parece que esos primeros acuerdos comienzan a romperse y la lógica de intereses regionales, diferencias de enfoque en la negociación, relaciones distintas con los enemigos y desconfianzas han roto la débil amalgama que propició la política de paz. La reciente reunión de en San Vicente del Caguán, sin la presencia de la gente del Cauca, Arauca y Nariño dice mucho de la cojera de la mesa. Mordisco, líder y fundador del EMC, parece tener un pie en la negociación y otro en una posible disidencia de las disidencias. Desde ahora queda claro que la paz con el EMC no será total. Las negociaciones han sido encuentros comunitarios sin mucha relevancia, los ceses han fracasado, las luchas con el ELN, la Nueva Marquetalia y el Clan del Golfo crece. El fuego de la disidencia está el 87% del territorio en disputa por los ilegales, según un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz. Ahora se habla de la creación de un nuevo Bloque. El poder de guerra se expande y las posibilidades de negociación se atomizan.

El fracaso de la política de paz con el Estado Mayor Central dejaría al gobierno con las manos vacías en una de sus principales apuestas. Esa obligación de resultados lo hace cada vez más débil frente a su contraparte. Romper esa precaria unidad y negociar con los más débiles militarmente puede ser una opción ¿Pero qué podría ofrecer a un pequeño grupo de disidentes? Inflar desmovilizaciones es una de las peores experiencias que dejó el acuerdo con los paras. También el ELN sabe que ellos pueden ser la única ruta exitosa para el gobierno. Una nueva debilidad.

La paz total parece ir hacia una colección de ceses al fuego intermitentes y unas memorias de reuniones. El tren donde el gobierno quería subir a todos los actores armados, tiene más cara de una pequeña flota de colectivos sin rumbo.