Padre putativo

Definitivamente hay senadores que se toman a pecho eso de ser los padres de la patria. Obtienen una curul por las carambolas de la parapolítica y se posesionan como acudientes de la sociedad entera. Sacan 12 mil votos y pretenden convertir sus delirios de director de orfanato en leyes de la República.
El senador antioqueño Jorge Enrique Vélez encarna el más patético de los ejemplos. El Señor Vélez tiene antecedentes de inquisidor moral desde sus tiempos de secretario de gobierno de Medellín. En esa época, preocupado por las escapadas de algunos hombres de la ciudad hasta el bombillo rojo de los burdeles, propuso una cacería de putañeros por medio de cámaras de video para después ponerlos en evidencia ante las sufridas esposas. Hasta a las vecinas de la parroquia de la Inmaculada Concepción les pareció demasiado.
Los funcionarios y legisladores con ínfulas de prefecto de disciplina son un lugar común de las democracias: aportan al libreto de los humoristas, le hacen creer a José Galat que no todo está perdido y buscan propagar la histeria punitiva tras la bolsa de unos cuantos votos. Valdría la pena dejarlos en manos del diablo de la risa sino fuera porque son bastante peligrosos. La cacería de los habituales de los burdeles que propuso el ex-secretario de gobierno terminó en una persecución de prostitutas. La personería debió intervenir por las detenciones ilegales de algunas damas habitantes del centro de la ciudad obligadas a pasar 12 horas bajo la custodia y halagos de los policías de turno. El funcionario fisgón dijo en su momento que los operativos desarrollaban una facultad policial para detener a cualquier persona que pudiera afectar la seguridad ciudadana: “No es porque sean prostitutas, no son ellas únicamente a las que se retiene”.
Ahora al Senador le ha dado por impulsar un toque de queda para los menores de 16 en años en todo el territorio nacional entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Cree que acostando a los jóvenes con un grito de sirena al terminar Sábados Felices, disminuirán los riesgos de drogadicción, vandalismo y delincuencia. Entregarle al Estado la tarea de vigilar y castigar comportamientos inofensivos socialmente, como trasnochar bajo un farol a los 15 años, es una perversión jurídica y necedad práctica. A muy duras penas el Estado logra concentrarse en quienes violan el código penal. Encargarlo de pulir las prácticas sociales, dictar cátedra de educación familiar y revisar los permisos que solo interesan a la lógica de puertas para adentro que construye cada hogar es una tontería además de un principio de tiranía.
Vélez alega que su propuesta no es un toque de queda y que solo busca proteger a los menores. Sin embargo, el proyecto de ley habla del lugar y la hora de aprehensión del joven trasnochador y obliga a la policía a levantar un informe donde se aclare si hay “investigaciones por reiterado mal comportamiento”. Policías encargados de manejar una libreta disciplinaria.
Mientras los niños sicarios vuelven a ser noticia en el país y los combos reclutan cada vez más temprano a sus pequeños mensajeros, el senador propone crear una gran categoría de infractores, juntar a los jóvenes insomnes con los jóvenes criminales en una sala del Bienestar Familiar o en una celda de inspección; y entregar más poder a los policías sobre los niños de la calle, ponerlos a pagar sus alucinaciones con un diente menos y una noche de corral. Ojala no caigamos en las manos del congresista Topo Gigio y su frase de combate. “A la camita”.