Proceso pendiente

Hace seis meses escribí aquí mismo una columna a manera de crónica sobre el proceso que se les sigue a nueve soldados en Medellín por la muerte en 2005 del joven Diego Alfonso Ortiz. Se trataba de construir una instantánea del momento en que los familiares de la víctima y los presuntos homicidas se encuentran por primera vez, e igualmente de dar una mirada a nuestro ritual de justicia frente a la seguidilla de ejecuciones de jóvenes humildes de la que se sindica a militares en todo el país.
La primera impresión fue positiva a pesar de la escasa majestad del salón de la audiencia, del juego de alumnos distraídos y arrogantes de los sindicados, el murmullo risueño de sus novias y el tono monocorde del secretario del juzgado al leer lo más escalofriante del expediente. Al otro lado de la balanza estuvo el peso para equilibrar la escena: el valor de la fiscal, su firmeza al hablar de las pruebas y su agallas para exigir que los militares vistieran de civil en las siguientes audiencias y dejaran quietos sus teléfonos para evitar amilanar a los testigos; la tranquilidad del juez que pareció siempre en un trono a pesar de estar en una silla más baja que la de los acusados; y la mirada respetuosa y sin alardes dramáticos de la familia de la víctima lograron que la ceremonia conservara un aire severo y civilizado. De algún modo era claro que allí estaba en juego la libertad de unos hombres, la justicia con sus inevitables letras mayúsculas y la credibilidad del Estado.
El proceso ha seguido su curso y yo intentaré cumplir mi compromiso de evitar que esta historia puntual se esconda tras los expedientes y los titulares. Las siguientes audiencias fueron una pequeña biografía de la víctima. Se oyeron los testimonios de los compañeros de caminatas: loteros y vendedores de mangos que se cruzaban en la ruta del vendedor de varitas de incienso asesinado. Se trazó la ruta de los recorridos habituales y se repitieron las conversaciones esporádicas. También oí a su entrenador en el equipo de fútbol del barrio y al amigo con el que Diego Alfonso se encontraba todas las tardes: una cerveza, unas horas de Play Station en un local de video juegos, una esquina preferida.
Pero no todo ha pasado en las salas del edificio en La Alpujarra. La calle también ha entregado algunas sorpresas. Hace unos meses una hermana de la víctima quedó pálida en el abismo de una acera luego de ver a uno de los sindicados muy campante manejando un taxi. El hombre vio la cara de asombro de la mujer y la saludó burlón. No le ofreció la carrera por simple descortesía. Se confirmaba así una de las grandes preocupaciones de los familiares de Diego Alfonso Ortiz. La debilidad deliberada de la custodia que les permite a los militares acusados comer empanadas en las afueras del juzgado.
Pero volvamos a las salas de audiencia. Durante los últimos seis meses el juicio se vio interrumpido por el cambio de juzgado debido a la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio. Aplazamiento para que el nuevo juez conozca el expediente y tiempo y más tiempo para rumiar la tragedia. La última de las sorpresas se dio en la más reciente audiencia. Los abogados defensores planearon una treta para que algunos de los sindicados quedaran momentáneamente sin defensa y así lograr la nulidad de lo actuado. Dejaron por fuera de un poder algunos nombres, fingieron no recordar quienes eran sus defendidos y estuvieron muy cerca de lograr que todo empezara de nuevo para algunos de los acusados. Parece que solo la muerte de un familiar puede inspirar tanto valor y tanta paciencia para soportar las congojas, la incertidumbre y la desilusión que puede entregar un juicio.