Genio y figura

Siempre creí que entre el gobernador de Antioquia de las Convivir en Uraba en 1997, el Presidente de la República que defendía las capturas masivas en el 2003 y el Álvaro Uribe que aspira a la tercera reelección había sutiles diferencias. Pensaba que se había pulido un poco con la lija de las sentencias de la Corte Constitucional y la áspera realidad de los falsos positivos. Uribe llegó al gobierno y a los tres días había declarado el estado de excepción. Quería convertir algunos departamentos en algo cercano a las jurisdicciones militares, intentó hacer del ejercito una autoridad judicial, quiso entregarles a los civiles obligaciones un paso más allá de sus de sus deberes ciudadanos.
Las noticias de sus primeros años de gobierno hablan de las capturas masivas respaldadas por el testimonio de informantes como el más grande lunar de la exitosa política de seguridad. El caso emblemático fue la captura de 143 personas en una operación en los municipios de Coloso, Chalán y Ovejas, en Sucre. La desarticulación del frente 35 de las FARC terminó dos meses más tarde con la libertad de 128 de los capturados. El Fiscal que ordenó la medida fue acusado por prevaricato y absuelto por la Corte Suprema dos años más tarde.
La Corte Constitucional acabó con sus intenciones en las llamadas zonas de Rehabilitación y Consolidación y el Presidente se enteró de que había algunos límites. El maniqueísmo duro pareció controlarse un poco y con resignación se acogió la idea de hacerlo todo más despacio: gastarse ocho años en el asunto.
Pero parece que ocho son pocos y los doce están envolatados. Era hora de regresar a las ideas fuertes. Uribe vuelve a ser tan chambón y tan osado como en sus primeros tiempos. Su propuesta de los 1000 estudiantes-informantes demuestra que las urgencias de seguridad dejan ver de nuevo un Uribe algo pasado, un jefe de brigada dispuesto a algunos experimentos peligrosos. La pifia fue tan grande que algunos de sus hijos adoptivos, el gobernador de Antioquia por decir algo, han intentado un matiz en sus comentarios. Y el Ministro de Defensa quiso borrar el énfasis de la medida entre los estudiantes. En una ciudad donde niños de 10 o 12 años no pueden ir al colegio porque violan los límites entre los combos y son acusados de “hacer vueltas” para el enemigo, sería una locura ponerle a los estudiantes, así sean mayores de edad, una especie de chaleco invisible con el logo de la fiscalía. En definitiva parece que Uribe no hay sino uno aunque parezcan tres.
En Cali el Presidente volvió a la carga con una propuesta de interpretación del Código Penal. Con el fin de evitar excarcelaciones pidió que quienes sean sorprendidos portando armas de manera ilegal sean acusados también de concierto para delinquir. Es verdad que en Colombia los escalones entre la acusación de los fiscales, la decisión de los jueces y la reja efectiva del Inpec son bastante tortuosos. Pero el Presidente no puede ir estirando los delitos ante la avalancha de las cifras de homicidios. Tampoco le conviene semejante flexibilidad. Por esa misma vía sus críticos extremos lo podrían situar en las orillas del derecho penal. Jorge Noguera acaba de decir que el mismísimo Uribe fue quien nombró a José Miguel Narváez, el gran oidor del DAS, y que le entregaba al Presidente informes sobre la actividad sindical. Esas declaraciones serían preocupantes para un fiscal quisquilloso. Cuando el corral del derecho penal se va ampliando algunas reses inesperadas pueden quedar en el establo.