Enemigo interno

Hace unos días el presidente Santos dijo en una entrevista que estaba decepcionado con “la ineficiencia del aparato del Estado”. Se refería a la maraña legal que enloquece a los administradores voluntariosos y a la suspicacia extrema que convierte toda autorización en un suplicio. Por algo los sellos simbolizan la mayor lacra burocrática. Pero el diagnóstico de Santos, creador de la Fundación Buen Gobierno, se queda corto. Lo más grave es que muchas veces las trabas administrativas obedecen más a los celos políticos y a los prejuicios regionales que a la inercia normal de los supernumerarios.
Lo que ha pasado en las oficinas públicas del gobierno central y de la gobernación de Antioquia con dos importantes proyectos en Medellín, demuestra lo difícil que es pelear contra las zancadillas políticas con barniz técnico. El primer caso tiene que ver con un préstamo por 250 millones de dólares que el gobierno francés le ha concedido, bajo condiciones financieras inmejorables, a la ciudad de Medellín para construir un tranvía hacia el barrio Buenos Aires. Ese tranvía no solo es un sueño de los habitantes del sector sino de la ciudad entera que busca revivir un antiguo ícono local: una manera de avanzar recuperando modelos desechados por alguna estupidez pasajera.
Luego de analizar las finanzas de la ciudad el gobierno francés otorgó el crédito sin la necesidad del aval de la Nación. Entre los proyectos de movilidad que los franceses examinaron para apoyar en América Latina el tranvía de Medellín fue el mejor calificado. Será operado por el Metro que lleva 15 años demostrando capacidad administrativa. Parecía un proyecto sin tacha. La nación solo debía entregar un visto bueno, un chulo de no objeción. Planeación Nacional soltó su garabato, pero para decepción del presidente Santos y de los habitantes de Medellín apareció el Ministerio de Hacienda. En vista de que no encontró ningún pero en los aspectos financieros, los únicos que debía revisar, le dio por remitir los papeles al Ministerio de Transporte para que examinara lo que ya examinó la administración municipal, el Concejo, los expertos franceses y el Metro de Medellín. Pero la “diligencia” no es gratuita: el Ministerio utiliza su firma como una forma de chantaje con respecto a decisiones pendientes en el tema de Metroplús. Los tecnócratas también juegan póker.
El segundo caso tiene que ver con patologías electorales y con la camándula que por aquí todavía ahorca. El director del Servicio Seccional de Salud de Antioquia negó la posibilidad de que Medellín construya la llamada Clínica de la mujer. Sin ningún criterio y pasando por encima del organismo técnico que debía tomar la decisión el funcionario sepultó un proyecto que tenía más de 10 años de discusiones en la ciudad. No importó la aprobación del Concejo, ni el plan de desarrollo ni el programa de gobierno del alcalde Salazar. La idea está en sintonía con las políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud en sus programas sobre mujeres. La violencia de género y el embarazo adolescente serían razones suficientes para un tratamiento y un esfuerzo especial. No sorprende que Carlos Mario Rivera, el hombre de la negativa, haya sido gerente del Hospital General durante la administración de Luis Pérez. Esa cofradía está acostumbrada al entuerto haciendo o no dejando hacer.
La presión centralista y la venganza política impiden por lo pronto que dos proyectos innovadores de la ciudad, pensados durante años y financiados con recursos propios, puedan avanzar. El Estado tendrá siempre a los gorgojos como enemigo interno.