Juicios negativos

Juan Manuel Santos sin ser elocuente de viva voz es un excelente contestador de preguntas. Le favorecen las entrevistas en medios escritos: concilia, evade, suelta una sorpresa para la ocasión, se esconde detrás de la ecuanimidad del profesor de teoría del estado. En su reciente entrevista con El País de España respondió con tranquila suficiencia una pregunta sobre su imparcialidad como jefe de Estado frente a los juicios por las ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta que hace apenas unos años, como ministro de defensa, fue superior jerárquico de los acusados. Santos habló de su papel como para acabar con los incentivos de sangre y dijo lo que tenía que decir: “Ya no hay denuncias de falsos positivos. El caso ahora es que la gente que fue responsable, pague. Hay más de 200 condenas en el sistema judicial y lo que estamos haciendo es darle todo el apoyo a las autoridades y al poder judicial para que pueda juzgar, porque al propio ejército también le conviene que los culpables paguen…”
Las buenas respuestas son las que necesitan un mejor contraste con la realidad. Tienen la ventaja de hacer posible la exigencia de hechos que confirmen las palabras propias. Y lo cierto es que hoy en día la hecatombe de los falsos positivos corre riesgos de convertirse en un vergonzoso arrume de expedientes, con pruebas groseras de la culpabilidad de agentes del Estado para completar la afrenta. La Corporación Jurídica Libertad se ha encargado de la representación de los familiares de algunas de las víctimas en casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. La mayoría de los 80 casos en los que han acompañado a familiares de las víctimas estaban archivados en los sótanos de la justicia penal militar. Los jueces uniformados no habían encontrado irregularidades en los presuntos combates. Tocó entonces empujar a la fiscalía para que con base en sentencias de la Corte Constitucional y en evidencias irrefutables planteara un conflicto de competencia. Y más tarde intentar que Consejo Superior de la Judicatura resolviera entregarle los casos a la justicia ordinaria. Porque la Justicia Penal militar ha demostrado ser extraordinaria para absolver a sus hombres. El solo hecho de comenzar un juicio ordinario que supusiera imparcialidad se convirtió en una hazaña de años coronada con una tutela.
Pero ahí no está lo realmente difícil. Lograr un fallo no es ya una hazaña sino un milagro. De los 80 procesos que ha acompañado la Corporación Jurídica Libertad solo 3 han llegado a una sentencia definitiva. Han sido condenas para más señas. Los 7 fiscales que llevan los procesos en Antioquia, Córdoba y Chocó tienen en promedio 70 expedientes de ejecuciones extrajudiciales cada uno. Una labor imposible así haya mística y voluntad. Esa larga fila ha provocado que cientos de casos del nuevo sistema oral estén en el limbo de las indagaciones mientras los testigos se pierden o se olvidan, y los militares acusados se dedican a gozar de las libertades provisionales en vías de ser definitivas. No parece entonces que el gobierno le esté dando todo el apoyo a las autoridades judiciales para llegar a las condenas de los culpables.
Lo más grave del asunto es que según parece los fiscales se están aburriendo con la sobre carga y han comenzado a remitir los procesos a la justicia penal militar. Entre 2008 y 2010 la fiscalía regresó a los jueces militares 995 expedientes de falsos positivos. Luego del ruido en los medios los casos parecen volver por vía soterrada a los jueces venales militares.