Reunificación conservadora

Solapado dirían las señoras del corrillo. Taimado diría el comentarista con pretensiones cultas. Da lo mismo. Poco a poco el gobierno Santos, o mejor dicho, el presidente Santos, comienza a hacer méritos para cualquiera de los calificativos. Durante su primer año de mando se dijo desde orillas opuestas, por parte de algunos indignados y otros gratamente sorprendidos, que Santos había resultado ser una carta cambiada: uribista radical durante la campaña y santista de extremo centro una vez arreglaron el tapete que le disgustaba en la Casa de Nariño.
Parece que las transformaciones no han terminado. Y Santos sigue y seguirá girando según los vientos de la coyuntura política. El presidente ha demostrado ser una veleta muy sensible: bien sea al aliento de Angelino, al abanico de los periódicos o al capricho de los partidos. Pero es hora de que el uribismo le devuelva toda su confianza. En este mismo momento, apenas cumplido su primer giro, su órbita de un año, el presidente está haciendo honor a su promesa de cuidar algunas de las obsesiones conservadoras del gobierno anterior. No importa que sus modales no sean camorreros y que prefiera los chistes flojos y la “urbanidad nacional” a las grescas desde la Plaza de Bolívar.
Por la vía del silencio calculado y la búsqueda de un supuesto futuro armonioso, el presidente Santos puede terminar, bajo la máscara del liberal renacido, llevando a cabo reformas que ni el propio Uribe logró. Hablemos primero de la prohibición del aborto en los tres casos extremos que autorizó la Corte. Ni el gobierno ni el partido que lidera la Unidad Nacional han sido capaces de oponerse a una reforma que solo se justifica bajo consideraciones religiosas. Imponer una carga desmesurada sobre las mujeres para cumplir con los mandatos de un credo es el peor de los anacronismos democráticos. Pero el gobierno timorato es incapaz de un liderazgo que le traería problemas. No importa que se hable de la reunificación liberal y se esconda la cabeza ante las andanadas moribundas de los conservadores. Vargas Lleras se atrevió a hablar en contra del proyecto pero dejó claro que lo hacía a título personal. El ministro de la política habla como contertulio de café.
En el tema de la dosis personal el panorama es todavía peor. Luego de que Uribe y sus clones en el Congreso mintieran para reformar la Constitución, diciendo que no se penalizaría a los consumidores y el tema de las drogas se miraría bajo el lente de la Salud pública, el gobierno Santos está listo para rematar la trama. Apoyó la Ley de Seguridad Ciudadana que implica cárcel para el consumidor y ahora impulsa un nuevo estatuto antidrogas que impondría penas incluso para quien se refugia en su casa, con humos o polvos propios, a esconderse del Estado terapéutico.
La última propuesta ha llegado de la mano de los militares. Primero se intentó colar en el proyecto de reforma a la justicia una presunción de acto del servicio para todas las actuaciones de los soldados. Lo que significa que la justicia penal sería la encargada de dirimir los conflictos de competencia con la justicia ordinaria. Les dio algo de pudor: con esa ley sería casi imposible juzgar los falsos positivos. Y ahora, bajo el pretexto de pulir la llave para la paz, se intenta una rebaja de penas para los “soldados que hayan cometido errores”. Poco a poco se nota que los cambios no van más allá del tapete en Palacio.