Pecar y ganar

El torneo del fútbol colombiano en el año 2011 después de Cristo se cerró con algo del patetismo y la histeria de las iglesias de organeta y pastor encorbatado. El técnico Páez de Millonarios reunió a su rebaño en el círculo central luego de perder por penales en la semifinal. Los azules demostraron saber más de mandamientos que de lanzamientos. La estampa de los 11 millonarios, arrodillados en gesto de humildad mientras recibían un sermón sobre el estoicismo de los vencidos, fue perfecta como tarjeta navideña del Club. Se fue la estrella y quedó el gesto.
Pero todo quedaría en manos de la misma secta. El Junior que los sentenció desde los 12 pasos terminó como campeón y cambió su leyenda de pastas La Muñeca por una frase digna de guirnalda: “La Gloria para Cristo”. De modo que solo cambió el mensajero. Los honores de la Dimayor fueron ofrecidos en bandeja al mismo redentor. Al paso que vamos no sería raro que muy pronto se cambie la estrella simbólica por una cruz.
Los camerinos han sido siempre templos de superstición. Nudos mágicos en los cordones, amuletos escondidos en las medias, rituales en la fila india de salida y feria de bendiciones han acompañado a los jugadores antes del resplandor al saltar a la cancha. Pero todo ha cambiado. Pasamos del altar personal que alumbraba la foto de la abuela a los equipos de 11 apóstoles y un pastor técnico. El Junior tiene en su nómina además de preparador físico y kinesiólogo, un preparador espiritual para calmar las angustias de Giovanni, los remordimientos del Ringo Amaya y las desbocadas de Víctor Cortéz. Y como los caminos del señor son extraños, el pastor tiburón se llama Jesús Barrios pero no es el Kiko. Luego del título cuando los periodistas le pusieron un micrófono al frente soltó su sentencia: “Este Junior está cubierto con la sangre de Cristo y en comunión con Dios a través de la oración”. En el triunfo se cubre con la sangre de Cristo y en la derrota con la sangre de un hincha, según la hazaña armada de Javier Flórez en el 2009.
Los pioneros de la rezandería cristiana en los estadios de Colombia son conocidos por sus historias turbias con algunos ceros a la derecha del padre. Silvano Espíndola regó la semilla en El Campín y el Atanasio. Ahora dirige una iglesia en Miami y un Club de juveniles con nombre pulcro: FairPlay. Durante algún tiempo fue guía espiritual de Falcao García y confundió los derechos frente al altísimo con los altísimos derechos del traspaso a River Plate. Pretendió quedarse con una tajada del negocio hasta Radamel García le puso el codo, con el mismo estilo franco con el que lo hacía en la cancha. El otro es Jesús “El Kiko” Barrios. Conocido por poner a sus jugadores a entregar biblias al comienzo del juego y los puntos al final, en el último cuarto de hora. Los hinchas del Cúcuta no olvidan la derrota 5-0 de su Valledupar a manos del Real Cartagena. Una venta digna de Judas.
Nuestro fútbol ha sido siempre un pequeño antro. Un mundillo de componendas y negocios por debajo de cuerda que estuvo a punto de corromper a la mismísima mafia. Con los nombres anotados en las bitácoras de visitas a las cárceles se podría hacer una gran selección Colombia de todos los tiempos. Es extraño que ese mismo ambiente de leyendas negras tenga un aura de templo cuando se oyen las declaraciones de los jugadores o se espía por las rendijas de los vestuarios. Y este año se completó el milagro de los iluminados: el América y su diablo cayeron al infierno de la B.

Reformas desaforadas

Hace solo tres años Colombia vivió con vergüenza y sorpresa uno de sus peores episodios sobre violación de Derechos Humanos por parte del ejército. La palabra hecatombe estaba ocupada en otros menesteres pero bien pudo servir para nombrar el asesinato al menudeo, en muchas regiones del país, de civiles disfrazados de combatientes. Según un reciente estudio del Cinep entre 2006, 2007 y 2008, el periodo cumbre de la matazón, 835 civiles fueron vestidos de camuflado luego de recibir tiros de gracia. No es injusto decir que en manos de investigadores militares distraídos y en medio de procesos simulados por la justicia penal militar, no tendríamos noticias de cómo enmaletaron a los jóvenes de las ciudades, cómo escogieron al campesino adormilado en medio de un viaje en bus, cómo pulieron la facha de los indigentes antes de vencerlos en combate.
Mientras miles de soldados enfrentan a la fiscalía y los jueces ordinarios por las ejecuciones extrajudiciales, el país debate y el Congreso aprueba, al menos por ahora, una reforma Constitucional que impone una suposición peligrosa. O mejor, tétrica si uno se atiene a los antecedentes: todos los actos de militares y policías se entenderán legítimos y respaldados legalmente y por lo tanto, al momento de un posible reproche penal, deberán ser evaluados por jueces militares.
Según el Ministro de Defensa el artículo no es más que una garantía necesaria para los defensores de la democracia y los ciudadanos: “…aquello que ocurre en el marco de operaciones militares y policiales es muy importante que sea analizado por una justicia especializada, que conozca las condiciones típicas de esta situación.” El ministro Pinzón intenta separar las operaciones legales de las que involucran violaciones de Derechos Humanos. Pero sucede que muchas veces se mezclan unas y otras: lo que comienza con una inspiración legítima puede terminar con un crimen, o incluso una escuadra militar puede cubrir de legalidad lo que siempre fue un asesinato concertado. Y para separar unas de otras son indispensables los jueces sin uniforme.
Mucho se ha hablado de los incentivos perversos que permitieron una cacería silenciosa de militares en busca de blancos civiles. Los incentivos de sangre fueron sin duda claves en esa obsesión por la muerte que cundió en el ejército. Algún día un soldado desprevenido me dijo con sinceridad infantil: “la moral de uno aquí son las bajitas.” Uno de esos incentivos fue sin duda la casi total garantía de impunidad. En el pico más alto de las ejecuciones los soldados habían perdido por completo el pudor: bajaban a 15 pasajeros de un bus, devolvían a 13 a su ruta y a los dos días presentaban como guerrilleros a los 2 que se habían ganado la macabra ruleta. Es conocido el caso de un investigador de la justicia penal militar en Urabá al que le pareció imposible ocultar las evidencias de los crímenes: guerrilleros vestidos con botas recién compradas, uniformes estrenados con un balazo en la espalda. El hombre comenzó a enviar los casos a la justicia ordinaria y como es lógico muy pronto estaba vestido de Everfit.
Se habla de la persecución implacable contra los militares. Pero tampoco hoy es fácil lograr una condena por el asesinato de civiles. Se requieren peleas de años para que la fiscalía plantee un conflicto de competencia y el Consejo Superior de la Judicatura lo resuelva a favor de la justicia ordinaria. Ese es apenas el comienzo de un juicio imparcial. No es justo que los militares pidan la impunidad a cambio de sus éxitos y sus sacrificios.

De los togados a los tocados

El fin de semana pasado se hizo famosa la comparecencia pública de Carlos Alonso Lucio y Viviane Morales en una iglesia cristiana con nombre de gruta y aire de palacio. Las fotos en la Casa de la roca muestran a la fiscal y su esposo con un aire de contrición: la cabeza gacha y los ojos cerrados en el vilo del recogimiento. El espectáculo, según dicen, fue una mezcla extraña entre discurso político, confesión pública y prédica del perdón. La Fiscal dice en los medios que no habla de su relación personal con Lucio, pero decide hacerle la segunda ante 15.000 fieles que terminaron aplaudiendo como si fueran electores.
Resulta que las iglesias son el escenario natural de Viviane Morales. La fiscal debutó en la vida pública de la mano de los partidos cristianos que llegaron a la Constituyente con dos delegatorios. Luego Morales fue Representante a la Cámara por la Unión Cristiana y más tarde estuvo en el Senado a nombre del Movimiento Independiente Frente de Esperanza. Todo empezó al final de una corta estadía de Morales en Orange, California. Como siempre una voz hace estremecer al recién tocado: la invitación de una pareja de amigos y las palabras de la señora Ann Carver al final de la acción de gracias: “Dios te ha llamado para ponerte en lugares muy altos en tu país y te va a usar para quebrar yugos de tradición y traer bendición a muchos creyentes. Cuando tu estés en esos lugares, te vas a preguntar: ¿Por qué yo Señor? y él te dirá porque es mi voluntad, por tanto no olvides que es por mí que tú estarás allí.”
No tengo ninguna objeción a que la señora Morales sea la encargada de buena parte de la justicia terrena en nuestro país. Tal vez preferiría a alguien sin conciencia de haber sido señalada por un dedo todo poderoso; pero no hay nada que hacer, los señores de la Corte la escogieron y quienes la conocen dicen que tiene temple e inteligencia. En todo caso no deja de ser paradójico que el país decida romper algunos lazos simbólicos de su pasado confesional, y al mismo tiempo elija para sus cargos más importantes a personas con una conciencia religiosa que va mucho más allá del Cristo a la espalda del escritorio.
El caso del Procurador demuestra que convertir la oficina en púlpito es algo que se puede hacer con relativa tranquilidad. La amenaza de su toga ha terminado por disuadir a algunos funcionarios de que es mejor obedecer los mandamientos de su religión. En Medellín, por ejemplo, pasó con la clínica de la mujer. Sobre el Invima y los medicamentos para el aborto también ha pesado su ceño de obispo agrio. Y no sería raro que la primera decisión del ICBF en contra de que un periodista gringo, señalado como enfermo por ser homosexual, pudiera adoptar dos niños colombianos, se haya tomado pensando en la homofobia confesa de Ordóñez.
Mientras tanto Colombia sigue orgullosa de ser un estado laico por razones insignificantes, por vía del constitucionalismo puntilloso y simbólico. Hace un año la Corte Constitucional declaró inexequible una ley que declaraba al municipio de La Estrella, en Antioquia, como Ciudad Santuario. La ley imponía la obligación de “colocar una placa conmemorativa de dos metros de alto por uno de ancho en la Basílica” del municipio. Se celebraban los 50 años de la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Se alegó la neutralidad del Estado en materia religiosa como uno de los pilares claves de la democracia. Sería mejor la neutralidad de los funcionarios que la prohibición al Estado abstracto para poner una placa en una iglesia.

Autoridades menores

En octubre del año pasado todos los periódicos de México ocuparon su portada con la foto de una joven estudiante de criminalística. Se trataba de Marisol Valles, quien había aceptado la jefatura de policía del municipio de Praxedis G. Guerrero, cerca de Ciudad Juárez, donde los narcos son legión y ley. Los titulares más arriesgados la llamaron “La mujer más valiente de México”. Y no exageraban, si se tiene en cuenta que 5 de sus antecesores en el cargo fueron decapitados. La joven reconoció tener miedo pero buscó una salida original: “Me preocupa el tema social… mi idea es ir por los buenos como son niños, padres de familia, hombres y mujeres a los que debemos organizar para que no caigan en la tentación de los delitos, las drogas y el dinero fácil”.
La estrategia falló. Cuatro meses después Marisol fue amenazada y tomó una decisión lógica. Abandonó su escritorio y los nueve policías a su cargo y viajó con su hijo rumbo a Texas para pedir asilo. Una reciente crónica de Salud Hernández sobre el poder de las Farc en el Catatumbo me recordó la fugaz historia de bravura de Marisol Valles. Entre nosotros el valiente es un hombre de 24 años que despacha como corregidor de La Gabarra en el municipio de Tibú. A Bernardino Carrero no le queda más que llenar las planillas de rigor y fingir que es la primera autoridad del pequeño casco hundido y las 34 veredas. Las Farc dominan el comercio de coca por los ríos de la zona y hacen las veces de “amigables componedores” cuando se presentan problemas entre los vecinos: “¿Cómo compito contra eso?”, dice Carrero con la tranquilidad del deber perdido.
Hasta ahí todo parece normal. No son más que las anécdotas de dos funcionarios de papel en la periferia de dos países que deben pelear contra mafias poderosas. Allí donde el Estado tiene sus fichas más vulnerables, la mafia tiene sus mejores hombres: Timochenko en el Catatumbo y los grandes carteles en los alrededores de Ciudad Juárez. Pero las declaraciones recientes de la gobernadora de Córdoba y el alcalde de Medellín sobre temas de seguridad, demuestran que no solo en los pueblos arrinconados se presenta una gran debilidad de las autoridades regionales.
Durante varios meses de este año la señora Martha Sáenz, gobernadora de Córdoba, se dedicó a pedir ayuda al ministerio de defensa por la violencia en su departamento. Por momentos el asunto fue una triste contabilidad de muertos donde las cifras del ex ministro Rivera y la señora Sáenz no se encontraban. Pero detrás de todo no había más que una especie de ruego en tono mayor para que desde el centro se atendieran las urgencias del departamento. No solo se pedía más hombres sino mejores, lo que traduce que no fueran fichas de los bandidos de la zona.
Las declaraciones de Alonso Salazar son mucho más graves. Según su teoría el alcalde dice a qué horas cierran las discotecas y dónde se puede parquear, pero su poder sobre la policía del municipio y los temas de seguridad es mínimo. Incluso insinuó que los pillos están mejor representados que el alcalde en los consejos de seguridad de la ciudad. Y eso que Medellín ha invertido más que ninguna otra ciudad en equipos e infraestructura para la policía. De modo que los alcaldes pueden cargar con la responsabilidad política y la obligación de entregar recursos a cambio de cero autoridad. Y saber que durante las campañas los candidatos se desgañitaron hablando de sus ideas sobre como combatir la delincuencia. En las comandancias de policía y los cuarteles parece estar una clave que pasa desapercibida para la política.