Reformas desaforadas

Hace solo tres años Colombia vivió con vergüenza y sorpresa uno de sus peores episodios sobre violación de Derechos Humanos por parte del ejército. La palabra hecatombe estaba ocupada en otros menesteres pero bien pudo servir para nombrar el asesinato al menudeo, en muchas regiones del país, de civiles disfrazados de combatientes. Según un reciente estudio del Cinep entre 2006, 2007 y 2008, el periodo cumbre de la matazón, 835 civiles fueron vestidos de camuflado luego de recibir tiros de gracia. No es injusto decir que en manos de investigadores militares distraídos y en medio de procesos simulados por la justicia penal militar, no tendríamos noticias de cómo enmaletaron a los jóvenes de las ciudades, cómo escogieron al campesino adormilado en medio de un viaje en bus, cómo pulieron la facha de los indigentes antes de vencerlos en combate.
Mientras miles de soldados enfrentan a la fiscalía y los jueces ordinarios por las ejecuciones extrajudiciales, el país debate y el Congreso aprueba, al menos por ahora, una reforma Constitucional que impone una suposición peligrosa. O mejor, tétrica si uno se atiene a los antecedentes: todos los actos de militares y policías se entenderán legítimos y respaldados legalmente y por lo tanto, al momento de un posible reproche penal, deberán ser evaluados por jueces militares.
Según el Ministro de Defensa el artículo no es más que una garantía necesaria para los defensores de la democracia y los ciudadanos: “…aquello que ocurre en el marco de operaciones militares y policiales es muy importante que sea analizado por una justicia especializada, que conozca las condiciones típicas de esta situación.” El ministro Pinzón intenta separar las operaciones legales de las que involucran violaciones de Derechos Humanos. Pero sucede que muchas veces se mezclan unas y otras: lo que comienza con una inspiración legítima puede terminar con un crimen, o incluso una escuadra militar puede cubrir de legalidad lo que siempre fue un asesinato concertado. Y para separar unas de otras son indispensables los jueces sin uniforme.
Mucho se ha hablado de los incentivos perversos que permitieron una cacería silenciosa de militares en busca de blancos civiles. Los incentivos de sangre fueron sin duda claves en esa obsesión por la muerte que cundió en el ejército. Algún día un soldado desprevenido me dijo con sinceridad infantil: “la moral de uno aquí son las bajitas.” Uno de esos incentivos fue sin duda la casi total garantía de impunidad. En el pico más alto de las ejecuciones los soldados habían perdido por completo el pudor: bajaban a 15 pasajeros de un bus, devolvían a 13 a su ruta y a los dos días presentaban como guerrilleros a los 2 que se habían ganado la macabra ruleta. Es conocido el caso de un investigador de la justicia penal militar en Urabá al que le pareció imposible ocultar las evidencias de los crímenes: guerrilleros vestidos con botas recién compradas, uniformes estrenados con un balazo en la espalda. El hombre comenzó a enviar los casos a la justicia ordinaria y como es lógico muy pronto estaba vestido de Everfit.
Se habla de la persecución implacable contra los militares. Pero tampoco hoy es fácil lograr una condena por el asesinato de civiles. Se requieren peleas de años para que la fiscalía plantee un conflicto de competencia y el Consejo Superior de la Judicatura lo resuelva a favor de la justicia ordinaria. Ese es apenas el comienzo de un juicio imparcial. No es justo que los militares pidan la impunidad a cambio de sus éxitos y sus sacrificios.