Es mejor la seguridad

 

La policía debe ser siempre una opción para el peor de los casos. Los cañones de algunos viejos imperios tenían una sabia inscripción: “El último argumento de los Reyes”. En las democracias que se pretenden tales los policías deberían tener una leyenda parecida en sus cascos y chalecos: “El último argumento del Estado”. Pero cada vez gana fuerza una idea según la cual los policías deben ser una especie de cuerpo para el adiestramiento social y la tutoría forzada sobre el conjunto de los ciudadanos. La idea no es solo peligrosa sino estúpida. La intención del Estado de ponerse por encima de los padres y los individuos frente a comportamientos que se deben decidir en la convivencia diaria y en los “manuales” que se dictan en la familia y los colegios, constituye siempre un riesgo. Y de otro lado, cuando todavía no se pueden controlar los peores comportamientos sociales -el asesinato, los secuestros, la intimidación permanente-, es solo una broma tortuosa pretender regular el respeto a la vida privada en los hogares, la buena educación en los buses y el juego limpio de los amos de las mascotas. Desde hace 25 años hemos capacitado a nuestros policías para pelear contra carteles sanguinarios, no es hora de convertirlos en prefectos de disciplina con libreta, lápiz rojo y chaleco antibalas.

El proyecto de Código de Policía que presentó hace unos días el gobierno está plagado de esas intensiones escolares. El consejero para la seguridad, Francisco Lloreda, dijo que trabajaron durante 18 meses en su redacción. Se confirma la regla según la cual, cuando un funcionario no tiene trabajo decide inventarse una ley inútil. No me quiero imaginar la suerte de ese catálogo en manos de la imaginación del Congreso.  Pero dejemos que el Código en ciernes y sus 280 artículos se presenten por cuenta propia. El proyecto pretende ser liberal y garantista en sus enunciados, pero terminará siendo un repertorio de comodines para que los agentes apliquen sus criterios y aplaquen sus apetitos. Un primer ejemplo: uno de sus capítulos entrega un amplio sermón sobre los derechos de las putas y la necesidad de reconocerlas y salvarlas de la discriminación. A renglón seguido se dice que no se puede ejercer la prostitución cerca de colegios, hospitales, iglesias, zonas de recreación, cárceles, unidades militares o centros históricos. Las putas deberán trabajar entonces en los potreros. Y Medellín estará en problemas, sus zonas rojas más reconocidas están al píe de sus iglesias más clásicas: en la culata de La Catedral y en el atrio de la Veracruz.

Cuando habla de menores y adolescentes el código muestra su peor cara. Pretende decir a qué edad se puede entrar a una sala de juegos de video, prohíbe a los menores participar en manifestaciones públicas, una manera de supeditar el ejercicio de la ciudadanía a la mayoría de edad, prohíbe su entrada a cualquier sitio donde se vendan bebidas embriagantes ¿Restaurantes incluidos?  Además de su colección de tonterías y su redundancia con leyes serias en aspectos serios, lo más grave del código es el desconocimiento sobre cómo funciona nuestra sociedad. La pretensión de hacernos limpios, respetuosos, solidarios y amables con la amenaza de una multa. Habrá cobros para quienes no recojan los paquetes de los ancianos, para los indigentes que duerman de cara al cielo en las aceras, para quienes nieguen información sobre métodos anticonceptivos a los homosexuales. Parece decir, con el tono solemne de las enumeraciones legales, dadme un bolillo y moveré el mundo.