Conejillos de hierba

Hace unas semanas el jefe de policía de Aurora, una ciudad con más de 300.000 habitantes en Colorado, les comunicó a sus agentes que la fiscalía local dejaría de presentar cargos por posesión de marihuana contra los mayores de 21 años. La decisión se extenderá poco a poco por los Estados de Washington y Colorado que en las pasadas elecciones aprobaron, como una práctica legal, el uso recreativo de la hierba. Pero lo que se ganó en las urnas y en las decisiones locales puede perderse frente al gobierno federal que dirige Barak Obama.

El Presidente de Estados Unidos sabe muy bien que está en juego su legitimidad para seguir liderando una cruzada mundial que cada día tiene más importantes detractores. Esos dos referendos exóticos y más o menos insignificantes pueden ser el hilo por donde se comience a descoser la política antidrogas dictada desde el Norte. Luis Videgaray, principal asesor del recién posesionado presidente mexicano, lo dijo sin muchos pelos: “Obviamente no podemos manejar un producto que es ilegal en México, tratando de detener su transferencia a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos -al menos en parte de Estados Unidos- ahora tiene un estatus diferente". Y eso que el presidente Peña Nieto es enemigo declarado de la legalización. Felipe Calderón, que acaba de terminar su periodo de lucha a muerte con el narco, dijo con algo de resignación que había un “cambio de paradigma” luego de esas elecciones. Y ya apareció un político de izquierda, Fernando Belaunzarán, con la idea de que el Congreso mexicano regule la marihuana a imagen y semejanza de los más liberales Estados yanquis.

De modo que la gran pregunta es que hará Obama frente a ese humo incomodo que comienza a levantarse. Para la ley federal la marihuana sigue siendo una sustancia tan ilegal como el LSD y la heroína. Sobre el papel Obama podría movilizar las fuerzas federales para hacer cumplir la ley nacional e imponer demandas contra los Estados o sus autoridades. El problema es el costo político que supondría perseguir las decisiones aprobadas por sus electores: la base demócrata más liberal. El Washington Post le recomendó hace unos días abstenerse de bloquear la legalización y considerar a los dos Estados en capilla como conejillos para evaluar cambios futuros. Cada año se detiene en Estados Unidos a 1’600.000 personas por delitos relacionados con drogas y los gobiernos locales piensan cada vez más en los costos de las prisiones y los posibles ingresos de la venta legal.

Hay una antecedente sobre la mesa que da pistas sobre lo que podría hacer el gobierno central. Durante este año en California han sido cerrados 650 de los 1400 dispensarios donde se vendía marihuana legal para usos médicos. Las redadas federales han cerrado dispensarios serios (recetas médicas estrictas y funcionamiento con visos hospitalarios) y dispensarios laxos (recetas expedidas en fiestas nocturnas con ayuda de enfermeras en minifalda.)

A diferencia de lo que sucede en América Latina, donde la opinión a favor de la legalización es todavía minoritaria, en Estados Unidos la última encuesta de Gallup reveló que más de la mitad de los ciudadanos está de acuerdo con la legalización de la marihuana. En 1969 solo el 13% la apoyaba. Mientras aquí los políticos temen a la reacción de la opinión pública respecto a la legalización, en Estados Unidos el presidente parece dispuesto a retar a la mayoría, integrada por su propio partido, por temor a perder las riendas de una guerra que le entrega, sobre todo, un poder de tutela y vasallaje sobre muchos países.