Bloque minero

Las fotos en los periódicos muestran la camioneta del Inpec -perfecta para el transporte escolar-  baleada a un lado de la troncal que conduce de Medellín a la Costa Atlántica, entre los municipios de Valdivia y Tarazá. A estas alturas, alias Pantera, el hombre recién liberado por veinte de sus compinches armados de fusil, debe estar luciendo una barba rala y una nueva cédula en alguna finca del Urabá, por decir algo.

 La escena es perfecta como pistoletazo del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. El poder del Estado es apenas simbólico en las zonas donde durante tres décadas la guerrilla y los paras se pelearon las rentas y el territorio. Los cuadros de desplazados, cultivos ilícitos y muertos en el Bajo Cauca dan cuenta exacta del tropel. Tan desigual como la pelea de los guardianes del Inpec contra los hombres de los Paisas, es la de Corantioquia contra las más de 900 retroexcavadoras que revuelven las aguas y la tierra de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí, entre otros.

Las máquinas amarillas suben abriendo monte con su pala, detrás va la recua de mulas y la fila de hombres que se encargarán de esculcar entre los pozos artificiales en medio de los ríos. La retro es el patrón. En Medellín se exhiben en grandes parqueaderos, iluminadas en las noches, mostrando sus brazos y sus fauces como si fueran juguetes fantásticos. Cada año pueden llegar al país 5000 retroexcavadoras destinadas en buena medida a la minería ilegal. El gobierno dice que el 80 por ciento de las importaciones son maquinaria que no se produce en Colombia: camiones de carga, retroexcavadoras, palas, máquinas compactadoras. Equipos para tareas nada artesanales.

Hasta un poco antes de 1998 las Farc tuvieron supremacía armada y política en la zona del Bajo Cauca. Entre 1985 y el 2000 respaldaron su poder con más de 250 acciones armadas en los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Pero llegó Cuco Vanoy apoyado por la casa Castaño y la tarea se puso difícil. Vanoy logró construir un emporio narco con pistas y sembrados propios. Según Mancuso, Cuco Vanoy entregaba dos toneladas de coca cada mes a las Autodefensas. Semejante éxito militar y comercial tuvo consecuencias en otros indicadores. Entre 2002 y 2007 Tarazá y Cáceres llegaron a 47 y 92 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cinco años antes el índice no pasaba de 10.

Con el auge minero y la desmovilización los cultivos de coca cayeron rápidamente. El ejército paraco que manejaba la cadena se dispersó y apareció una actividad menos señalada y con una rentabilidad similar. El precio del oro marcaba techos históricos. Los mandos medios que tenían ascendencia y contactos se hicieron fuertes en una actividad conocida  aunque un poco relegada en los últimos años. La minería del oro marcó la colonización de la zona entre 1940 y 1970.

Ahora la gran dificultad para un Estado sin mucha legitimidad sobre el terreno es marcar una línea entre los ilegales y los informales. No es fácil diferenciar entre unos y otros en municipios donde la ilegalidad ha manejado casi todos los hilos. Por ejemplo, el alcalde de Tarazá elegido para gobernar entre 2008 y 2011 fue destituido por sus nexos con Cuco Vanoy. Y las oficinas de ayuda social de las Autodefensas funcionaban mejor que Familias en Acción. No se trata solo de juzgar los bloqueos en las vías sino de entender nuestros bloqueos institucionales.