Desmovilización y rearme

La experiencia luego de las desmovilizaciones colectivas en Urabá y el Bajo Cauca obliga a plantar cara frente a la realidad que supone la entrega de unos fusiles y el apretón de mano a los combatientes. Un epígrafe sencillo y pesimista podría enmarcar esos dos procesos: una vez se firma la paz, viene la guerra. Tras los acuerdos con el EPL en 1991 y las AUC en 2003 se multiplicaron los bandos, se mezclaron amigos y enemigos, se confundieron políticos y mercenarios, se dividieron utópicos y ambiciosos. Ahí suenan todavía los hermanos Úsuga David como un ejemplo de quienes han hecho el periplo completo en esa larga guerra.

En Urabá el EPL terminó siendo un semillero de la Casa Castaño. Las rencillas de uniforme y la costumbre de matar al contradictor político hicieron que una disidencia del EPL se dedicara a atacar a sus antiguos compañeros con la ayuda de las Farc. Quienes persistían en la guerra, alegando incumplimientos del gobierno, no consentían que unos “traidores” ganaran espacio político de la mano del “régimen”. Comenzaron las matanzas y surgieron los Comandos Populares como una especie de brazo armado de quienes ya hacían política de manera legal: “Los Comandos Populares nacimos para defendernos del ataque de la guerrilla”, dijo Jesús Albeiro Guisao Arias, alias ‘El Tigre’, en su declaración como reinsertado -esta vez del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá- a un fiscal de Justicia y Paz.

Los Castaño, con su banda Los Tangueros, terminaron apoyando a los Comandos Populares en su guerra contra las Farc y la disidencia comandada por Francisco Caraballo. Apenas un 10% de renegados del EPL lograron prender una guerra con nuevos bríos y nuevos actores. El viejo, El Tigre, H.H., Platón, Mataperro y otros tantos terminaron disparando desde la misma orilla de Monoleche y demás hombres de Los Tangueros. En 1995 ya estaba lista la fusión entre los Comandos Populares y la gente de los castaño, y la guerra tenía otros objetivos. Ya no se hablaba ni de esperanza ni de paz ni de libertad.

En 2005 y 2006 se desmovilizaron el Bloque Minero y los Frentes Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar. Tarazá y Remedios fueron los municipios escogidos para las ceremonias periodísticas de entrega de armas. Esta vez el fracaso viene de las simples  intenciones de dejar la guerra como espectáculo y alarde de comandantes, al tiempo que se mantiene el dominio sobre los negocios en armas. La coca y la minería ilegal fueron un anzuelo irresistible para quienes conocían el mando armado, las cocinas de coca y los lavaderos de oro. Hasta hace poco Cáceres, El Bagre, Tarazá y Zaragoza pelearon en el ranking de municipios cocaleros en Colombia. Solo el negocio del oro más tranquilo y más rentable produjo una disminución de las hectáreas sembradas a partir de 2011. Además, un informe de Verdad Abierta muestra que entre 2008 y 2011 se dio el mayor auge de desplazamiento en la región. La guerra de los mandos medios de los paras encarnados en Urabeños o Rastrojos mostró que la paz puede ser solo un desequilibrio de la violencia establecida ¿Qué nos espera en el Catatumbo, en Arauca, en Caquetá, en el Cauca? Humberto de la Calle era ministro de gobierno cuando el EPL firmó su acuerdo. Es seguro que recuerda el fiasco.

Escapada presidencial

La señora Rousseff lo necesitaba. Los vidrios blindados distorsionan la realidad, el ojo ubicuo de los escoltas y el lente acechante de los fotógrafos producen espasmos musculares. La señora quería gritar, sentir el viento en la cara, insultar con todos los dientes al chofer que se atraviesa en un bus. Escogió sus grupos preferidos para el desfogue -AC/DC, Black Sabbath, U2 y Coldplay- y salió como parrillera en una Harley Davidson a rondar Brasilia. La ciudad de los burócratas se veía distinta desde su trono de incógnita: el espejismo de las enormes vasijas que soñó Niemeyer, las plazas desoladas de esa “empresa en el desierto”. Como lazarillo de la ceguera inevitable que aqueja a los presidentes, estaba el secretario del ministerio de seguridad social. Es el tono gris de la aventura, dos funcionarios que creen huir del horror de las primeras páginas. El jefe de seguridad dejó todo en su punto: los escoltas seguían a los “fugitivos” a prudente distancia para que se sintieran libres. Los escoltas soltaban el sillín de la señora Roussef para que creyera que “pedaleaba” sola, pero seguían corriendo detrás por si perdía el equilibrio. Ya una vez la habían engañado en Nueva York. Quería ir sola al Central Park y le mandaron dos detectives disfrazados de atletas de media tarde para que le echaran un vistazo a la niña Roussef, y le dieron monedas para que tirara a las fuentes.

El señor Hollande también daba su pequeño paseo en moto. Apenas doscientos metros entre el Eliseo y el apartamento de la Rue du Cirque. También iba en busca de un desfogue. Salía por la puerta de atrás, tomaba el casco de uno de sus escoltas y clavaba la cabeza en la espalda de su alcahueta. Lo suyo era una fuga definitiva, una reclusión en otro mundo: lejos de sus obligaciones de Estado, de concubino oficial, de ciudadano ejemplar, de político mesurado. El apartamento era alquilado por la novia de unos mafiosos corsos y, por muchas razones, los croissants que llevaba el escolta en las mañanas sabían distinto. Berlusconi nunca probó esas delicias en sus fiestas de Villa Certosa, nunca necesitó de escapadas, ni sintió el aire fascinante de las fugas presidenciales. Es el costo de la desvergüenza.

La señora Merkel, mutti responsable y austera, elige otro tipo de evasión. Ni la aventura amorosa ni la huida adolescente, ella solo recuerda que faltan algunas cosas en sus estanterías y hace parar su caravana frente a un mercado. Se baja con su chaqueta verde y su pantalón negro, con su bolsa de tela para evitar el plástico, y escoge las verduras con la mano entrenada del ama de casa. Paga, y adiós. Sin siquiera intentar un gesto de impostada amabilidad. Faltan dos días para elecciones y la señora Merkel se despide de la cajera con una mirada rápida.

Para el señor Mujica las cosas son distintas. Tiene que simular su investidura. Se ha retrasado un poco para llegar a la cena de gala por la posesión del presidente de Paraguay, tal vez olvidó sus cigarrillos, su comitiva ya ha entrado a los jardines del Palacio de López y tiene que afrontar solo la guardia presidencial. Las rejas se cierran y el señor Mujica debe fumarse un cigarrillo mientras todo se aclara. “Nos los culpo. Si yo viera que alguien como yo quiere entrar solo a semejante lugar, tampoco lo dejaría…”, dice el presidente, un desvergonzado de estirpe contraria a la de Berlusconi.

Papel reciclable

La destitución de Petro ha terminado por poner en evidencia la vieja maraña de nuestro legalismo. Las luchas políticas enmascaradas de ritualismo legal han sido un riesgo antes y después de Ordóñez y su innegable fanatismo. Entre nosotros los jueces no solo terminan decidiendo el tratamiento adecuado para los enfermos sino las disputas entre enemigos políticos. Todos los caminos conducen al juzgado. De modo que las “sentencias” sobre muchas de nuestras disputas llegan tarde, luego de los tiempos que exigen los medios de defensa, y mediadas por la camisa de fuerza de los códigos. Los debates acaban siempre en la interpretación legal y los ingenieros, los médicos y los economistas olvidan sus libros para subrayar el inciso de un estatuto o una circular. Una enfermedad crónica alimentada por la razón de los más de 200.000 abogados titulados que exhiben su tarjeta profesional en Colombia.

El plan de manejo de basuras en Bogotá acabó evaluado bajo la lupa del código disciplinario único de la Procuraduría. Alejandro Ordóñez, jefe del libro y el ritual, dice que no le gusta esa norma, que tal vez sea injusta pero que legalmente no tenía opción distinta a la de destituir e inhabilitar al alcalde por sus decisiones. Solo le faltó encabezar el fallo con un pequeño epígrafe: “Muy a mi pesar”. Lo acusa de entregar el negocio a una empresa sin experiencia. Lo que en la práctica significa que el servicio público no podría volver a estar en manos del Estado luego de haberlo entregado a los privados, ¿cuál empresa pública con experiencia iba a encontrar si ya no existía la EDIS? También dice que limitó la libre competencia y que eso es inconstitucional, pero hay muchas ciudades con un monopolio estatal de la recolección de basuras defendido a ultranza por los políticos que reciben algunas sobras. Y al final, lo sindica de mover bolsas negras en volquetas durante tres días con lo cual supuestamente puso en riesgo a millones de bogotanos. Medellín lleva meses con una tercera parte de sus compactadores en los talleres y basura en la calle, y el botadero Carrasco tiene grandes problemas en Bucaramanga. Pero la política todavía no ha puesto el asunto en manos de la liturgia disciplinaria del Procurador para luego saltar a los embrollos litigiosos. En medio de la maleza jurídica todavía no están claras las cuentas del primer año del nuevo sistema de aseo en Bogotá. El legalismo nos impide evaluar la eficiencia de las medidas y convierte lo que debería ser un debate informado sobre las basuras en una maratón de términos y tutelas.

Deberíamos estar oyendo a ambientalistas, empresarios del reciclaje, economistas, jefes de cooperativas de recicladores y gerentes de empresas públicas de otras ciudades para sacar conclusiones sobre el tema en Bogotá; pero solo se oye la voz exánime del exprocurador Bernal Cuellar hablando de plazos y decisiones que requieren ser ejecutoriadas por el Presidente. Más tarde evaluamos una demanda ante un tribunal penal, un fallo de tutela, una acción de nulidad ante el contencioso, unas declaraciones del fiscal Montealegre y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un alcalde venezolano. Mucho papel para reciclar.

Alcoholímetro

Muchas veces la letra de los códigos de sanciones tiene un efecto tranquilizador para los ciudadanos. La promesa de un castigo severo a ciertas conductas reprochables genera una sensación de justicia, de misión cumplida según la cual ya todo está escrito y solo resta poner el sello de las condenas. Los legisladores saben muy bien que vivimos en un permanente anhelo de castigo alimentado por el show de las injusticias, bien sean banales, tétricas, pintorescas o deprimentes, que se cuentan a diario en la voz exaltada de los noticieros. La reciente ley sobre conductores y alcohol ha despertado una euforia inicial entre congresistas, policías y funcionarios de tránsito. Las cifras hablan de menos accidentes y menos ciudadanos conduciendo luego de haber bebido. El general Palomino dijo hace poco que los 2.757 conductores sancionados hasta el 6 de enero por violación a la ley aprobada el 19 de diciembre pasado, significan una disminución del 47% respecto a los sancionados durante el mismo periodo entre 2012 y 2013.

Sin embargo, entre nosotros es sano un relativo pesimismo frente al imperio de las leyes escritas bajo el signo de la urgencia y la unanimidad entre congreso, gobierno y medios. Así como muchas veces las obras públicas envejecen mal, se deterioran antes de tiempo o se quedan sin usuarios luego de las inauguraciones, las leyes también pueden sufrir los rigores del uso y el abuso, y terminar convertidas en “construcciones” desproporcionadas y contraproducentes. Las multas que tanto han alegrado y alarmado pueden ser la perdición de la nueva ley. En Colombia estamos acostumbrados a la millonaria acumulación de deudas entre choferes infractores, incluso entre aquellos que viven del trabajo que les permite su licencia. Si eso ha pasado siempre con multas cercanas al medio millón de pesos no me quiero imaginar lo que pasará con las multas de ocho o de veinte millones, serán como dicen los abogados “sentencias para enmarcar”. Para las redes de corrupción en los tránsitos municipales el negocio se multiplicó por tres, por cinco, por ocho. La corrupción más cara será más sofisticada y veremos florecer las fábricas de licencias falsas y los mecanismos para manipular el RUNT. Si para evadir castigos menores y multas de ochocientos mil había “emprendedores”, para evitar multas millonarias y cancelación de licencias los diligentes serán legión. Y los policías de tránsito que en los primeros días han denunciado a 400 conductores por intentar un “arreglo amigable”, perderán poco a poco su inflexibilidad para encontrar una “justa proporción” entre los denunciados y los arreglados. El monto de las multas hará que crezca su poder y sus tentaciones.

De otro lado, los conductores han comenzado a crear sus redes para evadir los controles que siguen siendo casi exclusivos de las capitales. Aplicaciones en los teléfonos pueden marcar una ruta casi 100% segura. La más primaria lógica del derecho sancionatorio, sea penal o administrativo, dice que el ciudadano le teme a la alta probabilidad de encontrar una sanción y no a las sanciones desproporcionadas escritas en los códigos. Por ejemplo, imponer la pena de muerte por homicidio es solo un alarde cuando se sabe que el 80% de los asesinos nunca serán castigados. Cambiar el talonario de multas del policía siempre será más fácil y más popular que intentar un cambio real en las plantillas de agentes y ciudadanos.