Papel reciclable

La destitución de Petro ha terminado por poner en evidencia la vieja maraña de nuestro legalismo. Las luchas políticas enmascaradas de ritualismo legal han sido un riesgo antes y después de Ordóñez y su innegable fanatismo. Entre nosotros los jueces no solo terminan decidiendo el tratamiento adecuado para los enfermos sino las disputas entre enemigos políticos. Todos los caminos conducen al juzgado. De modo que las “sentencias” sobre muchas de nuestras disputas llegan tarde, luego de los tiempos que exigen los medios de defensa, y mediadas por la camisa de fuerza de los códigos. Los debates acaban siempre en la interpretación legal y los ingenieros, los médicos y los economistas olvidan sus libros para subrayar el inciso de un estatuto o una circular. Una enfermedad crónica alimentada por la razón de los más de 200.000 abogados titulados que exhiben su tarjeta profesional en Colombia.

El plan de manejo de basuras en Bogotá acabó evaluado bajo la lupa del código disciplinario único de la Procuraduría. Alejandro Ordóñez, jefe del libro y el ritual, dice que no le gusta esa norma, que tal vez sea injusta pero que legalmente no tenía opción distinta a la de destituir e inhabilitar al alcalde por sus decisiones. Solo le faltó encabezar el fallo con un pequeño epígrafe: “Muy a mi pesar”. Lo acusa de entregar el negocio a una empresa sin experiencia. Lo que en la práctica significa que el servicio público no podría volver a estar en manos del Estado luego de haberlo entregado a los privados, ¿cuál empresa pública con experiencia iba a encontrar si ya no existía la EDIS? También dice que limitó la libre competencia y que eso es inconstitucional, pero hay muchas ciudades con un monopolio estatal de la recolección de basuras defendido a ultranza por los políticos que reciben algunas sobras. Y al final, lo sindica de mover bolsas negras en volquetas durante tres días con lo cual supuestamente puso en riesgo a millones de bogotanos. Medellín lleva meses con una tercera parte de sus compactadores en los talleres y basura en la calle, y el botadero Carrasco tiene grandes problemas en Bucaramanga. Pero la política todavía no ha puesto el asunto en manos de la liturgia disciplinaria del Procurador para luego saltar a los embrollos litigiosos. En medio de la maleza jurídica todavía no están claras las cuentas del primer año del nuevo sistema de aseo en Bogotá. El legalismo nos impide evaluar la eficiencia de las medidas y convierte lo que debería ser un debate informado sobre las basuras en una maratón de términos y tutelas.

Deberíamos estar oyendo a ambientalistas, empresarios del reciclaje, economistas, jefes de cooperativas de recicladores y gerentes de empresas públicas de otras ciudades para sacar conclusiones sobre el tema en Bogotá; pero solo se oye la voz exánime del exprocurador Bernal Cuellar hablando de plazos y decisiones que requieren ser ejecutoriadas por el Presidente. Más tarde evaluamos una demanda ante un tribunal penal, un fallo de tutela, una acción de nulidad ante el contencioso, unas declaraciones del fiscal Montealegre y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un alcalde venezolano. Mucho papel para reciclar.