Según el indio es la condena

 

En el año 2000 Feliciano Valencia recibió el Premio Nacional de Paz por su liderazgo al mantener a raya, a punta de bastón de mando, marchas, megáfono y guardia indígena, las intenciones de las farc de ejercer dominio sobre los cabildos y crecer en hombres con jóvenes milicianos. A finales del año pasado los Nasa condenaron, durante un juicio en Toribío, a siete milicianos acusados de matar a dos líderes indígenas que les pidieron retirar propaganda de las farc en la vereda Sesteadero. Hubo fuete para los menores y condenas de hasta sesenta años de cárcel para los mayores. Allí también estuvo presente Valencia como uno de los líderes de la guardia. La guerrilla dejó clara su posición sobre el procedimiento y la condena. Según Timochenko la justicia indígena era “absurda”. Al fin el líder de las farc y la élite de Popayán estaban de acuerdo.

Vista de lejos la justicia sobre piso de tierra y bajo quiosco puede resultar desmañada y cruel, con un afán más cercano al linchamiento que a las formas que garantizan los derechos. Pero resulta que un artículo de la constitución garantiza la jurisdicción indígena y la Corte Constitucional ha emitido decenas de fallos sobre sus alcances y sus límites. Buena parte de la jurisprudencia se ha dedicado a delimitar la competencia de los tribunales indígenas teniendo en cuenta factores personales  (relación del implicado con la comunidad), territoriales (conductas realizadas dentro en su territorio), objetivos (bienes jurídicos protegidos o las víctimas sean parte de la comunidad) e institucionales (la existencia de usos y prácticas tradicionales para el juzgamiento). Discusiones nunca fáciles y variables respecto a cada caso particular.

Feliciano Valencia acaba de ser condenado a 18 años de cárcel por los delitos de secuestro y lesiones personales por el Tribunal Superior de Popayán. Los hechos que dan pie a la condena sucedieron en 2008 cuando miembros de la guardia capturaron al soldado Jairo Danilo Chaparral quien según los indígenas pretendía infiltrarse en una marcha y tenía en su morral radios de comunicación y prendas militares. Luego de dos noches de reclusión el juicio terminó con la en condena a 20 azotes y la entrega del soldado, quién en principio dijo pertenecer a la etnia Páez, a la Defensoría del Pueblo. Como sucede usualmente entre los Nasa el juicio fue un asunto colectivo, con participación de varios gobernadores y gritos del corrillo. Pero según el soldado Feliciano Valencia dirigía el “rito”

La decisión sobre la constitucionalidad del procedimiento es oportuna. En este caso el soldado no pertenecía a la comunidad y es posible que lo adecuado hubiera sido entregarlo a las autoridades nacionales. En todo caso allí hubiera sido difícil alegar un delito. Tal vez el Consejo Superior de la Judicatura debió resolver el conflicto de competencia entre jurisdicciones. Lo que parece inaceptable es llegar a una condena por secuestro de uno de los representantes de la guardia indígena. En este caso la justicia ordinaria parece movida por sentimientos de venganza hacia un hombre que ha liderado reclamos de tierra y movimientos invasores en el Cauca. La retaliación parece ser la base de esa sentencia del Tribunal Superior de Popayán. La pregunta es, ¿qué habría pasado si el supuesto infiltrado hubiera sido un guerrillero y no un soldado?

Es posible que en un año veamos el protagonismo político de las farc en el Cauca, actuando de manera abierta y legal, mientras uno de los indígenas que los enfrentó paga una larga condena por participar en un juicio indígena contra un soldado. No solo las justicias son absurdas, también la realidad.

 



Análisis del discurso

Si a los discursos inflamados de Hugo Chávez se les hubiera aplicado la misma lógica del derecho penal que a los discursos enardecidos de Leopoldo López, es seguro que el expresidente habría muerto en la cárcel. Chávez era un experto para la diatriba y la arenga, para la sátira a sus contrincantes y para convertir las canciones populares y los refranes en himnos de guerra. Un palabrero del odio y la instigación como pocos. Los “escuálidos” lo saben muy bien, y las milicias bolivarianas aprendieron bajo su voz  a convertir los agravios risueños en golpes francos.

Durante el juicio a Leopoldo López se analizaron cuatro de sus discursos anteriores a los hechos violentos de febrero de 2014. La defensa pidió que se incorporaran los treinta y dos discursos previos a las “guarimbas” que dejaron más de cuarenta muertos, pero a la juez le pareció irrelevante tanta monserga de megáfono. Lo que en realidad resultó clave para la condena fue el análisis “discursivo y prosódico” hecho por Rosa Amelia Asuaje León, una lingüista de la Universidad de los Andes de Venezuela. La señora Asuaje León entregó como perito de la fiscalía cerca de 24 horas de declaraciones y un informe de 131 páginas. Muy pronto el derecho penal se convirtió en un juego de especulaciones académicas y aparecieron Aristóteles, Herácles, Glauco y otros testigos de ocasión. Ahora se trataba de desentrañar las intenciones de un discurso, de traducirlo, de hacerlo peligroso por la vía del ovillo de la experticia. Ya no solo valían las palabras sino los acentos, las pausas y el “Ethos del enunciante”.

Las palabras de la señora Asuaje comienzan con el enrarecimiento de la obviedad: “…todo discurso se realiza en función de una intencionalidad preclara por parte de quien lo construye en su mente y luego lo emite para que sus receptores lo escuchen o lean y actúen en consecuencia”. Hasta ahí todo parece parte de una inofensiva y empalagosa jerga académica que necesita oscurecerlo todo. Pero esa especie de transcripción encriptada sigue avanzando para explicar el discurso original y cargarlo de amenazas: “es evidente y convendría que el orador dispusiera con su discurso a los oyentes de manera que estuvieran en la disposición de los que están enojados, y a los contrarios poseedores de culpas tales que merezcan se sienta ira, y con cualidades que hagan sentir ira”. Para la experta el discurso intenta que la gente se identifique con el orador, que le hierva la sangre al oír las culpas de sus rivales y que tome conciencia de que es necesario un cambio de rumbo en la democracia. Eso podría decirse de los discursos de los políticos en todas las plazas públicas del mundo, pero en Venezuela resultó ser un delito. La conclusión fue que el “emisor” había llevado a sus oyentes a identificar al gobierno de Maduro como antidemocrático y los había incitado a “obrar” para lograr el objetivo de sacarlo del gobierno.

Durante el juicio no importó que la señora Asuaje León fuera cercana al Partido Socialista Unido de Venezuela ni que hubiera escrito, durante los últimos 4 años, 24 artículos para www.aporrea.org, uno de los sitios insignes del chavismo radical. En uno de esos artículo se lee esta frase digna de un perito con muchos peros: “Mientras haya una dirigencia opositora en este país que se detenga en distractores mediáticos: los abyectos del pasado y los insustanciales de ahora, no será posible que remonten una elección más. Les falta pueblo, dignidad, originalidad y sobre todo ética”.

De la mezcla del derecho penal y la cháchara académica pueden resultar los más peligrosos ladrillos. 

Los señalados

En muchos municipios del país la elección del alcalde ha sido siempre un asunto de obediencia debida o pagada. Importan más los padrinos que los candidatos. De modo que todo termina en contrato y poder por interpuesta persona: el elector vota por un jefe encargado de señalar al candidato, y el elegido gobierna según las señas, las mañas y los intereses de su poderdante. En el camino han resultado electos escoltas, conductores de volqueta, sobrinos turbios, primos bobos, concubinas, consortes y ahijados sosos. Los pueblos son un poco más dados que las ciudades a sufrir de esa jefatura que devalúa el poder del votante y las capacidades del elegido.

En Medellín se han quemado los candidatos de algunos barones en su mejor hora: de los Valencia Cossio, de Luis Alfredo Ramos, de Bernardo Guerra Serna. Incluso en la pasada elección los candidatos de Uribe a la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia fueron derrotados. El expresidente no tenía partido propio y su figura era codiciada en la tarima y desobedecida en los directorios. Uribe terminó haciendo campaña con desgano a manera de castigo para los desobedientes.

Pero el expresidente ha vuelto con bríos y un muñeco inflable a falta del don de la ubicuidad. Según una última y dudosa encuesta Medellín estaría cerca, a pesar de sus alardes de innovación, su presupuesto billonario y su facha pantallera, de elegir alcalde con la lógica de los pueblos con patrón de plaza. Siguiendo los modales democráticos de Bello o Tuta, de Lorica o Cereté, de Majagual o Itagüí. El señalado de turno es Juan Carlos Vélez Uribe, quien tiene como grandes virtudes el juego trocado de sus apellidos, haber prestado servicio militar en Urabá y ser un incondicional hasta rayar con la devoción. Cuando le preguntaron hace cinco años qué papel jugaría Álvaro Uribe en la política luego de terminar su periodo, dijo con convicción que el país buscaría que fuera “como una especie de ‘papá’ del próximo presidente”.

Lo triste es que el hijo adoptivo de Uribe Vélez no conoce la ciudad que pretende gobernar. No vive en Medellín desde hace al menos 15 años, cuando fue elegido para regentar la Aeronáutica Civil, luego fue congresista de la mano de su acudiente y más tarde director de Anato como periodo de vacaciones. Desde que fue concejal de Medellín entre 1994 y 1997 el ahora candidato no ha planteado una sola idea respecto a la ciudad. Su lema es la seguridad y es seguro que no sabe que la actual administración ha doblado en presupuesto en ese campo, que se han firmado acuerdos con la fiscalía y la ciudad cuenta con una unidad especializada para homicidios, que hay estudios de la academia que se ejecutan con policías en las calles. Lo suyo es el manido y riesgoso discurso de las redes de cooperantes, la ciudad vigilada con drones, los chips instalados en las motos. Un policía con un visor nocturno es su idea de seguridad.

Por simple madurez, Medellín debería elegir entre quien ya se probó en un periodo y ha dedicado su vida a pensar y escribir sobre los problemas de la ciudad y quien fue su concejal en dos periodos recientes, ya se mostró una vez como candidato y ha entregado durante años respuestas concretas para los problemas concretos, y no un libreto viejo dictado por otro. Salazar y Gutiérrez, con discursos opuestos muchas veces, son candidatos que se pueden descifrar, que han propuesto y han actuado, que no piensan en Iberia cuando oyen Tenerife y no necesitan la bendición de su tutor. Siempre será mejor un alcalde con fogueo que la pálida ficha del corifeo. 

Migración Colombia

Hace unos días la OEA publicó su informe Migración Internacional en las Américas, un estudio con las cifras oficiales y las rutas de los migrantes en el continente. Los datos fríos de las fronteras calientes, los puntos de llegada de quienes buscan legalmente, con los papeles en orden, un país como opción o refugio. La primera evidencia es que apenas está comenzando el intercambio entre vecinos donde antes se miraba casi exclusivamente al norte. Entre 2009 y 2013 la migración entre países de América, excepto Estados Unidos y Canadá, creció un 39%. Argentina, Costa Rica, Venezuela y Chile son los destinos preferidos. Sin embargo, todavía los inmigrantes representan un porcentaje muy pequeño de la población, 1.4% en América Latina y el Caribe comparado con el 15% en Estados Unidos y Canadá. Somos expertos en aterrizar y todavía recelosos para recibir.

América Latina debe acostumbrarse a que desde Estados Unidos y países de la OCDE lleguen sobre todo turistas. Quienes arriban con pasaporte extranjero y con intenciones de quedarse, son sobre todo los vecinos inmediatos, los mismos de los picos de confraternidad o xenofobia según los humores políticos y los ciclos económicos. En los países andinos el 63% de los inmigrantes provienen de la misma región, y en muchos casos la mayoría llegan desde un mismo país: los nicaragüenses a Costa Rica, los bolivianos y paraguayos a Argentina, los colombianos a Venezuela. En promedio, el 57% de todos los emigrantes de los países de América Latina se concentran en un único país de destino.

Ya sea por la violencia interna o por condiciones de exclusión, por virtudes comerciales y afanes aventureros o por simpe tedio al patio patrio, Colombia está en los primeros lugares en las listas de emigrantes en el continente. En 2013 fue el tercer país que más dinero recibió por remesas (4000 millones de dólares) después de México y Guatemala. Si se mira el número de emigrantes a Europa solo estamos por debajo de Ecuador, y cuando volteamos a Estados Unidos los colombianos son la legión más numerosa luego de México, Cuba, República Dominicana y El Salvador. Además, somos la mayoría de migrantes en Venezuela, cerca del 70% del total; lo mismo que en Ecuador, donde la mitad de quienes han llegado a vivir desde el exterior son compatriotas. Sin olvidar las grandes rutas que se han abierto en los últimos cinco años desde nuestras ciudades hacia Argentina y Chile.

Los números del informe de la OEA dejan por fuera las grandes migraciones ilegales y las indiscutibles empresas de fleteros, expertos en el gota a gota, narcos y demás que viajan desde Colombia. El narcotráfico y el conflicto interno nos han hecho emprendedores en “tecnologías” criminales. El país debe exigir respeto a sus nacionales pero ser realista respecto a algunas acusaciones. Y sobre tomar decisiones con pinzas para no exponer a los millones de colombianos que viven afuera. El 40% de nuestros emigrantes legales viven en Venezuela y Ecuador, nuestros grandes rivales políticos. La paradoja de todo esto es que mientras la unión Europea nos abre las puertas para entrar sin visa, nuestros vecinos inmediatos parecen cada vez hostiles a la presencia de colombianos en sus países. La indignación interna y el oportunismo político pueden terminar marcando las casas de los millones de colombianos que forman la segunda ciudad del país tras la frontera.