Vicios electorales

El uribismo ha convertido en vicio su intención reiterada de acabar con la figura de la dosis personal reconocida desde 1994. La obsesión tiene algo de tara moral y mucho de oportunismo electoral. Esa promesa es una golosina irresistible para los votantes que consideran una solemne alcahuetería que no haya cárcel para los consumidores de “semejantes porquerías”. La idea, un tanto arrevesada, se resume en que el Estado debe proteger a los ciudadanos de los estragos de la droga con una dosis apropiada de cárcel. En el referendo fallido de 2003, Uribe incluyó el tema como una de las preguntas claves para incluir razones sencillas y vendedoras entre su galimatías de caprichos administrativos, penales y presupuestales. Para la campaña reeleccionista en 2006 reiteró la propuesta con la vehemencia de quien lucha contra una epidemia. Uribe y muchos de sus seguidores no pueden entender que haya límites a la actuación punitiva del Estado frente a conductas que solo causan un daño a quien las practica. Piensan igual a quienes lideraron la hegemonía conservadora hace 100 años en Colombia: “El mal no tiene derechos”.

La frase que es ya una especie de promoción de campaña se oyó en boca de su pupilo durante el primer semestre del año: “Vamos a acabar con la dosis personal para el consumo de drogas para proteger a nuestros jóvenes”. Dicha prohibición es casi un imposible constitucional. Tiene múltiples respaldos jurisprudenciales de las altas cortes y por supuesto sustento en diversos artículos de nuestra carta de derechos. En 2009, tal vez uno de los momentos de mayor respaldo del Congreso al gobierno Uribe, se aprobó un acto legislativo que incluyó en el artículo 49 de la constitución la prohibición del “porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. El Congreso se negó a aprobar los textos más duros y punitivos que proponía el presidente. Pasaron cinco proyectos de reforma y muchos cambios en el legislativo hasta encontrar una fórmula que prohíbe el consumo y dispone “medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el consentimiento informado del adicto…” Se impuso pues una prohibición de la que no se sigue un castigo.

Para las Cortes es claro que los portadores y consumidores de una dosis personal (20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 2 de metacualona) conservan su protección constitucional y “es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis mínimas. Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública…” De modo que los cambios requeridos para llevar a la cárcel a los consumidores a la cárcel podrían constituir una sustitución de la constitución. El uribismo, experto en el tema, lo sabe muy bien.

La prueba reina de que la cantaleta del Centro Democrático es sobre todo una argucia en busca de votos, es un proyecto de ley presentado en 2016 por la bancada de ese partido en la Cámara y respaldado por Iván Duque como autor en el senado. El proyecto entregaba protección a la dosis personal y definía la dosis de aprovisionamiento, además proponía la creación de centros de consumo controlado con suministro de drogas a los adictos por parte del Estado. Se aprobó en plenaria de la Cámara y estaba listo para ir a comisión séptima del senado. Pero no casaba con el discurso de campaña y decidieron retirarlo en silencio, con razones entre mentirosas y risibles.

Detrás de la mano dura, hay sobre todo una postura frívola y manipuladora, una utilización del castigo como carnada electoral y un desprecio por los derechos de los consumidores y las evidencias de los investigadores contra las estrategias del castigo.

Portadas de ahogado

Hace quince años comenzaron los primeros contactos en San José de Ralito, corregimiento de Tierralta en Córdoba, para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso duró cerca de tres años y en 2006 se presentaron ante el gobierno y la sociedad 31.671 combatientes que entregaron algo más de 18.000 armas y decían estar dispuestos a dejar la guerra. Hoy se dan versiones variadas sobre la magnitud y el significado de la herencia criminal que dejó el proceso; incluso se discute la manera como deben nombrarse quienes volvieron a las armas y la ilegalidad, para algunos una nueva generación paramilitar, para una versión más oficial y aceptada Bandas Criminales.

No cabe duda que el paramilitarismo como organización contrainsurgente, ligada a amplios sectores del ejército y la policía, con gran incidencia en la política regional y nacional, dejó de existir para convertirse en un nuevo engendro. Se había firmado el fin de la gran organización criminal con mandos claros en las regiones, un manual ideológico, líderes nacionales con vocería en los medios y capacidad de presionar e influir en el gobierno nacional. En 2011, cinco años después de la desmovilización, las cifras oficiales hablaban de 1.229 reincidentes capturados, centenares dados de baja y otros tantos activos. Hace un poco más de dos años la Agencia Nacional de Reintegración entregó una cifra de 24% de reincidencia por parte de quienes se presentaron a las listas de Justicia y Paz. La gran mayoría de los mandos medios armaron estructuras acordes a su capacidad y fueron creciendo nombres como ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’. En Urabá se consolidó un liderazgo nacional y el Clan del Golfo se convirtió en una especie de franquicia que agrupó a variadas e independientes bandas con modales y ropaje paraco, pero con muy distinto alcance, discurso y relación frente al Estado, que se convirtió en un enemigo más cierto como lo demuestra el final de Giovany, El Indio, Gavilán, Inglaterra y decenas de cabecillas más, y frente a las con las guerrillas que en algunos casos comenzaron a ser aliadas en empresas criminales de narcotráfico y minería ilegal. Sin duda conservan control territorial en algunas zonas e intimidan liderazgos incómodos en otras, pero su discurso cambió y su interés principal son las rentas criminales. Incluso muchos de ellos han terminado como segundos de los narcos mexicanos que vienen por su surtido.

Todo este recuento para intentar un paralelo con lo que son hoy las disidencias de las Farc y la posible “refundación” de esa guerrilla de la que habló la revista Semana. Al igual que las AUC las Farc dejaron de existir, así algunos de sus mandos medios quieran conservar sus viejos discursos y negocios, y así quieran posar de comandantes. El gobierno habla de una reincidencia cercana al 10% mientras los más pesimistas señalan un porcentaje que estaría muy cerca del 24% aceptado en el caso de los Paras. Las “Farcrim” no serán nada muy distinto de lo que es el Clan del Golfo que hoy estrena ley para buscar un sometimiento. Una federación de grupos independientes con un degrado discurso ideológico que es simple fachada, con el centro de sus rentas y aliados en las fronteras y con una base social reducida a la mano de obra de gatiilleros, narcos y campaneros. Ni siquiera los cultivadores de coca serán cercanos a sus estructuras. Rehuirán al ejército en vez de enfrentarlo y no harán conferencias nacionales sino “juntas directivas” locales. No tendrán ni argamasa ideológica ni coherencia histórica. Las Farc han desaparecido, lo demás son portadas de ahogado.

Receta venenosa

Cuarenta años se cumplen en Colombia de la receta de venenos como solución caída del cielo contra los cultivos ilícitos. En 1978 el Inderena advertía sobre las intenciones, planteadas por Estados Unidos, de fumigar cerca de 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Era un bonito bautizo a la Ciudad Perdida descubierta dos años antes. El Inderena hablaba de posibles perjuicios contra la salud humana y los “recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”. Pero se imponían las recomendaciones desde el norte. Durante cerca de seis años se probaron diferentes agrotóxicos, entre ellos el “agente naranja”, arma de guerra en Vietnam que obligó al ejército gringo a pagar indemnizaciones a más de dos millones de soldados que lo regaron a conciencia sobre los vietnamitas, y el paraquat, garantía contra los moños de cannabis que se usó en Estados Unidos hasta 1983. Incluso un presidente obediente como Turbay tuvo algunos reparos a la fumigación indiscriminada con paraquat según informes norteamericanos: “El Presidente Turbay (1978-1982) se mostró renuente a desarrollar una campaña de erradicación por aspersión debido a la controversia internacional alrededor del tema del paraquat y a otras hasta ahora indefinidas problemáticas ambientales”.

En 1984, el ministro de salud de la época, Jaime Arias Ramírez, reconocía la enorme presión desde los Estados Unidos para el uso del paraquat: “(…) debemos ser los colombianos los que tomemos la decisión y no la tomen desde otros países.”. No valieron los conceptos adversos de expertos en Colombia y muy pronto Enrique Parejo González, ministro de justicia, decidió a puerta cerrada la estrategia de fumigación. Entre 1984 y 1987 se fumigaron más de 30.000 hectáreas de marihuana con el milagroso glifosato. Los resultados fueron muy buenos…para los cultivadores: “por desplazamiento, el cultivo neto de marihuana aumentó en más de 150% entre 1985 y 1987.” Los noventa fue el tiempo para las fumigaciones sobre la coca. De nuevo aparecieron las advertencias desde el ministerio de salud, en su momento Camilo González Pozo: “Tampoco se debe desconocer que estos productos no son inocuos para la salud humana, puesto que han sido diseñados con fines letales sobre organismos vivos (Insectos, malezas etc.) Su uso inadecuado e indiscriminado, representa un riesgo real y permanente para la población y para el medio ambiente”. Gaviria regañó al ministro y siguió adelante. Samper fumigó con ganas para congraciarse con Frechette e incluso aceptó la participación mayoritaria de pilotos gringos que llegó a su pico en el segundo gobierno Uribe. En 2009 llegaron a trabajar en Colombia 335 empleados de la DynCorp, empresa contratista del gobierno americano para manejar las aspersiones aéreas.

Desde los años de Samper hasta 2015 se han fumigado en Colombia cerca de dos millones de hectáreas. Más que los resultados han valido las advertencias y las evaluaciones de “buena voluntad” frente a los nortemericanos, quienes suspendieron fumigaciones en su territorio desde hace veinte años tras rociar por última vez en Hawaii. Durante los años de fumigaciones crecientes, entre 2003 y 2007, las hectáreas de coca se mantuvieron estables entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Años más tarde, en el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia, la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En Meta y Guaviare el Roundup oficial disminuyó 30% en 2014 y ese año la coca sembrada cayó el 3%.

Ahora Iván Duque pretende volver a la vieja receta, no importan las 8.000 quejas en la Defensoría por efectos de las fumigaciones, ni las condenas del Consejo de Estado contra la policía por sus regalos de veneno, ni la nueva clasificación del Glifosato que hace el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) al relacionarlo con la generación del linfoma no-Hodking, ni la claridad de la sentencia de la Corte Constitucional en febrero de 2017: “En concreto, la aplicación del principio de precaución en el presente caso tendrá como objetivo prohibir que, en adelante -no obstante la actual suspensión voluntaria de aspersiones aéreas con glifosato- se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”. Arrodillarse puede ser popular, pero no útil.