Hace
noventa años los soldados norteamericanos asignados a custodiar el Canal de
Panamá quemaban su tiempo junto con los moños de cannabis que crecían en esa
tierra fértil y lluviosa. El verde militar siempre ha combinado bien con el
verde de los cogollos y las hojas dentadas. De esa relación surgió el primer
informe del ejército sobre la hierba, donde decía que no había “evidencia de
que la marihuana, tal y como se cultiva en la zona del Canal, sea una droga que
cree hábito o tenga una influencia apreciablemente deletérea sobre el individuo
que la consume”. Esas palabras no cayeron bien entre los prohibicionistas que
prefirieron otro informe recién presentado por un médico de New Orleans, y
acogido por el fiscal de distrito de esa ciudad en un artículo titulado “La
marihuana como fomento del crimen”. Desde esos tiempos, Estados Unidos se ha
debatido en contradicciones entre evidencias médicas y necesidades políticas,
entre pasto para la histeria moral y fundamentos legales.
Hoy se
presentan nuevas contradicciones. Más de diez Estados, incluido Washington
D.C., han aprobado el uso recreativo de la marihuana, y una encuesta de Gallup
realizada hace un año dice que el 64% de los gringos apoya la legalización de
la hierba. Incluso entre los republicanos el 51% dijo estar de acuerdo con el
final de la pelea de policías y jueces contra consumidores. Pero mientras el estado
de Colorado recauda 700.000 millones de pesos cada año en impuestos a la
industria del cannabis, y compañías como Coca-Cola, Whole Foods y Trader Joe´s
están listas para entrar al prometedor juego del cannabis, los negros y los latinos
encerrados por simple posesión de marihuana se cuentan por miles en las
cárceles de Estados Unidos. Llevar una mota encima fue la causa del 88% de los
arrestos relacionados con la marihuana entre 2001 y 2010 en ese país. De los
cerca de un millón y medio de arrestos por drogas cada año en Estados Unidos,
el 41% está relacionado con la marihuana. Por algo el exfiscal general Jeff
Sessions dijo en 2016 que “la gente buena no fuma marihuana”.
De
modo que ya han aparecido activistas y políticos para exigir que quienes han
sufrido años de persecución por su relación con el moño tengan un papel
preponderante en el creciente negocio. Pero las cosas funcionan distinto, los
negros y los latinos van a la cárcel y los blancos con poder a las juntas
directivas de las “empresas verdes”. El caso paradigmático de esa lógica que
cambia con la caja registradora es el de John Boehner, expresidente republicano
de la Cámara de Representantes. El mismo congresista que votó contra la
marihuana medicinal en Washington en 1999 y se declaró un “firme opositor” a la
legalización en 2011, aceptó el año pasado una silla en la junta directiva de Acreage
Holdings, una compañía de cannabis con presencia en once Estados.
En
Colombia pasan cosas parecidas. Mientras el ministro de defensa le declara la
guerra a los consumidores y alardea con 251.000 dosis destruidas en seis meses,
se acoge con gusto a los canadienses y sus inversiones para el negocio de la
marihuana medicinal. La marihuana tiene entre nosotros la condición de ángel
cuando se acompaña de la hoja del arce canadiense y de demonio cuando está
envuelta en el bolsillo. También aquí los empresarios más conservadores, los
que aplauden con gusto el decreto de Duque y les parece una exageración que
alguien pueda tener 19 matas en una terraza, se creen ahora los dueños de esas
sustancia milagrosa y peligrosa. La cogen con guantes y la miran con una
temerosa codicia. Para ellos el Ministerio de Comercio y las virtudes de la
salud, para los consumidores la rehabilitación o la policía.
Es ese balance que encuentran entre la prohibición moralista y el animo de lucro. Tienen que crear un demonio que les permita a la vez ser jueces y administradores, porque la palabra clave es dinero.
ResponderEliminar