Policefalia

Un gobierno de dos cabezas es siempre una criatura monstruosa. Arremete o retrocede según los impulsos de cada una de sus testas. Se mueve siempre con recelo frente a su inevitable compañía, las dudas se convierten en su única guía y los secretos en su tesoro más importante. Las cosas se complican aún más cuando una de las cabezas ha sido coronada y exhibe la soberbia como su más grande virtud. Mientras la cabeza que dice llevar el mando, o al menos tiene la insignia del principal, está acostumbrada a agacharse e incluso a buscar refugio en la caverna del cuello a la manera de las tortugas en peligro. Ese espécimen bicéfalo acaba cada día fatigado y en el mismo lugar, y sus luchas son casi siempre contra sí mismo.

El gobierno del presidente Duque sufre de esta triste anomalía. Las pruebas se repiten semana a semana. Pueden ser simples anécdotas que golpean el ego de la cabeza más frágil. Por ejemplo, sus amigos y compañeros olvidan su nombre y llaman al exótico organismo solo por el apelativo de la testa coronada. Ha pasado con múltiples ministros y con la vicepresidenta que en ocasiones intenta sin éxito ser una tercera cabeza. Pero esos son problemas menores. Hasta el propio presidente ha resignado un discurso propio para entregar los recados y las saludes de la cabeza que lo acompaña y vigila.

Las grandes diferencias han surgido en los temas más graves. El 18 de febrero el presidente Duque dijo muy claro: “Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto.” Y agregó que era mejor tener Ley Estatutaria por la necesidad de contar con normas claras y alejar la incertidumbre. Veinte días después estaba firmando las seis objeciones por inconveniencia. Al regaño de su compañera regente se sumó la cabeza retorcida del Fiscal General y no quedó más que la obediencia. Un comunicado del Centro Democrático sirvió como gesto para premiar la segunda testuz: “Nos sentimos complacidos de que el presidente Duque esté cumpliendo con lo expresado en campaña”.

Uno de los episodios más tristes para la cabeza taciturna sucedió hace dos semanas. La decisión de la Justicia Especial sobre Santrich lo tomó desprevenido visitando una feria artesanal en Medellín. Le pusieron su chaqueta de aviador y lo mandaron rumbo a Bogotá a atender los problemas y los consejos. Hizo lo que pudo y viajó a Pasto para reunirse con alcaldes. Pero el Fiscal soltó la bomba de su renuncia y de nuevo vino la chaqueta y el regreso a la capital. Alguien debería contarle algunos futuros movimientos a una de las cabezas de gobierno. La idea no puede ser acumular millas.

Desde la orilla de su cabeza mentora vino la idea de la conmoción e incluso de una asamblea constituyente. Ahora la mollera del mandamás tenía el apoyo que se dicta desde el norte. Un avión de la DEA en Bogotá fue una de las cartas. La cabeza visible enfrentaba al tutor, al fiscal, al embajador y a su partido. Pero nos mostraron la foto de su equipo de gobierno tras un escritorio que era en verdad una pequeña trinchera.

La cabeza dominante dice que le gustan las “teorías atrevidas”, extradición por vía administrativa; y le parece “muy sugestiva” la idea de una constituyente. Se trata de debilitar al ahijado para que acate los mandatos con mayor rapidez. Además mientras el gobierno niega errores y se enconcha en el caso de las órdenes militares, la cabeza altiva sale a reconocerlos sin temor. Muy pronto queda claro que esa doble crisma terminará en un cisma.

Entre la coca y la pared

Por Yuly Artunduaga, lideresa de la Coordinadora de Mujeres andinoamazónicas e integrante de la Instancia Especial de Mujeres establecida en el Acuerdo Final de Paz.

Cuando tuvieron lugar las marchas cocaleras de julio de 1996, aquí, en Putumayo, yo era muy niña. Tendría unos siete años, pero recuerdo que veíamos con respeto y admiración a esos hombres y mujeres cultivadores que llegaron a marchar desde selva adentro. Le pedían al Gobierno de entonces, el de Ernesto Samper, que detuviera las fumigaciones con glifosato e invirtiera para que ellos pudieran sustituir gradualmente los cultivos de coca.

Mientras marchaban, esos compañeros fueron atacados por la fuerza pública y  perseguidos. Tenemos videos que muestran cómo lanzaron granadas contra sus campamentos en Orito, y hoy contamos a muchas mujeres que quedaron viudas porque sus maridos fueron asesinados en la protesta.

Hago parte del proceso de coordinacion de mujeres andino-amazónicas del Putumayo, Baja Bota Caucana, y Jardines de Sucumbíos. En el 2014, mientras se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana, logramos avanzar en una concertación con el Gobierno para la creación de un programa de sustitución. Las mujeres decidimos empezar a poner la voz para esta construcción, hasta que logramos la vocería para incluir nuestras propuestas para la solución de la problemática social cocalera.

En el ambiente en el que me muevo, el soporte económico de las mujeres rurales es la coca. Aquí es natural que esa sea la única alternativa. Mientras tanto, ellas tienen unas necesidades particulares en un territorio donde la única presencia del Estado han sido las FF.AA.

Pero en medio de esta lucha hemos sido señaladas. Hace apenas dos semanas, el esposo de una compañera fue asesinado en el ejercicio de su liderazgo, y a ella tuvimos que sacarla del departamento porque amenazaron con hacerle lo mismo. En esta región hay una reconfiguración de nuevos grupos armados que se oponen a los avances del programa de sustitución y a las confianzas que hemos tejido para construir paz. Justamente esos dos compañeros, cuyos nombres prefiero no mencionar por seguridad, estaban muy comprometidos con el programa en un municipio cercano a la frontera con Ecuador, y habían insistido en no avanzar en la resiembra.

Sin embargo, esta lucha se vuelve difícil cuando llevamos casi dos años de la firma del Acuerdo y muchos campesinos aún no tienen proyectos productivos o solo han recibido tres pagos de los que el Gobierno prometió para su manutención mientras se hacía el cambio a otros cultivos.

En las comunidades nos enfrentamos a que los grupos armados digan que, por nuestro liderazgo, vendimos al campesinado, que el Gobierno nos pagó para que los cocaleros levantaran las matas. Eso ha puesto en un riesgo muy grande a hombres y mujeres que buscamos alternativas a la economía cocalera.

Me pregunto con mi compañero: si te llegara a pasar algo, todos sabemos qué es lo que pasa. Las autoridades conocen, las comunidades sabemos, pero nadie hace nada, y por tanto atreverse a denunciar es muy complicado. Mi amiga sabe quién asesinó a su esposo, pero la están buscando, es una lideresa. Ante reconfiguración del narcotráfico las autoridades siguen siendo cómplices.

Los líderes campesinos empeñamos nuestra palabra en el Putumayo, confiamos en que las condiciones de la sustitución se iban a dar, pero hoy el Gobierno se escuda diciendo que hay resiembra, y la hay, pero no de parte de los pequeños campesinos, sino de fuerzas oscuras que siembran, no una, sino hasta 15 hectáreas de coca.

Estamos entre la coca y la pared. Por defender la paz y la sustitución de cultivos amenazamos intereses económicos muy grandes en nuestro territorio, y ahora, cuando asesinan a nuestros compañeros y llegan tipos extraños a vigilar nuestras casas, ¿quién nos defiende? En esta región hay fuerzas oscuras que andan campantes, pero nadie se atreve a hacer nada. Hacer una denuncia pública y directa significaría la lápida para nosotros los dirigentes.

*El espacio de esta columna fue cedido a la líder Yuly Artunduaga en el marco de la campaña #UnLíderEnMiLugar

Nixon en Caracas

En mayo de 1958 un escuadrón naval de la Cuarta Flota del Pacífico de Estados Unidos zarpó hacia las costas de Venezuela. No era un ejercicio conjunto entre dos países aliados ni una maniobra intimidatoria contra un gobierno hostil. Se trataba de una medida urgente del presidente Eisenhower ante la posible necesidad de evacuar de emergencia al vicepresidente Richard Nixon, quien se encontraba de visita oficial en Caracas. Al parecer los doce hombres del servicio secreto que lo acompañaban no serían suficientes para cubrirlo de la creciente horda antiyanqui entre el aeropuerto de Maiquetía y el Panteón Nacional. “Fuera Nixon”, decía la pancarta de bienvenida en el aeropuerto. Hacía apenas dos años los futuros padres de Marco Rubio habían llegado a la Florida desde Cuba.

Nixon abordó afanado su Cadillac 63-CD en compañía de su esposa Pat luego de una lluvia de escupitajos a manera de bautizo. Venía de Bogotá para cumplir la última escala de su gira de 18 días por Suramérica que había tenido silbatinas y pequeñas grescas en Montevideo y Lima. En Colombia todo fueron aplausos para el honroso visitante que fue recibido por la Junta Militar de gobierno y por Alberto Lleras Camargo como el presidente electo. Tanto que su paseo desde el aeropuerto de Techo hasta el centro de la ciudad se hizo en un convertible gris perla.

En Caracas las cosas se pusieron difíciles camino al Panteón a dejar las flores en la tumba del Libertador. La caravana fue rodeada por manifestantes, las banderas protocolarias de los dos países que adornaban el Cadillac fueron destruidas y los escupitajos fueron reemplazados por piedras. Patadas contra las puertas, insultos, los clásicos tomates y la turba que intentaba voltear el carro. Nixon y la segunda dama terminaron con una colección de vidrios como piedras no tan preciosas sobre sus rodillas y fue necesario buscar refugio en la embajada, ubicada en el barrio La Florida para mejores señas. Esa misma tarde le dijo al presidente por teléfono que el único herido había sido su traje. Y años después escribiría en sus memorias: “Me puse prácticamente enfermo al ver la furia en los ojos de los adolescentes, que eran poco mayores que mi hija de doce años”.

Estados Unidos no tenía en ese momento el afán democrático que luce hoy bajo el liderazgo mesurado y republicano de Donald Trump. Nixon había visitado al dictador Stroessner en Paraguay elogiándolo como un luchador anticomunista. Pero eso no fue lo que encendió la furia contra el vicepresidente. Hacía apenas seis meses que el gobierno de Eisenhower había condecorado al tambaleante dictador Marcos Pérez Jiménez en la X Conferencia Interamericana en Caracas. El pergamino que acompañaba la medalla oficial lo calificaba como “el Presidente ideal para América Latina”. Dos semanas después del homenaje, el depuesto dictador estaba exilado en Miami en compañía de Pedro Estrada, jefe de su policía secreta. Algo así como el temido SEBIN de Maduro.

En el diario El Nacional, dirigido por Miguel Ángel Capriles, tío del actual opositor Henrique Capriles, retrataba muy bien el sentimiento de la época en las calles: “Esos jóvenes que hoy manifestaron contra Mr. Nixon tienen fresca en la memoria la Condecoración de la orden del Mérito en su más alto grado, otorgada a Pérez Jiménez cuando centenares de ellos estaban en las mazmorras de la Dictadura; y los elogios de Mr. Foster Dulles a su ‘sana política económica’, que no era sino el saqueo y el desorden administrativos más caudalosos de la Historia venezolana”.

Cuando se mira tanto hacia el Norte, siempre es necesario mirar un poco hacia atrás.

Retroceder y castigar

Esta semana se cumplieron 25 años de la sentencia de la Corte Constitucional que descriminalizó el porte y consumo de la dosis personal de marihuana, cocaína y metacualona. Antes del fallo de 1994 los ciudadanos que fueran sorprendidos con una provisión para consumo personal en sus bolsillos podían ser condenados a penas de prisión o sometidos a tratamientos obligatorios. La decisión mayoritaria (el fallo fue 5-4) se tomó basada en la defensa de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, en la necesidad de reconocer la libertad de los ciudadanos mayores para elegir lo que es bueno o malo para su vida, mientras su decisión no afecte los derechos de los demás. La idea es que la virtud no puede ser impuesta bajo amenaza de prisión, parece sencillo, pero bien sabemos que no lo es.

La sentencia marcó una muy buena ocasión para ensayar una mirada más atenta, más inteligente y pragmática sobre los problemas de consumo de drogas en el país. Una oportunidad para cuestionar la histeria moral, para evaluar los beneficios de la penalización y la eficacia de los discursos de los carceleros más allá de la política electoral. Era el momento para reconocer que el Estado, por férreo que se pretenda, no puede dirigir ciertos comportamientos individuales y que un mundo libre de drogas es solo un eslogan imposible. Este mes Portugal ha recordado los 20 años del inicio de una política pública que se centró en dejar de mirar a los consumidores como delincuentes, reconocer la diferencia entre consumos cotidianos, habituales y problemáticos, pensar más en la atención que en el juzgamiento y mirar más lo indicadores que los sermones.

Portugal no tiene una legislación muy distinta a la aprobada en Colombia para “corregir” el fallo de 1994. Tiene sanciones administrativas para el porte y consumo en espacios públicos y sus políticas de reducción del daño están por detrás de las que se han tomado en Suiza, España u Holanda, que tienen salas de consumo controlado y apoyan el testeo de drogas por parte de particulares para orientación y seguridad de los consumidores. Pero el cambio significativo vino por parte de la sociedad, de los policías y jueces, de los familiares de los adictos y los encargados de algunos servicios sociales y la atención en salud. Y de la prensa, incluso.

No se cumplieron las profecías de los alarmistas, los adictos son más o menos los mismos, quedó claro que el aumento o disminución del consumo depende más de auges o crisis económicas que de las leyes y los decretos, y que poner una barrera policial frente a consumidores y adictos solo aumenta la ignorancia y los problemas. En Portugal el consumo de heroína y cocaína pasó de afectar el 1% de la población al 0.3%, los adictos con enfermedades como el VIH y la tuberculosis han caído hasta la mitad y la población carcelaria por delitos relacionados con drogas bajó un 30%. Los adictos saben que el Estado llega en la camioneta del SICAD (Servicio de Intervención de Comportamientos Adictivos y Dependencias) para prestar atención e incentivar usos responsables, y no en la patrulla de policía que decomisa y maltrata.

Mientras tanto Colombia sigue con las recetas y la percepción pública, gubernamental y mediática de hace 30 años. La policía tiene a los consumidores como prioridad, y el ultraje y la discriminación social como conducta preferida. Ya sabemos que los jóvenes más vulnerables son el 80% de los capturados por un simple sesgo policial. Y tenemos 90.000 capturas relacionadas con drogas cada año, pequeños trofeos para que los agentes cumplan con las metas de su planilla, capturas que en su mayoría son simples escarmientos que no llegan siquiera a una imputación. Solo el 10% terminan en condenas. Hace un mes el ministro de defensa celebraba la destrucción de 251.000 dosis mínimas, imposible avanzar con esa mentalidad al por menor.