Hace 25 años, luego
de la sentencia sobre dosis mínima dictada por la Corte Constitucional, surgió una
reacción de rechazo casi unánime por parte de políticos y medios de
comunicación. Indignación y pánico podrían ser las palabras para definir la
forma cómo se recibió el fallo en ese momento. El presidente Gaviria, cerca al
final de su mandato, habló de la necesidad de una Consulta Popular que limitara
el artículo 16 de la Constitución. Carlos Lemos Simmonds, quien sería
vicepresidente de Samper, soltó la frase que hoy habría sido un éxito en redes
sociales: “Presumo que algunos necesitarán muchos gramos de mariguana, cocaína
o bazuco para desarrollar su personalidad”.
Ahí está, creo,
el primer equívoco que se ha mantenido durante más de dos décadas. Para muchos,
el “libre desarrollo de la personalidad” es apenas la posibilidad de ejercer la
mesura, la decencia y la cautela. Ese desarrollo es visto como un proceso de
crecimiento personal, como el logro de unas metas sociales. Pero resulta que
los individuos tienen derecho a lo que algunos llaman extravíos, y pueden
decidir contra la ruta de las mayorías e incluso contra sí mismos. Nadie está
obligado a ser ejemplo de virtud y sobriedad.
La segunda confusión
que se mantiene es la imposibilidad de separar a consumidores y adictos. Viciosos
es el término que los agrupa a los dos con mucho de desprecio. Una mirada que
recuerda las notificaciones de los grupos de limpieza social. Hace 100 años en
Estados Unidos estaba en boga la necesidad del “aislamiento y la cuarentena
para quienes consumían habitualmente drogas narcóticas”. La drogadicción como
una especie de contagio muy cercano a las enfermedades venéreas. Para algunos
era otra “amenaza secreta” que debía ser extirpada y destruida. Algo parecido
vemos hoy con el pavor a que los menores puedan ver a alguien consumiendo. La
estrategia parece ser esconder cualquier referencia a las drogas, negar un
mercado cada vez más omnipresente, dejar toda la información en manos de los
jíbaros.
En la Unión
Europea el 20% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años fumó marihuana en el
último año. Y el estudio de consumo entregado la semana pasada habla de la “uberización”
del tráfico en las ciudades. Ahora no se necesita salir a los parques o las
esquinas para “mercar”. En Estados Unidos el 35% de los estudiantes del grado
12 fumó hierba en el último año. Y el gran debate electoral de hoy en Gran
Bretaña surgió porque 7 de los 11 candidatos conservadores reconocieron haber
consumido drogas ilegales. Es imposible proteger a los menores de las drogas
escondiendo su existencia.
Pero tal vez el peor
punto de nuestro debate sea la manera como se ignoran las evidencias sobre el consumo
de menores en Colombia. Lo importante es vender la idea de una epidemia con el
rostro ceñudo. Según el Estudio Nacional de Consumo en Población Escolar
realizado en 2016, los crecimientos en los últimos 5 años son marginales. Los
estudiantes, entre séptimo y once, que han probado alguna vez marihuana,
cocaína, éxtasis o Popper pasaron del 12% al 13.4%. Incluso hay una reducción
entre quienes consumieron en el último año. Por otra parte, el consumo de las
sustancias a las que están más expuestos, alcohol y cigarrillo, se redujo de
manera considerable. Tal vez las políticas de prevención pueden más que el
prejuicio y el temor.
El último
despiste tiene que ver con el reciente fallo. La policía conserva la potestad
de perseguir la venta en espacio público y las autoridades locales pueden
entrar a imponer reglas y restricciones. El fallo no es una invitación al
consumo sino a lograr acuerdos de convivencia más allá de una prohibición general.
Nunca sobra una restricción al libre desarrollo de la arbitrariedad en aras de
acuerdos sociales más cuidadosos y menos rabiosos.
Estos políticos de derecha que han manejado el país no les Conviene la legalidad de la droga se les acaba el negocio para llenar sus arcas.
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