Examen sin admisión

El pasado lunes 10 de febrero la Universidad de Antioquia completaba, entre asambleas y vacaciones, cerca de dos meses y medio sin clases. Era el día de regresar y los salones estaban más nutridos que de costumbre. Estudiantes y profesores se sacudían las consignas del paro y borraban las fotos de fin de año. Notas de clase atragantadas y cuadernos limpios. Ese mismo día el alcalde Daniel Quintero decidió sacar un comunicado de prensa que él llamó protocolo de intervención ante el uso de explosivos en universidades y recintos educativos. Sólo mencionar la autorización de ingreso de la Fuerza Pública a la universidad genera un rechazo casi unánime entre estudiantes, profesores y directivos. De modo que Quintero, tal vez sin darse cuenta, llamó de la mejor manera posible a una nueva y encendida movilización, o sea una nueva parálisis académica.

El “protocolo” dice que se autorizará la entrada de la fuerza pública cuando se usen explosivos al interior de la Universidad, se haga imposible un acuerdo (no se sabe con quién) y se produzca la evacuación de la comunidad universitaria. La cartilla estaba servida para la protesta del jueves. Sonaron las papas bomba al interior, el posible acuerdo era un simple canto a la bandera, evacuaron el 95% de estudiantes y profesores y el ESMAD entró a gasear a quienes se quedaron en el campus. Fueran capuchos, simples mirones, reporteros de ocasión o despistados de “aeropuerto”. Ahora la U. de A. está en asamblea extraordinaria de profesores y estudiantes, buena parte de la sociedad mira con mayor recelo al conjunto de la Universidad Pública, la administración perdió legitimidad para concertar con la comunidad académica, algunos de los manifestantes pacíficos se inclinan una vez más hacia los capuchos (al menos para justificarlos) y el alcalde Quintero se impuso una camisa de fuerza frente a los retos en las universidades que le costará quitarse en el futuro. Ah, y el saldo para la seguridad fue de un detenido y cinco conducidos a los Centros de Traslado por Protección. Nada de explosivos incautados. Solo que las bombas aturdidoras del ESMAD se sumaron a las papas bombas de los capuchos. Un triste tropel que solo causa más humo y más líos.

La discusión no es tanto de legalidad como de oportunidad e inteligencia. La Corte Constitucional ha dado vía libre a la intervención de fuerza pública en las universidades en atención al orden público, el interés general y el bien común. En este caso la práctica mostró que se afectaron esos tres principios en aras de una legalidad algo aturdida. Se recuerda el ingreso del ESMAD al campus en 2010 y 2012 para “atender” episodios puntuales. No hubo ninguna mejora en seguridad y solo quedó el saldo de cierre por un mes de la Universidad y la grave herida a un policía que perdió una pierna. También vale recordar un riesgo: entre 2000 y 2018 más de 10.000 estudiantes fueron acusados de rebelión y el terrorismo sin que se llegara a condenar siquiera al 5%. Con la policía adentro la criminalización podría ser más grave.

Ahora hay una nueva realidad: el alcalde graduó a los capuchos de principales interlocutores (su protocolo responderá solo a sus acciones) y las consecuencias las sufrirán al menos 25.000 estudiantes. Los actos de 200 marcarán su posición frente a su Alma Mater. Tendrá que aplicar con rigurosidad su comunicado de modo que cualquier papa bomba podría llevar el ESMAD a la universidad. Eso implicará parálisis indefinida mientras luchan capuchos contra escudos. Llevó el tropel al interior del campus y llevó a la calle a los alumnos que quieren estudiar. Todo por una temprana fanfarronería. Tocará recular con estilo.