De ollas y pescas

 

Juan trabajó hasta hace seis meses como mensajero en una panadería. Tenía jornadas de más de diez horas diarias sin posibilidades de exigir el pago de horas extras. Al dejar el empleo por “cansancio mutuo”, su jefe le pasó la cuenta de tres comparendos que estaban anotados a la moto que manejaba. Uno de ellos fue por el tamaño exagerado del cajón para llevar los domicilios: “Así le rinde más”, le dijo el jefe cuando Juan le advirtió que manejar con ese “volcó” estaba muy peligroso. El patrón se cobró los comparendos con la plata de la liquidación y demás obligaciones laborales. A sus 24 años Juan decidió volver a vivir con su mamá, en realidad no había muchas opciones.

En su hoja de vida no hay ninguna reseña judicial ni policial. Su mayor problema con la autoridad fue hace unos años en un CAI cerca a su casa cuando los policías lo detuvieron, guardaron su moto por un supuesto documento faltante (en ese momento tenía moto propia) y la desaparecieron durante una semana. Solo con una denuncia que logró mover con un alto funcionario de la alcaldía logró recuperar la moto que al parecer ya estaba deshuesada. Desde eso los policías lo miraron mal en el barrio y Juan decidió vender la moto que se había convertido en un trofeo incómodo acompañado de las cuotas vencidas.

Hace unos días policía y fiscalía llegaron a su casa tumbando la puerta antes de las cinco de la mañana. Tenían una orden de captura contra Juan por concierto para delinquir. Esculcaron la casa durante un poco menos de una hora y no encontraron nada comprometedor. Juan salió esposado en medio del desconcierto de su mamá, su hermana y su perro. El operativo dejo doce capturas a miembros de una supuesta olla de microtráfico. La policía dice que los seguimientos comenzaron en enero de este año e incluyeron vigilancia con drones e interceptaciones telefónicas. Juan está detenido en la fiscalía, en un corral montado en una cancha, por ser un peligro para la sociedad. En esos casos, me dice un abogado de oficio, esa medida es automática, no tienen sentido cuestionarla. El mecanismo en este tipo de procesos es muy claro en palabras del abogado: “En esos operativos tiran la red a ver que sacan, arrastran lo que encuentren en el camino para hacer la presentación en medios y después de miran a ver si cayó alguien con peso suficiente para avanzar en busca de una condena”. En el corral una lata de atún vale 10.000 pesos y una llamada de un minuto vale 1.000 pesos. Allá está la verdadera olla, se consigue lo que sea para aguantar el tedio y la comida que llega en una sola entrega diaria.

Los abogados de oficio llevan hasta ochenta casos al mismo tiempo. Logran hacer un mínimo seguimiento procesal pero no tienen posibilidad de hacer investigación para la defensa. Juan es uno de los 90.000 colombianos capturados cada año por delitos relacionados con drogas, uno más en esa pesca que solo deja condenas para el 24% de los detenidos. Una cuarta parte de las capturas en Colombia hacen parte de ese escarmiento desproporcionado y contraproducente.

Para hacer un primer análisis del proceso un abogado promedio cobra un millón y medio de pesos, simplemente para enterarse de qué se trata la acusación. Para ir hasta un juicio oral la suma puede llegar hasta siete u ocho millones. Algunas veces los detenidos prefieren un mal acuerdo con la fiscalía por no sacrificar tiempo y plata en un buen juicio. Incriminarse puede ser más rápido y barato.

Hasta el corral de la Fiscalía llegó la noticia de los doce policías, adscritos a la comuna de Belén en Medellín, detenidos por su papel protegiendo ollas en el Barrio Antioquia. Nada raro que alguno de ellos haya participado en el operativo para capturar a Juan.