Censuras edificantes

 

 

En 1955 el gobierno de Rojas Pinilla creó la Junta Nacional de Censura para unificar los criterios que dirigían el uso del veto o la tijera a las películas proyectadas en los cines del país. Cuatro de los diez miembros eran nombrados por el Cardenal Arzobispo Primado de Colombia. La censura llevaba quince años en manos de juntas municipales y departamentales. El cine se había convertido en el más importante espectáculo público –en la Medellín de 1953 más de cuatro millones de personas desfilaron por los 32 teatros de la ciudad– y los riesgos eran inmensos cuando se apagaba la luz. Hasta los médicos armaban sus películas. Un estudio de la Academia de Medicina de Medellín en 1945 habla de los efectos somáticos del cine en niños y adolescentes y llegaba a una conclusión para el género de terror: además de llevar a los jóvenes a sus “tendencias inferiores”, el cine sin vigilancia aceleraba el desarrollo del “sistema gonadial”. Los cine clubes fueron el instrumento para revelarse contra las juntas de censura y en su momento fueron denunciados como el telón de fondo de todas las perversidades.

Esas historias de hace ochenta años se leen hoy como ciencia ficción, casi con la nostalgia del cine como un ejercicio obsceno. Pero la censura siempre vuelve, disfrazada de gestos de inclusión o de protección frente a una ideología que quiere destruir un mundo bien establecido. Varias noticias del primer semestre de 2023 parecen sacadas de la prensa apolillada o de los sermones mal envejecidos.  

Hace dos meses The Telegraph publicó un extenso estudio revisando las últimas ediciones de Roald Dahl, uno de los autores de literatura juvenil más leídos de todos los tiempos. Desde la solapa se supo lo que pasaría al interior. La advertencia era clara y dulce: “Este libro se escribió hace muchos años, por lo que revisamos regularmente el lenguaje para asegurarnos de que todos puedan seguir disfrutándolo hoy.” Las alusiones a la apariencia física, a la salud mental, a la raza o el género tienen cientos de cambios en cada libro. Se trata, entonces, de una versión con todos los filtros de la corrección política. Ridícula y ofensiva hasta el punto de cambiar una mención a Rudyard Kipling para sentar en su lugar a Jane Austen. El juego con Dahl que comenzó en 2020 se le llama “lecturas de sensibilidad”. Una de las encargadas de la poda a Dahl es la fundación Inclusive minds, que se describe como un “colectivo de personas apasionadas por la inclusión”. Incluir a los lectores excluyendo a los personajes.

Pero los retoques son solo una faceta de la nueva censura. Muchas escuelas de Estados Unidos han visto florecer los clubes de lectura. S trata de jóvenes que luchan para leer lo que quieran y no lo que les permiten. Al estilo de los cine clubes de los cincuenta. Las juntas de padres de familia se han convertido en tiranías en muchos estados y ordenan sacar libros de colegios y bibliotecas públicas. El último informe de PEN America, una ONG que rastrea la censura literaria, habla de 2.500 libros prohibidos en 5.000 escuelas de 32 estados. Lo que significa que cuatro millones de estudiantes han perdido la posibilidad de leer según su gusto e intereses. Los libros con protagonistas homosexuales o negros encabezan la lista de descabezados. Una ley aprobada en marzo en la Cámara de Representantes les entregaría mayores poderes de veto sobre los libros a los padres de familia.

En medio de esa oleada de censura era imposible que no apareciera la referencia a Fahrenheit 451. Adam Tritt, un poeta y activista de La Florida, creó la Fundación 451 que se encarga de distribuir los libros prohibidos en sitios públicos. Ahora es acusado de pedófilo por intentar apagar el incendio del puritanismo y las guerras partidistas.

 

 

Vender humo

 

 

Hace 14 años el ministro del interior y justicia del segundo gobierno Uribe, Fabio Valencia Cossio, celebraba en el Congreso las amplias mayorías (60 votos contra 14 en el senado) que acababan de prohibir el porte de la dosis personal en el país: “senadores y senadoras: ustedes han hecho historia. A partir del trámite de esta reforma, el Estado comenzará a gestionar todo lo necesario para atender al adicto como a un enfermo”. Como casi siempre la prohibición se vestía de protección a los consumidores y adictos. El capricho del expresidente Uribe se convertía en reforma constitucional para “anular” la sentencia de 1994 que protegía el libre desarrollo de la personalidad. Cerca del 80% de la población estaba de acuerdo con la decisión del Congreso según las encuestas del momento. Todavía en 2018 el 67% de los encuestados por Invamer decían estar de acuerdo con la incautación de la dosis mínima.

En muy poco tiempo el péndulo de la opinión pública y del Congreso se ha movido hacia la posición contraria. El embrujo del Uribismo cubrió en su momento las tendencias mundiales sobre regulación, oportunidades económicas y enfoque de derechos. La cantaleta puritana se volvió cuestión de Estado. En la más reciente encuesta de Invamer (octubre de 2022) el 43% dijo estar de acuerdo con la legalización de la venta de marihuana para uso recreativo. El 52% se opone a esa medida, una mayoría muy cerrada en un país donde la palabra droga tiene una gran carga negativa y causa temores entendibles. Y si hablamos del Congreso, las mayorías parecen amplias para una reforma constitucional que revierta la de 2009 y permita la venta legal para el cannabis de uso adulto. En el quinto debate para aprobar ese acto legislativo, en la comisión primera de la Cámara, la votación a favor de la ponencia obtuvo 26 votos de 32 posibles. El país respira otros humos.

Muchos de los fervientes partidarios de Uribe hace 15 años, floricultores paisas, por ejemplo, empujan ahora con arrojo la posibilidad de vender sus moños de manera legal. Su entrada a la industria de la marihuana medicinal los ha llevado a la acera del consumo recreativo. El negocio del cannabis medicinal resultó ser una inmensa burbuja que en Colombia llevó a un fracaso del tamaño de la expectativa creada hace cerca de 6 años. Los últimos datos a Asocolcanna (Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis) muestran el descalabro del negocio pintado como panacea: de 1.300 empresas licenciadas 400 cerraron operaciones por física asfixia, no hay posibilidad de ventas por restricciones en el mercado interno y falta de demanda o excesos regulatorios a la hora de exportar. Un mercado con flores solo para a vitrina. De las 57.000 hectáreas que tienen permiso para sembrar cannabis, hoy solo hay 550 floreciendo. El gobierno anterior se dedicó a cambiar unas regulaciones extremas por unas regulaciones exageradas. El recato moral es todavía una gran barrera para la industria.

Ya que no se pudo con la marihuana como remedio, los inversionistas y trabajadores del prometido boom cannabico sueñan con el uso recreativo, es la última opción que le queda al negocio que hoy manejan, en buena medida, grupos ilegales en el Cauca, desde donde se arma la mitad de la demanda nacional. Los marihuaneros desadaptados de hace 15 años son los os activistas aplaudidos de hoy. Ahora recuerdo la frase de un policía que acompañaba la marcha cannabica en Medellín hace cerca de 10 años cuando le pregunté su opinión sobre esa gran fumarola andante: “Es la marcha más tranquila del año, solo hay que apurarlos un poco para que caminen”. Es hora de apurar la reforma para que la venta de humo sea realidad.

 

 

 

 

 

 

Jaulas públicas

 

 

 

La impotencia siempre empuja el poder hacia la arbitrariedad. Es la salida más fácil. No es necesario pensar en soluciones ciertas y crea la ilusión de estar actuando de manera enérgica. Los gobernantes suelen intercambiar dos palabras para justificar el atropello: en vez de restringir escriben o dicen proteger.  Y cuando dicen proteger es inevitable pensar en un riesgo y ese riesgo implica que hay alguien asedia la seguridad de todos. Por esa vía, el gendarme de turno logra identificar a los “culpables” de propagar el peligro.

Los cercos son tal vez la medida más primaria entre esos despotismos –alcaldadas es un buen sinónimo– surgidos de la ineptitud. El alcalde de Medellín se ha convertido en un experto cerrar, con vallas y policías, algunos espacios públicos de la ciudad. El regente Quintero tiene, además de su vena autoritaria, una personalidad paranoide que ayuda a reforzar sus ideas carcelarias. Poner puertas en espacios abiertos es el sueño de toda mentalidad policiva.

El centinela comenzó cuando llevaba apenas seis meses en el poder y la pandemia era una excusa para los excesos de control en el mundo entero. Medellín tuvo en ese momento, mediados de 2020, una medida que podría estar en las reseñas de los abusos memorables. Un pequeño barrio de la comuna 2, conocido como El Sinaí, fue cercado en la noche con la presencia de policías, militares de fusil y Esmad. Los 42 casos reportados en una población de 3.000 habitantes fueron motivo suficiente. A cambio del encierro les dejaban de lejitos bolsas con aceite, lentejas y fríjoles. La noche del cierre el helicóptero de la policía rondó el barrio como advertencia. “Los estamos protegiendo”, decían los funcionarios que cuidaban las puertas con sus trajes antifluidos. La burbuja de covidosos –así les gritaban los vecinos desde afuera– solo servía para las ínfulas de la careta plástica del alcalde. Los jóvenes que protestaban desde adentro con un micrófono y un parlante hicieron que se doblara el pie de fuerza. La desproporción es otra de las condiciones del poder aturdido. El embeleco duró algo menos de un mes.

El nuevo encierro ordenado por el alcalde se levantó en la Plaza Botero, un lugar donde conviven el turismo creciente y grandes problemas sociales y de seguridad. La administración intentó combatir los líos con un pequeño tráiler equipado con cámaras y un parlante de advertencia. El cacharro fue bautizado ‘Robocop’ por el carcelero mayor y por supuesto se convirtió en una venta ambulante de imágenes inútiles. Quintero decidió entonces “recuperar” el espacio con sus asedios. Ahora tiene dos puertas de ingreso selectivo: la policía elige quién entra y quién no dependiendo de su ojo clínico de prejuicios. Las putas por ejemplo no tienen acceso ni los jóvenes “sospechosos de siempre” ni los vendedores ambulantes sin buen registro ni los habitantes de calle. Ahora es una jaula para turistas, transeúntes presentables y vendedores con chaleco oficial. Quintero que abandonó por completo al Museo de Antioquia que velaba por la plaza con ideas y conocimiento de la zona, ahora cuida el espacio con dos filtros mientras habla de una ciudad de puertas abiertas.

Pero también debía cuidar su oficina. Entonces cerró la plazoleta del centro administrativo del municipio. Una asonada de los indígenas sin atención alguna en la ciudad despertó sus alertas y trajo unas nuevas vallas para “proteger” la ciudadanía. La desconfianza es otra de las virtudes de los gobiernos desconcertados. Quintero ha anunciado nuevos cerramientos, las barreras hacen parte de su juego con un lápiz rojo sobre un mapa. Lo peor de todo esto es que retirar los cercos nunca es fácil, las pequeñas opresiones muchas veces llegan para quedarse.