Luis Pérez en EPM

Las elecciones implican siempre un ejercicio de memoria. Así como los candidatos tienen derecho a repetir sus aspiraciones, los ciudadanos tenemos algo de obligación para evitar que se repitan los desastres pasados. Y como las campañas son una foto con demasiados retoques, es más útil acudir a la cruda realidad de las administraciones pasadas.
EPM acaba de recibir una buena noticia por parte de las calificadoras de riesgo. Su deuda y sus bonos fueron certificados con un grado de solvencia que está un escalón por encima del que recibe Colombia, a la altura del que ha obtenido Ecopetrol. Por su parte la Corporación Transparencia Colombia le pone 95 puntos sobre 100 en su tabla de buenas prácticas corporativas, su autorregulación, sus canales de contacto con los ciudadanos.
Pero algún tiempo pasado fue peor. En marzo de 2003, durante la administración de Luis Pérez, la calificadora Duff & Phelps puso una advertencia sobre los riesgos que implicaba la inminente politización de la empresa. No era la única preocupada por el manejo irresponsable propio de un alcalde más en campaña que en gobierno, una campaña con plata ajena, por supuesto. La Superintendencia se servicios públicos anunciaba una auditoría internacional para revisar las cuentas y decisiones de EPM, y la comisión de regulación de energía alcanzó a multar a la empresa con 447 millones de pesos por sus métodos heterodoxos, por decir lo menos.
Según informaciones de prensa Luis Pérez colocó a más de 100 ahijados en EPM, pasando por encima de los procesos de selección y de los requisitos profesionales. Un primo suyo y un cuñado de su hermana fueron los botones de muestra de su dedo nominador en las oficinas del edificio inteligente. Recordemos que en la telefónica de Pereira nombró a una ingeniera química que fue destituida por gustos y gastos extravagantes. La tarjeta de crédito empresarial se pagó hasta una clase de esquí en un viaje de negocios a Chile. Apenas 34.408.000 era el saldo de la tarjeta al momento en que llegó la procuraduría y la destituyó e inhabilitó por 10 años. Era una más de las amiguitas de siempre bien rodeado ex alcalde de Medellín.
La amenaza era tal en EPM que los profesionales debieron crear un sindicato para defenderse del apetito burocrático y las decisiones politiqueras que se saltaban los filtros técnicos. Luis Pérez ha vuelto a hablar del tema de tarifas en esta campaña. Ya sabemos de qué se trata, ya conocemos su camino. Y el riesgo no es solo para Medellín, el departamento y el país -sobre todo ahora que se construye Hidroituango-, tienen mucho que perder con un administrador de tarima como presidente de la junta de EPM. Liliana Rendón y los Suárez Mira se deben estar frotando las manos y ese ruidito tiene que servir como antídoto contra la desmemoria.