Silenzio Stampa

La reciente confirmación de que Misael Cadavid, excandidato por el partido Cambio Radical al Concejo de Medellín, en efecto tenía vínculos con actores armados en la capital antioqueña, hace inevitable un debate sobre a quién benefician las actuales normas que imponen el silencio de los funcionarios públicos durante las campañas. Los seguimientos de la policía muestran a Cadavid en reuniones con hombres de confianza de Sebastián, uno de los jefes supremos de los combos que prenden a plomo las comunas de la ciudad un mes sí y otro no. El candidato fallido - sacó algo más de 5000 votos- fue uno de los señalados en su momento por el exalcalde Alonso Salazar como uno de los exponentes de lo que podría llamarse la “pillopolítica”. Como se sabe esos señalamientos le costaron a Salazar su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años. La Procuraduría consideró que el exalcalde violó los principios de imparcialidad y buscó una influencia directa sobre los electores mediante sus denuncias públicas. Los constituyentes de 1991 discutieron ampliamente sobre la necesidad de limitar la participación política de los funcionarios. Al final quedó definido que quienes detentan jurisdicción y mando o tienen un cargo de dirección administrativa no pueden más que votar en secreto. El cubículo es su único espacio de participación democrática. De algún modo su libertad de expresión quedó restringida, y en el caso de los alcaldes, siendo los personajes con mayor legitimidad política en la ciudad, deben callar como si se tratara de interdictos. Los políticos entonces dejan de serlo una vez resultan elegidos, por la gracia de una prohibición que alienta la participación soterrada para impedir la que se hace de manera abierta. Porque se sabe que es imposible que los políticos bajen la cabeza durante las elecciones. El caso de Alonso Salazar es paradigmático porque plantea una situación límite. El alcalde tiene información de que existen políticos aliados con ilegales que buscan imponer candidatos en algunas zonas mediante la intimidación. Misiones independientes de observación electoral confirman los hechos. La Fiscalía podría tardar años en producir resultados y faltan dos meses para la fecha de las elecciones. Pero una supuesta garantía democrática obliga al silencio. La idea de imparcialidad democrática beneficia a los ilegales y en la práctica reduce el periodo de alcaldes, gobernadores y presidente en algunos meses. Hoy en día Alonso Salazar está inhabilitado para ejercer política y Misael Cadavid no tiene más que una mancha mediática por sus contactos con el hampa. Pero mañana mismo podría ser candidato. El fallo de la Procuraduría evidencia obligaciones desproporcionadas frente a los actores ilegales: el alcalde no puede informar a los electores sobre sospechas fundadas acerca de candidatos que desequilibran la balanza vía amenazas o corrupción. Así mismo, si un candidato basa su campaña en ataques sobre la persona o la obra del alcalde en ejercicio este deberá responder a media lengua para no ser destituido. El caso Salazar evidencia las injusticias palmarias a las que se puede llegar con la mencionada prohibición: una sanción drástica al funcionario que se pone del lado de la legalidad, al tiempo que se protege el derecho de los ilegales a permanecer en la sombra. Alonso Salazar decidió actuar según sus convicciones y privilegiar el valor civil y las obligaciones éticas sobre una posible sanción. No muchos harán lo mismo. Y los pillos tendrán un parapeto más seguro.