Diálogos de carretera

La cofradía de la última banca se arma con una extraña facilidad, se oyen los gritos que anuncian la partida de la flota y los tres condiscípulos ya celebran sus  burlas al chofer todavía ausente y arman sus quejas por el calor insoportable. La ventanilla derecha le corresponde a un joven vestido de negro, armado de una guitarra y un tono docto que cede fácilmente hasta convertirse en ingenuidad adolescente. En el camino sabré que es estudiante de cuarto semestre de medicina. En la mitad va un muchacho zarco, con las manos vacías y la felicidad de haber dejado atrás la preocupación de los exámenes parciales. En la ventanilla izquierda está el director de la banda, un joven aindiado, con el pelo corto y un pequeño bolso, que no resiste el silencio: un impulso que lo obliga a comentar el paisaje de cada curva y los incidentes menores del camino. En voz baja, durante el único momento en el que adoptó un tono grave, ha dicho que lleva ocho años en el ejército.

A pesar de que todos los pueblos del camino están de fiesta y las reinas hacen retén con una sonrisa y una alcancía en la mano, los contertulios se dedican a analizar la actualidad nacional. Durante las cinco horas de viaje el radio no entrega un solo consuelo, de modo que toda la camioneta oye en silencio el cotorreo de la última banca, sus sentencias, su extraña contabilidad, los datos chuecos que confirman la maldad nacional.

El salario de los Congresistas sirve como tema para la primera sesión del parlamento de la banca de atrás. El soldado habla de los cientos de millones de pesos que se pagan cada mes a esos “viejos abotagados”. Uno de los estudiantes dice que hace poco vio que en algunas ciudades ponen vallas para lanzarles tomates a los políticos. “Toda la cosecha del Huila no alcanza para lo que se merecen, mano”, dice el soldado mientras recibe las risas de aprobación. El ex presidente Uribe es un tema inevitable cuando un patrullero de escuadra lleva la voz cantante. El triunvirato decide entregarle a Uribe una medalla por su reconquista de las carreteras, pero se mencionan los nombres de sus hijos y el ex presidente encuentra problemas: “Esos chinos no entraron al ejército, pero están a punto de pagar el servicio en la cárcel”. Deciden que Uribe también tuvo sus manchas y se dedican a hacer un recuento de fincas del ex presidente.

Ecopetrol surge como una posibilidad para los tres compadres. Acabamos de pasar delante de los tanques de un pozo y el soldado dice que quiere dejar al ejército para trabajar en la petrolera. Hablan de los salarios y la necesidad de un padrino para encontrar un contrato estable. Al final el ambientalista del combo logra que se deseche la idea petrolera: “Eso desangra la tierra, eso enriquece a unos pero acaba con el campo y los agricultores”.

Por algún camino llegaron a La Habana. No aparece la rabia ni la tristeza de las víctimas, solo la desconfianza. “Apenas dizque se pusieron de acuerdo para entregarles unas tierras, eso arreglan entre ellos…” Con más entusiasmo hablaron de la desidia de los contratistas en medio de una larga fila por paso restringido.

La extensa cháchara hecha de malentendidos e inexactitudes deja un crucigrama con los lugares comunes de los descontentos nacionales y sus culpables. Muchas veces creemos que la democracia depende de la discusión sesuda de algunos incisos, pero en últimas, todo puede decidirse por el clima apropiado para los mitos populares y las leyendas sobre los políticos y la burocracia. 

Razones constituyentes

Por paradójico que parezca la Asamblea Nacional Constituyente de comienzos de la década del noventa fue impulsada más por la guerra con el Cartel de Medellín que por la paz con el M-19. Muchos comentaristas han hablado de las condiciones propicias, azarosas unas, estructurales otras, que se conjugaron para que la séptima papeleta llegara a ser la constitución del 91. Una especie exótica que necesitó de un microclima excepcional.

Como antecedente mediato estaban las fallidas reformas de finales de los años setenta que perecieron bajo vicios de trámite y dejaron unos papeles y unas ideas en la memoria. También flotaba en el ambiente la cercana frustración por el proyecto fallido presentado durante el gobierno Barco. Los narcos le metieron la carga de la extradición y el propio gobierno decidió hundirla. El asesinato de Galán consolidó un clima de disolución nacional y la debilidad del Estado hizo que una espontánea movilización popular fuera acogida como posible salvación.

El 25 de agosto se convocó la llamada Marcha del silencio y un discurso estudiantil marcó el camino para lo que siguió: “Solicitamos la convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que impiden que se conjure la crisis actual”. El mensaje combinaba el apoyo al Estado con la exigencia de cambios sustanciales. La clase política tradicional miraba con algo de burlona condescendencia a los estudiantes exaltados, pero menos de un año y medio después se estaban eligiendo los miembros de una constituyente soberana y sin límites en su temario. En esa convocatoria participaron el poder ejecutivo, el poder judicial y los ciudadanos mediante el voto. Un decreto del gobierno Barco le dio carácter constituyente a los dos millones de papeletas depositadas en las elecciones de marzo de 1990. Un fallo de la Corte Suprema validó esa demostración y abrió la puerta para que la iniciativa fuera votada “formalmente” en las elecciones presidenciales de mayo. Por primera vez en años una expresión popular lograba romper los cercos del santanderismo. Los candidatos presidenciales de todos los colores se sumaron a la iniciativa. El 27 de mayo más de cinco millones de personas votaron para que se convocara a una Asamblea Constituyente.

Los asesinatos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo terminaron por convencer a gente de variadas militancias de que era clave buscar un cambio inspirado en palabras como reconciliación y tolerancia. Nadie podía negar la variada legitimidad de esa convocatoria, hecha con aval tardío de los partidos pero sin su protagonismo. Los resultados de la votación reprodujeron el ambiente de convocatoria: no hubo hegemonías y todo terminó ´por parecerse más al “sancocho nacional” de Bateman que a las mesas servidas del bipartidismo. Un catálogo de derechos ciudadanos y otro de mecanismos de participación política fueron los legados más importantes que quedaron escritos en la Constitución.

Durante todo ese tiempo las Farc estaban consolidándose como cartel narco. No se enteraron de los cambios y todavía hoy no logran diferenciar entre una extorsión armada de 10.000 combatientes y un movimiento ciudadano con legitimidad política y legal. Tampoco saben que Márquez no es Pizarro y que en las ciudades son solo convictos peligrosos. Su gran mérito para pedir una constituyente es haber llegado tarde, traer algunas propuestas viejas y tener el repudio del 95% de la población.

Cambio de receta

El cinismo, el temor intuitivo y el oportunismo político han impedido durante años una discusión franca e informada sobre las drogas y el consumo. Solo los ex presidentes se atreven a reconocer los fracasos probados y el círculo vicioso de una guerra contra los gustos sombríos de un porcentaje ínfimo de la población mundial. Los consumidores de coca, un mercado que mueve buena parte de las finanzas de la violencia en América, llegan escasamente al 0.5% de los habitantes del planeta entre 15 y 65 años. En los países donde más se huele los consumidores habituales alcanzan si acaso el 2.5% de los ciudadanos en ese rango de edad.

Pero los políticos, los policías y los burócratas internacionales siempre están hablando de una epidemia que se expande. Y la prensa cubre los crímenes de la mafia como si fueran una consecuencia inevitable del apetito de los consumidores, y no la manera como compiten y se protegen del Estado los encargados de un negocio que, solo en la coca, deja 80.000 millones de dólares cada año.

Con cierta timidez culpable algunos países americanos han comenzado a pedir una estrategia distinta a la guerra, que se piense en el consumo como un hecho inevitable y en la regulación como una alternativa más realista y menos cruenta. La OEA suelta una de esas declaraciones neutras y abre un nuevo plazo para la hora de la verdad. Pero no todo fue inocuo en la reciente reunión en Antigua, en Guatemala. Algo del discurso de Insulza no fue huero: “La idea es que los países asuman sus propias decisiones y en un momento dado acudan a la OEA cuando se pueda fijar una posición conjunta en el tema de las drogas”.

El consenso será imposible. De modo que las posturas de Guatemala y Uruguay pueden marcar un paso cierto, un ejemplo para que los amigos de la retórica del cambio y la certeza de la inmovilidad -como el presidente Santos- se decidan de una vez por todas. Uruguay sigue adelante en su proceso de legalizar la marihuana y Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, recibió 170.000 firmas electrónicas de habitantes de todo el continente que le piden un viraje en su política sobre el tema. Pérez Molina lleva un tiempo hablando de una estrategia fallida que ha persistido durante 50 años. También la canciller del Perú señaló que se ha llegado “a un punto de quiebre. La hora de tomar decisiones”.  Y la canciller de Honduras dejó caer su frase de fatiga: “El precio que estamos pagando los países de tránsito es injusto y e intolerable (...) Nuestros gobiernos están desbordados”. Tal vez sean los países más pequeños y azotados por la violencia los que logren liderar la rebelión.

La distancia entre las declaraciones ambiguas y la decisión real de impulsar cambios, el temor electoral de los políticos para enfrentar un imaginario construido durante años, el cinismo y la cobardía de muchos ciudadanos para asumir sus hábitos y sus posiciones en ambientes públicos, me hicieron recordar unas páginas Porfirio Barba Jacob escritas hace casi 100 años en un diario de México. El mismo que según Vallejo “pasaba y arrasaba. Y una estelita de humo nos dejaba al irse como cuando pasa un tren, pero de marihuana…”; escribía páginas enteras contra la “diosa verde” que firmaba como Califax. “La autoridad debe organizar una verdadera cruzada contra la planta infernal, porque su uso se está generalizando de alarmante manera. De lo contrario, llegará un día en que México flote en el humo nefasto…” Mucho humo ha corrido y seguimos en las mismas.

 

Padres en la oscuridad

Es el turno de Petro. Cada año a algún político se le ocurre la genial idea de entregarles a los policías un reloj y una excusa para “conducir” a los jóvenes trasnochadores hasta el patio de una inspección. Sin importar la ideología o el partido, gobernantes y legisladores terminan cediendo ante su deseo de ser padrastros protectores por la vía del decreto, el acuerdo o la ley. En últimas, se trata de un reproche moral contra los padres en abstracto: ya que ustedes no pueden o no saben controlar a sus hijos, hemos tomado la potestad -enérgica y bienintencionada- de señalar una hora perentoria para la reclusión de los menores en sus casas.

Una sociedad medianamente autónoma, con un mínimo de recelo frente a los autócratas y su pretensión de imponer una cartilla disciplinaria sobre asuntos privados e inocuos, se rebelaría ante tales decisiones. Pero entre nosotros se cree que los permisos familiares o los procesos escolares, al igual que los riesgos sociales que traen la adolescencia y la oscuridad, deben ser tutelados con la torpe intervención de la policía y sus reseñas. La plana que impone un agente sobre una planilla es todavía una receta valorada en Colombia. No importa que en las demás esferas se maldiga la ineptitud de las tareas estatales. Lo políticos saben del valor simbólico de sus decretos, les encanta alardear con el lazo firme de su firma sobre un papel. También saben que es más fácil dar una orden arbitraria como máxima autoridad de policía, que planear una política para que los jóvenes no huyan de los colegios.

Hace unos años, siendo senador, lo intentó Jorge Enrique Vélez quien propuso una ley para que en Colombia fuera obligatorio que los menores de 16 años estuvieran bajo techo y bajo llave después de las 11 de la noche. También el gobierno Uribe propuso que el Código de Policía cerrara las calles a las 10 P.M. para quienes aún no alcanzaban la cédula, y agregó la idea de una multa a los padres incapaces de amarrar a sus hijos al televisor o al Facebook.  Más tarde se ha intentado en Cartagena, en Bucaramanga y donde quiera que haya un político que pretende esconder su impotencia frente a los delitos con la restricción de algunos derechos ciudadanos. 

La alcaldía de Bogotá dice que en Julio estará listo el decreto con la hora precisa. En un comienzo se pensó solo en algunas localidades, para que la medida tuviera algo de discriminación entre los jóvenes de los guetos y los de los parques apropiados. Pero al final parece que se extenderá a toda la ciudad. Según el secretario de gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, solo hace falta afinar los aspectos recreativos: “Necesitamos lugares donde los menores puedan recrearse mientras sus padres los recojan, porque no pueden ser llevados a las UPJ o a sitios donde hay criminales”. Me imagino que los policías serán árbitros de los picados entre los trasnochadores, les leerán algunas sagas de Poe o completarán el cupo en el tablero de parqués.

En Bogotá comenzaron restringiendo la noche para los menores en los días de amor y amistad y las velitas, ahora están listos para “protegerlos” de ellos mismos y sus decisiones durante todo el año. Hablan del peligro que se cierne sobre los menores que deambulan la calle. Porque solo es posible caminar hasta las 10:59 P.M. Cuando políticos antagónicos coinciden en medidas para protegernos, no queda más que rebelarse o temblar. Bien sea que esté de día o de noche.