Política venenosa

En junio de 1978 el director del Inderena le dirigió una carta al Consejo Nacional de Estupefacientes manifestando su preocupación por la inminente “fumigación aérea en grandes extensiones” de la Sierra Nevada de Santa Marta. En ese momento la pelea planteada era el Paraquat contra la marihuana. Desde esos tiempos cándidos de La mala hierba han llovido estudios, fallos, demandas, condenas contra el Estado y miles de galones de herbicidas. Durante la última década el gobierno ha fumigado en promedio algo más de 110.000 hectáreas cada año. Ahora se trata del Round-Up Ultra contra la coca. Las estadísticas de los propios gringos le ponen drama al asunto: “Equivale a una hectárea fumigada cada 5 minutos y 29 segundos desde el 1 de enero de 1996.” El drama real es para los campesinos de Cauca y Nariño, quienes además de la guerra prolongada soportan (datos de 2012) cerca del 50% del “rocío” de Round-Up Ultra.

Hace seis meses el gobierno de Juan Manuel Santos acordó el pago de 15 millones de dólares a Ecuador como compensación por los daños ocasionados por la fumigación a campesinos al otro lado de la frontera. Se comprometió igualmente a respetar una franja de diez kilómetros, contiguos a la línea limítrofe, donde las avionetas no podrán hacer su trabajo. En los últimos años el Consejo de Estado ha condenado a la policía y el ejército al pago de indemnizaciones a campesinos en Algeciras, Belén de los Andaquíes y Tierralta por los daños sobre cultivos legales. Los vientos, los descuidos o la simple indolencia pueden llevar el veneno destinado a la coca hasta los pastos, el lulo, la yuca, los mangos y el maíz. Lo que aquí son “daños colaterales”, en Afganistán fue una razón de peso para no fumigar la amapola de los talibanes. Así lo dijo The New York Times en 2007: “…oficiales de inteligencia de los EE.UU., temen que cualquier fumigación sobre cultivos afganos empleando químicos estadounidenses, equivaldría a un favor a los propagandistas talibanes…el costo político podría ser especialmente alto si el herbicida destruye cultivos de alimentos que los agricultores mantienen al lado de los de amapola”.

Es imposible negar la reducción de hectáreas de coca en Colombia. Ese éxito ha sido la defensa del gobierno contra todos los argumentos -lógicos, científicos, económicos, políticos- que recomiendan acabar con la fumigación. La cifra bruta de 99.000 hectáreas de coca sembradas en 2007 contra 48.000 en 2012, se ha convertido en el escudo de los escuadrones de fumigación. Pero al mirar con calma no todo es tan claro. Es cierto que en 2012 el 55% de la fumigación se concentró en los tres departamentos que más hectáreas erradicaron, Nariño, Putumayo y Guaviare; pero también resulta que la rebaja de hectáreas sembradas en Antioquia, Bolívar, Caquetá y Putumayo coincidieron con un menor número de fumigaciones. Se ha demostrado que el precio de la pasta base se mantiene estable independientemente de las hectáreas destruidas desde las avionetas. El castigo por la fumigación es sobre todo para el eslabón más débil del negocio, el 63% de los cultivadores venden la hoja sin ningún tipo de proceso y deben asumir el costo del baño de Glifosato. El mercado se acomodó para dejar intactas las condiciones a los traficantes y poner la carga sobre los cultivadores: hace 5 años solo el 35% vendía la hoja sin tratamiento. Además, durante tres años Nariño ha liderado dos escalafones que parecen contradictorios: producción y fumigación. Hoy en día los principales indicadores, precio y demanda, depende más de lo que pasa con los cultivos en Perú y las rutas en México que del vuelo rasante de las avionetas.