Guardar silencio

El gobierno ha llevado tan lejos la estrategia del sigilo en La Habana que la opinión ha comenzado a pensar que se trata de una farsa en el Caribe amenizada con plomo en Colombia. Según las últimas encuestas más del 65% de los colombianos cree que las negociaciones terminarán mal. De nuevo se trata a la paz como un logo de campaña, una promesa definida bajo la palabra de siempre: incertidumbre.

Pero hace unos días aparecieron pistas oportunas en medio del debate que pretenden monopolizar Uribe y Ordóñez. Se trató de una conferencia en Harvard, como corresponde al estilo Santos. Sergio Jaramillo, el más silencioso de los delegados del gobierno, dejó caer cuatro o cinco ideas que pueden sacar la discusión del código penal, nuestro nuevo libro fundamental. Jaramillo habló de una paz territorial, con incentivos y reglas especiales en las zonas donde el conflicto ha sido más intenso. Hizo énfasis, por supuesto, en inversiones y esfuerzos en el campo: clarificar y proteger los derechos de propiedad de la tierra, movilizar a la gente en las regiones alrededor de la paz por medio de “planeación participativa”, convocar a estudiantes y profesores universitarios para tender puentes “entre el mundo urbano y el mundo rural”. El gobierno piensa en la guerrilla como un actor clave en esas comunidades, y subraya uno de los acuerdos del segundo punto que crea las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Leyendo la conferencia de Jaramillo uno puede entender las confluencias de gobierno y guerrilla, las intersecciones sobre el papel; pero también puede imaginar cómo funcionará eso en la realidad, en el Catatumbo y el Caquetá, en Puerto Guzmán y Anorí, en Nariño y Cauca.

Hace un año un informe del ejército señaló que el 86% de los municipios colombianos están libres de los rigores de la violencia de las Farc. De modo que se puede pensar que el acuerdo será una especie de estatuto de excepción para las 12 zonas donde el Estado identifica una mayor presencia guerrillera. El gobierno piensa en una movilización nacional para idear un proceso que comenzaría con la firma del acuerdo, pero en este momento los llamados “formularios ciudadanos por la paz” son uno papeles abandonados en las alcaldías. Luego de un año se han presentado algo menos de 20.000 propuestas y comentarios. La idea de meterle plata al cuento, vía presupuestos participativos, puede ser válida. Pero se ha demostrado que alborota el sectarismo y el apetito de los armados. En Medellín los pillos meten baza a la hora de elegir proyectos. Qué pasará, por ejemplo, en el Caquetá donde ganó el Centro Democrático y las Farc se pretenden dueños. Las discusiones por la plata no serán consejos muy comunitarios. El gobierno habla de convertir en protagonistas a las comunidades y declara agotado el esquema centralista en “el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades”. Pero hoy en día pelea por la forma como se entrega la plata de las regalías desde los OCAD liderados por Planeación Nacional. Y su consejero de seguridad recorre las regiones como una especie de embajador, vestido de blanco en Cartagena y Buenaventura. Sobre restitución y legalización de la tierra hay que decir que la herramienta está reglamentada hace más de dos años y avanza al paso de nuestros juzgados ordinarios, y es seguro que la presencia de las Farc traerá nuevos nudos sobre las escrituras hechas y por hacer.

Lo último que pide Sergio Jaramillo es un consenso nacional, pero ya lo dijo Humberto de la Calle hace un año: es más difícil el clima político para buscar acuerdos entre la dirigencia legal, que la posibilidad de llegar a arreglos con las Farc. Ahora entiendo porque el gobierno prefiere guardar silencio y esperanzas.