Un decreto de
1959, firmado por el presidente Alberto Lleras y el ministro de Obras Públicas
Virgilio Barco, destina un millón de pesos para el acueducto y alcantarillado de
Buenaventura. El Instituto Nacional de Fomento Municipal es el encargado de los
estudios y construcción de las obras. Uno de los primeros en un desfile de
empresas públicas, privadas, regionales y nacionales que no han logrado hacer
que el agua llegue, con relativo orden y constancia, desde los ríos hasta los
lavamanos y las cisternas. Algunos habitantes recuerdan un paro cívico tres años
después para exigir un acueducto digno. Desde esa época se han repetido los
planes, las inversiones y las decepciones.
La verdad es que
plata no ha faltado. Los acueducto y alcantarillados son obras que se hacen de
manera progresiva, al ritmo del crecimiento de las ciudades. Buenaventura es el
gran receptor de desplazados y migrantes del pacífico y siempre se ha visto
desbordada, con instituciones públicas débiles, corruptas muchas veces, que
representan un único botín y una única esperanza frente a demandas crecientes. Entre
1973 y 1982 el puerto duplicó su población. El acueducto seguía siendo un
reclamo permanente. Durante el gobierno de Belisario Betancur se diseñó el Plan
de Desarrollo para la Costa Pacífica (PLADEICOP), Buenaventura fue el municipio
que más inversiones recibió y el acueducto y alcantarillado las obras
prioritarias. En tiempos de Cesar Gaviria apareció el Plan Pacífico que
aseguraba inversiones por más de 40.000 millones en la región, de los cuales el
acueducto de Buenaventura recibió más de 10.000 millones de pesos. En ese
momento, 1992, la cobertura solo llegaba al 35%. Hoy está en el 70%, aunque
apenas pasa de 9 horas diarias de servicio.
Con Andrés
Pastrana siguieron fluyendo recursos. A finales del 2001, en una visita al
puerto, hablaba de los 13.000 millones que ya se habían desembolsado para el Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Y su discurso dejaba caer la promesa de
próximas inversiones: “…un Plan que avanza con celeridad y que significará,
dentro los próximos 20 años, una inversión total de 135.500 millones de pesos, óigase
bien: ¡135.500 millones de pesos!, de los cuales la Nación pondrá 35.000
millones”. Un reciente artículo de El País de Cali parece confirmar esa vieja
promesa al asegurar que en los últimos 15 años se han invertido 200.000
millones de pesos en acueducto y alcantarillado. Llegaron desde el gobierno
nacional, el Plan Pacífico, el Fondo Nórdico de Cooperación, las regalías y el Plan
Carrasquilla. Solo este último durante el gobierno Uribe entregó 60.000
millones de pesos.
Un acueducto es
también una obra que necesita construcción de comunidad. Es necesario un
compromiso colectivo que ayude a cuidar las obras y a pensar que quizá el pago
garantiza un servicio más duradero que la conexión ilegal. La Súper Servicios
tiene un tope de 30% para pérdidas del agua tratada bien sea por fugas en red,
problemas en la planta de tratamiento, conexiones fraudulentas o mediciones de
consumo imprecisas. Buenaventura llega al 87.2%, lo que significa que solo se
logra cobrar por un 12.5% del agua tratada. En 2001, las deudas de los pocos
que pagaban eran de 8.000 millones de pesos. En los últimos 15 años todo fue un
pulso entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura,
encargada de las obras, manejada por el municipio y ahora quebrada; frente a
HidroPacífico, privada, encargada de la operación y con un contrato a 20 años
recién liquidado. Mientras tanto los últimos cuatro alcaldes terminaron con investigaciones
por posible corrupción relacionada con el tema del agua y dos alcaldes encargados
fueron asesinados.
Está bien que
suene la cacerola, pero falta más que protestas y rogativas.