Perder el juicio

Nuestra justicia más que ordinaria solo logra identificar un presunto culpable y comenzar un juicio en el 24% de los homicidios registrados por Medicina Legal. Hace unos días el “aterrado” Fiscal general soltaba la cifra con orgullo inquisidor. El porcentaje de condenas es aún menor y el de injusticias es imposible de rastrear. Nuestra extraña fisonomía moral nos ha llevado a ser un país acostumbrado a la impunidad y a los repentinos arrebatos justicieros. Esa paradoja, acompañada del populismo feroz, sirve para explicar las declaraciones absurdas del fiscal general en un mismo día. Por un lado se mostró satisfecho con que uno de cada cuatro asesinatos no tuvieran siquiera un señalado a quien perseguir, y por el otro, se declaró indignado frente a una ley que impedirá llevar a la cárcel a los integrantes de 110.000 familias cocaleras que viven en las orillas del mapa y el punto ciego del Estado.

En las capitales la Fiscalía no logra construir un caso con elementos suficientes para condenar a los delincuentes que medran y mandan sobre grandes sectores. Las capturas de jíbaros y consumidores de coca y marihuana se cuentan por millones mientras los duros se aburren en los avisos de los más buscados. En Medellín, por ejemplo, es corriente que quienes dominan las comunas sean “capturados”, sería mejor decir recibidos, por la Fiscalía luego de la certeza de una justa condena por concierto para delinquir. Hace unos días Carlos Pesebre, un hombre con más de 20 años de vida criminal y una desmovilización a cuestas, fue absuelto en segunda instancia de una condena impuesta por homicidio. De nuevo todo quedó en manos del concierto para delinquir. La Fiscalía salió a pegar con babas una acusación de supuestos delitos cometidos por Pesebre desde la cárcel.

 Los casos de corrupción pasan por cedazos muy parecidos. Sin el oído de la DEA seguirían pasando Bustos por inocentes. Y si no fuera por la bulla de Otto muy poco se sabría sobre los maletines de Odebrecht. La fiscalía parece en realidad una oficina dedicada a transcribir testimonios. Ese es su gran, casi su único, medio de prueba. Y para recibirlos ofrece lo que podríamos llamar una “justicia especial por incapaz”. Dado que no logra condenas por cuenta propia se dedica a los principios de oportunidad, a negociar, a ofrecer años a cambio de plata y pistas. Y a buscar titulares de prensa, afán en el que solo se ve superada por la procuraduría. Lo más grave de todo es que también se ha acostumbrado a usar la ganzúa de un proceso injusto para buscar confesiones y delaciones imposibles. Las detenciones preventivas han demostrado que entre nosotros la pena puede ser el proceso.

En medio de ese panorama estamos dedicados a las minucias de la Justicia Especial para la Paz (JEP). La justicia transicional que sin un solo expediente ya ha armado un alboroto político que al parecer durará más que los 10 años del propio tribunal. El mejor retrato que he leído sobre esa justicia lo publicó hace poco Jorge Giraldo, el decano de la escuela de humanidad de la Universidad Eafit. Son 80 páginas de historia, pragmatismo y pesimismo llamadas Responsabilidad y reconciliación ante la justicia transicional colombiana. Se señalan los riesgos de los jueces impulsados por un ánimo de heroicidad, de las sentencias y absoluciones como armas en la política por venir, de las presiones punitivas desde los organismos internacionales, de la mentira que supone la verdad recitada bajo recompensas judiciales. Todo eso acompañado del escepticismo frente a un tribunal encargado de penetrar y despejar “la niebla de la guerra”. Al final queda una pregunta de George Steiner: “Cuáles son las raíces profundas de ese rechazo de toda reconciliación, de ese rechazo de todo olvido?”. 

Vicios extremos

Tal vez todo tenga que ver con la herencia furiosa del bipartidismo. Con la política que se hacía en Colombia hace años con dos sencillos ingredientes: el color inspirador del partido propio y el color hiriente de la divisa del adversario. Tiempos de la política más vibrante, donde no era necesario pensar sino inscribirse en una lista, elegir un bando para adquirir temores y defensas suficientes. Fernando González lo retrataba muy bien hace ochenta años en uno de los números de la Revista Antioquia: “…Nuestros becerros son familias liberal y conservadora; no el nacionalismo; no el odio al país vecino sino el odio a los hermanos; nuestro fin es destruirnos mutuamente, dentro de las fronteras. A esas dos monstruosidades sin ideal, sin programas, nombres vanos, jóvenes, ancianos y mujeres sacrifican su honor, sus hogares y sus conciencias”. Y hablaba de los “oficios de insultar y sembrar odios” desde la prensa. Oficio que ahora se ejerce más directamente desde las redes sociales.

Van cambiando los nombres de los antagonismos. Se han desteñido los colores de los partidos históricos pero se encuentran nuevos enconos para hacer una política más primaria, lograr unos electores más obedientes y señalar unos políticos más imprescindibles. Las Farc se han convertido en el mejor argumento para llevar la política hacia los extremos. Las guerrillas en armas lograron ser el principal ingrediente de al menos seis elecciones presidenciales en los últimos cuarenta años. Bien fuera por las promesas de aniquilación o negociación. Un grupo insignificante políticamente logró ser protagonista por medio de la amenaza armada. Ahora, luego de su desmovilización, han encontrado un nuevo protagonismo como centro de discordias irremediables. Las Farc han terminado por contagiar de extremismo el ánimo de la opinión pública. Para algunos, son un ingrediente indispensable del debate, un punto de referencia que los hace visibles y diferentes, al tiempo que les ayuda a situar a sus rivales en los territorios del peligro. La desmovilización de las Farc ha demostrado que la guerra política puede ser más larga que la lucha armada.

Un texto reciente del salvadoreño Joaquín Villalobos deja claros los riesgos de esa política que alienta el desprecio por el adversario. El Salvador vivió un momento parecido al que vive Colombia y solo encontró lecciones dolorosas. Un acuerdo de paz logró que la guerrilla dejara las armas, que cesara la violencia política y los fraudes electorales, y que presidentes y parlamentarios fueran electos sin el sobresalto de los golpes militares. Villalobos define lo que siguió: “La polarización no solo impidió plantearse una política de Estado, sino que también evitó un encadenamiento positivo de las políticas de seguridad de seis gobiernos. Estos aplicaron la lógica de deshacer lo que el otro hacía o de actuar en sentido opuesto, de esa forma la seguridad ha ido de mal a peor y de peor a desastre. Al final, un problema social terminó convertido en una nueva guerra.”

El resultado. Las Maras, que bien podrían ser un equivalente de nuestras bandas criminales, llámense Bacrim o Farcrim, tomaron buena parte del control en las ciudades y el campo. La convulsión electoral fue un ingrediente pasivo, ensimismado de la violencia por venir. El Salvador tuvo más homicidios en sus 25 años de paz que durante los largos años del conflicto. En medio de la crispación los extremos adquieren una relevancia que no merecen mientras los criminales juegan al pragmatismo. La política logrará el control de los electores y el crimen el control de los territorios.

Puerta de la eternidad

Nombres le han sobrado a esa colina de encrucijadas en el centro oriente de Medellín. La Asomadera, Camellón de Guanteros, San Lorenzo, Niquitao, Camellón de la Chicha han servido para señalar con desconfianza a los habitantes de esos barrios que Carrasquilla definió, desde abajo, desde La Villa, con algo de fango y sabor: “Lugar nefando y peligroso de los bailes de garrote, de los aquelarres inmundos y de las costumbre hórridas”. Así como era sitio de bailes, chicha, guitarras y tertulias ha sido desde siempre lugar de muertos. Allí se cavó el primer cementerio en las afueras de la ciudad en 1828 y por supuesto los nombres fúnebres no han faltado: Alto de las Calaveras, Alto de las Cruces, Alto de las Sepulturas. Bailes y muertos ocupando un mismo lugar, tanto que fue famosa una cantina cercana al cementerio, donde los deudos pasaban penas con música y anís, y bautizada por un poeta como “El puerto de la eternidad”.

El cementerio San Lorenzo fue bautizado muy pronto como cementerio de los pobres. A mediados del siglo XIX se inauguró el cementerio San Pedro con su capilla, sus cipreses y sus mausoleos y San Lorenzo, con su única tarifa de entierros, quedó como cementerio de las mayorías. Desde hace siete tiene sus tumbas y sus osarios están vacíos. Los cuarenta mil restos que todavía estaban en sus bóvedas fueron llevados al cementerio Universal y San Lorenzo ha intentado tomar aires de parque.

El sábado pasado se realizó en su patio central, rodeado del blanco de la cal y negro de las tumbas, el Festival Instinto de Vida que busca que toda muerte violenta sea un asombro, que el homicidio deje de ser natural y justificado, que las cifras dejen ver a los dolientes y la sociedad vea un fracaso colectivo en cada asesinato. Cerca de seis mil personas pasaron ese día por el antiguo cementerio. En medio del concierto de la banda Niquitown una escaramuza cerca de la tarima nos alertó a todos. Se vieron los puñales y los machetes al aire y la vieja escena de un joven herido sacado en andas por otros jóvenes. Instinto de Vida terminó con un homicidio en medio de la celebración, en el mismo patio donde las velas alumbraban las tumbas vacías. Toda la noche se habló de un ritual para honrar a las víctimas y el ritual inesperado fue el de cinco jóvenes contra un adolescente de 17 años. El homicidio tan corriente entre nosotros, tan sencillo y repetido, adquirió relevancia por la escenografía que lo rodeó. El teatro hizo visible la escena menor de la ciudad un sábado en la noche. Ni la víctima ni sus verdugos sabían de la celebración y el llamado en el cementerio. Lo que debía ser una especie de refugio para adolescentes amenazados terminó siendo la trampa definitiva para uno de ellos.

Paró la música y vinieron las palabras desconsoladas y firmes de uno de los organizadores: “Empezamos la campaña de No Copio desde la quebrada hacia el río, desde el territorio del miedo hasta el territorio institucional…Estamos en un territorio real, con problemas…” Desde el sitio de los bailes de garrote y las costumbres hórridas que se señala desde la villa. Instinto de Vida y la campaña No Copio han demostrado que muchos jóvenes en los barrios necesitan estar juntos para defenderse, para poner barreras creíbles frente a quienes quieren seducirlos o someterlos con la violencia. La solidaridad es su gran acto de rebeldía.

Para que la película fuera completa, al lado, entre los espectadores, estaba Víctor Gaviria, autor de un poema que habla de los niños que toman pastillas para olvidarse sí mismos, de sus heridas pálidas como el jazmín de noche, del viento que rellena sus chaquetas y los hace ver altos y gruesos como los globos del diciembre. Niños como Yasser Alberto Murillo. 

Códigos policiales

En Colombia las decisiones sobre política antidrogas han sido sobretodo un asunto de apariencias frente a los electores y los “aliados” extranjeros, de reflejo frente a una realidad violenta que desbordó al Estado, de populismo protector frente al miedo generado por el fantasma de la propaganda y la desinformación. Desde el ejecutivo se han ideado campañas, se han impulsado leyes y reformas constitucionales y se han cerrado los ojos ante las evidencias de fracasos y políticas contraproducentes. Prohibir sin mirar la realidad, perseguir sin mirar los resultados, condenar sin mirar los culpables. Ha corrido mucha coca, se ha quemado mucho moño, se han desteñido los carteles, ha cambiado la lógica en Europa e incluso en Estados Unidos, y la mentalidad de buena parte de nuestras autoridades todavía se rige por el Estatuto Nacional de Estupefaciente de 1986.

Las Cortes, tanto la Constitucional en 1994, como la Suprema en 2016, han puesto límites racionales y apegados a los derechos al afán carcelero de los sucesivos gobiernos. La despenalización de la dosis mínima en 1994 fue una de las obsesiones del gobierno Uribe que llevó hasta una reforma constitucional en 2009 para prohibir el porte y consumo de estupefacientes, salvo prescripción médica. Un canto a la bandera de “la mata que mata” porque en últimas esa prohibición no implica pena ni tratamiento obligatorio como bien lo dijo la Corte Constitucional.

Ya durante el gobierno Santos, un predicador de nuevos enfoques cuando habla en foros internacionales y un conservador duro cuando habla en Colombia, se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (2011) que impone penas de prisión a quien “lleve consigo” cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas reseñadas en el vademécum de la ONU. El año pasado la Corte Suprema no sólo afianzó el respeto judicial a la dosis mínima sino que amplió el rango de las cantidades a lo que llamó “dosis de aprovisionamiento”, de modo que en ocasiones una cantidad que supere por poco la dosis personal no necesariamente debe implicar una pena. Se entiende que es una conducta que solo afecta a quien porta la droga para consumo propio y por tanto no implica peligro para la salud pública, el bien jurídico protegido en este caso.

A pesar de lo anterior, en Colombia fueron detenidos 984.106 ciudadanos entre 2001 y 2015 por el delito tipificado en el artículo 376 del código penal, que describe las conductas y las penas para el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los datos los entrega un reciente informe del CEDE de la Universidad de los Andes donde se analiza el costo fiscal de la guerra contra portadores y traficantes. La mayoría de esas capturas terminan en preclusión o arreglos con la justicia. Solo el 1.7 % de los capturados acaba con una sentencia condenatoria y una pena efectiva en prisión. No es una lucha contra el narcotráfico ya que la mayoría de las capturas, el 73% de las efectivas entre 2010 y 2014, se dieron por porte de cantidades menores a 200 gramos de marihuana o basuco. Si hablamos de las capturas por porte de cocaína el 70% son por cantidades menores a los 30 gramos. Se puede decir que una buena porción de los presos por el artículo 376, bien sean condenados o sindicados, más de 26.000 ciudadanos, están encerrados por conductas que solo hacían daño a ellos o que están lejos del poder violento de grupos dedicados al narcotráfico. Durante 15 años el Estado ha gastado 10 billones de pesos en esas persecuciones muchas veces injustas y casi siempre ineficaces. Todo sigue obedeciendo a la lógica de recompensas para los policías por su cacería infructuosa en las esquinas. 

Mapa de violencias

Meter la lupa, el bisturí y las pinzas para tratar de hacer una cuidadosa disección de cinco décadas de violencia en Medellín no es una tarea fácil. La idea era darle un poco de orden a una guerra mutante, cruzada por actores múltiples e inestables, combatida por un Estado débil y muchas veces cómplice, atizada por el narcotráfico que no conoce de lealtades y pintada por los arrebatos ideológicos que van y vienen. La iniciativa nació, durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, desde la Unidad de Víctimas y el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Cientos de personas, tanto víctimas, como testigos y victimarios, contaron su versión de los hechos. El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Región lideraron el proyecto, y las universidades de Antioquia y Eafit acompañaron el proceso. Medellín: memorias de una guerra urbana, fue el título elegido para sus más de 400 páginas que entregan un panorama serio y algunas cifras y detalles sorprendentes.

Lo primero es ubicar a Medellín como el municipio más golpeado por el conflicto en Colombia en los últimos treinta años. Las cifras refutan la idea extendida de un conflicto rural y una población apática en las ciudades frente a su solución. Se habla de 19.832 asesinatos selectivos, 484 secuestros, 2.784 desaparecidos y  784 “acciones bélicas” en Medellín. La llegada de la guerrilla fue siempre una especie de fantasma, con algunas apariciones ciertas, que avivó una reacción por parte del Estado, casi siempre en sus peores formas, los narcos y los paramilitares. En los setenta la guerrilla era una noticia en la periferia (Anorí, Nudo del Paramillo, Urabá), pero a comienzos de los ochenta el EPL tenía capacidad para hacer un acto armado diario en la ciudad. Secuestros y atracos bancarios eran las acciones mayores de la guerrilla. Según la policía en 1988 tres cuartas partes de los 200 robos a bancos en Medellín fueron realizados por grupos guerrilleros. El secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981 por parte del M-19 llevó a la creación del MAS (Muerte a Secuestradores), la semilla del Cartel de Medellín y la lógica paramilitar. El MAS dejó más de 400 muertos en la ciudad y una marca que duraría cerca de quince años.

Entre 1983 y 1988 el número de homicidios en Medellín se multiplicó por cuatro. Había llegado la guerra frontal del Cartel contra el Estado luego del asesinato de Lara Bonilla. Cerca de 60.000 jóvenes en la ciudad ni estudiaban ni trabajaban y proliferaban las milicias, algunas veces aliadas con los narcos, las bandas a su servicio y la delincuencia por cuenta propia. Mientras tanto, el Valle de Aburrá tenía 1.900 policías asignados y el Estado hacía parte de su “tarea” por medio de organismo de “seguridad” locales que casi siempre eran grupos de “limpieza” y purgas nocturnas. Solo Seguridad y Control de Envigado dejó 400 asesinatos entre 1987 y 1991. No es raro que en esa guerra mutante un ex guerrillero del EPL terminara de líder paraco, un ex hombre del CTI fuera el gran respaldo de Don Berna y un policía hiciera de jefe de inteligencia de paras y narcos duros.

Medellín fue también centro de las desmovilizaciones. Cerca de 900 milicianos al final del gobierno Gaviria, de esos “reinsertados” mataron al 22%, también algo menos de 900 del Bloque Cacique Nutibara en 2003, y otros tantos del Héroes de Granada en 2005. Experimentos todos con alto número de reciclaje criminal. Otra de las ideas que subraya el informe tiene que ver con la inclinación a privatizar la seguridad, no solo como experimento espontáneo de los ilegales sino como un ensayo con respaldo legal. Esa última modalidad, bajo la figura de las Convivir, hizo que a mediados de los noventa Medellín tuviera una fuerza parapolicial legalizada equivalente al 25% de la policía.

Una frase del estudio sirve como resumen revelador para los tiempos cortos de twitter: “En Medellín hicieron presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, con el agravante de que en esta ciudad había una base disponible de bandas, combos y guerreros retirados de todos los viejos bandos que reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia y las pusieron al servicio de las grandes organizaciones militares”. La mejoría, sin embargo, es innegable. Hoy tenemos menos del 10% de los homicidios que teníamos en los peores años a comienzos de los noventa.