Casar un duelo

El pasado fin de semana se cumplió un año más de un homicidio en el que las autoridades del Estado participaron activamente. Un crimen continuado que comenzó con el asesinato y siguió con las pistas falsas para enredar la madeja, el encubrimiento dirigido por altos oficiales, las amenazas cumplidas y los atentados a manera de escarmiento… En últimas, la mentira y la intimidación oficial como método para encubrir el crimen. Pocas veces se ven actuaciones tan coordinadas y vehementes por parte de uniformados, pocas veces logran verse como una “familia”, según la rotunda acepción que le da la mafia a esa palabra como método para asegurar lealtades.

 Podría estar hablando del homicidio de Luis Carlos Galán que planearon desde el DAS, facilitaron desde la policía de Cundinamarca e intentaron encubrir desde la Dijin. En el crimen que incluyó armas oficiales y disculpas póstumas policiales. Pero me refiero a un crimen menos planeado, un homicidio sin multitudes ni grandes móviles, un simple alarde policial contra una vida considerada menor. El 19 de Agosto se cumplieron ocho años del asesinato en Bogotá de Diego Felipe Becerra con dos disparos por la espalda que le descargó el patrullero Wilmer Antonio Alarcón. El delito fue portar dos aerosoles en su morral, uno azul y uno naranja fosforescente. Porque en ocasiones la silueta de un ciudadano común, de un joven bachiller, puede ser una figura muy deleznable para agentes ávidos de demostrar su poder.

Desde el día del asesinato el padre de Diego Felipe supo que comenzaba un duelo en todos los sentidos de la palabra. Hombres de civil y policías afinaban una versión común de la farsa. Él mismo escuchó las advertencias de los “consejeros” para que las declaraciones fueran firmes y coincidentes. Se plantó un arma en el sitio del homicidio y se intentó asociar al joven con ladrones corrientes de la zona. Han sido ocho años en los que Gustavo y Liliana casi se han convertido en abogados por medio de la más triste y peligrosa de las prácticas: buscar la condena para el asesino de su hijo y luchar contra policías y juzgados. Dos generales, seis coroneles, cuatro tenientes, doce agentes y seis civiles terminaron investigados en una trama que todavía debe capturas y sentencias.

El patrullero que disparó fue condenado hace tres años y aún sigue prófugo. El mismo día del fallo en su contra un juez de garantías lo dejó libre para que los 36 años de prisión fueran una pena para enmarcar. Desde hace dos años se espera un fallo de segunda instancia para que las autoridades se dignen a buscar una captura con algo más de voluntad. Tal vez el fallo del Tribunal tenga más peso. El proceso salió desde 2011 de la justicia penal militar pero continúa la injusticia penal. Solo hay tres condenados entre quienes manipularon la escena del crimen, pagaron a falsos testigos e inventaron la fábula del atraco. Los tres aceptaron principio de oportunidad y están colaborando con la justicia. Los procesos disciplinarios tuvieron que llegar hasta un fallo de la Corte Constitucional porque durante años no se admitió como parte a la familia de la víctima. Se decía que eran delitos contra el Estado. Luego de sesenta meses la causa penal contra los demás implicados está en el Tribunal por apelación de la fiscalía ya que se desconocieron pruebas claves en el proceso, entre ellas el testimonio de quien plantó el arma, testigo que ya sufrió un atentado. Hace dos años y medio el abogado de la familia de Diego Felipe enfrentó el último de los atentados que dejó a dos sicarios muertos a manos de un escolta de la UNP.

No debe ser fácil recordar un hijo leyendo expedientes y huyendo de sombras.