La
protesta la iniciaron los más jóvenes. No tenían mucho que perder. La rabia
contenida, la necesidad de gritar, el sentimiento de exclusión, un aplazado
espíritu común logró una rápida cohesión entre los manifestantes. Las
autoridades, en la paranoia inicial y la necesidad de descalificar la totalidad
de la movilización, hablaron de delincuentes concertados. Entonces llegó la
policía y empezó el tropel. En solo cuarenta días los hospitales habían
atendido a más de once mil personas heridas durante las protestas y se
denunciaron más de quince mil detenciones con su larga lista de abusos. En la
lista de víctimas mortales había 26 personas y las investigaciones iniciales
señalaban a policías y militares como responsables de al menos ocho asesinatos
por culpa o dolo. Ahora la consigna principal era “Basta de abuso”. Vinieron
los saqueos, los enfrentamientos entre civiles y la destrucción de bienes
públicos y comercios. El origen de las protestas casi se había olvidado, ahora
se marchaba y se peleaba por las condiciones de pobreza, por los bajos
salarios, el creciente desempleo, la corrupción y, por supuesto, por la
brutalidad de las fuerzas militares y de policía. Entonces, el presidente
ordenó a los militares salir a las calles y decretó el toque de queda. Pero las
marchas siguieron sin tomar en cuenta camuflados ni decretos y la medida que
causó la indignación inicial fue archivada con algo de vergüenza.
Esa
pequeña cronología no abarca cuatro días de paros en Colombia durante la semana
pasada sino cuarenta días de agitación y abuso en Chile entre octubre y noviembre
de 2019. Los recursos de respuesta a los reclamos ciudadanos son muy similares
en nuestras democracias, limitados, acostumbrados a la violencia, seguros de la
impunidad, arrogantes desde las oficinas y criminales en las calles.
En el
país muchos descalificaron la inconformidad general frente a la reforma tributaria
por ser demasiado primaria. No entendía los mínimos conceptos de la hacienda
pública ni su carácter técnico y hasta redistributivo. Pero los motivos se han
ido acumulando lejos de los proyectos de ley. La desproporción de las
restricciones por la pandemia, esa tiranía cotidiana que se ha hecho viral, la
ceguera que solo ve los riesgos del Covid mientras desconoce los estragos de
ese “estamos salvando vidas” que ya no solo suena vacío sino ofensivo. El
resentimiento y la desconfianza que dejó la actuación asesina de la policía
durante septiembre pasado en Bogotá. Chille llegó a una reforma constitucional
impulsada en parte por el abuso de los uniformados que dejó cuatro muertos por
disparos oficiales en los primeros cuarenta días de protestas. Colombia ha
sumado cerca de cuarenta muertos a plomo por parte de la policía en dos
jornadas de protesta.
“Marchar es la única salida”. Esa parece ser la
consigna de miles de jóvenes en el país. La única salida a la calle, el
desfogue a la mano, la posibilidad de sentir que hay comunidad, que se puede
exigir con una cuchara un perol, que no se necesita wifi para conectarse. No se
trata de impuestos sino de imposiciones, de una violencia repetida, del cansancio
del destierro en su propia suelo, del desasosiego en las esquinas donde o se
vende algo o se sufre de hambre o atropellos.
El paro recoge muchas historias, entre ellas el
desprecio que muchas veces han sentido los jóvenes por su manera de vestir, de
andar, de fumar, de hablar… Una necesidad de hacerse a un lado y “vivir a la
enemiga”. Lo peor es que la política, sea de gobierno o de oposición, está cada
vez menos preparada para gestionar la desilusión y las expectativas de
cacerolas, piedras y consignas.
Y aún más. Yo protesto como desahogo de un establecimiento que le importa un culo la pobreza, la desigualdad y las consecuencias brutales de una estúpida guerra contra las drogas,y que mantiene intactos sus privilegios por medio de una retórica guerrerista que pretende aniquilar a los que desde márgenes claman justicia.
ResponderEliminarEs bastante agobio socioeconómico lo que causan a la gente de clase media para abajo las limitaciones existentes a los derechos a la salud, la educación, los servicios públicos y otros derechos socioeconómicos, el que sean mucho más altas de lo soportable las cargas tributarias sobre la gente de estratos 2 a 4 (incluyendo los peajes) y a la vez muy bajas cargas tributarias para los sectores más pudientes, y el que la política socioeconómica de los gobiernos haya sido desde los años 90 el llamado neoliberalismo, que quizás deberíamos llamar más bien “economía no social de mercado”.
ResponderEliminarLas soluciones de fondo que entonces más necesita la gente de clase media para abajo y las pymes son 1: que en vez de la ortodoxia ser más bien la heterodoxia la política económica de estado, se "defienda" la producción nacional y se adopten la sustitución de importaciones y los precios de sustentación que los campesinos rasos necesitan, 2: que los impuestos no progresivos (que son los que impiden a la gente de clase media para abajo el mejorar económicamente) sean reemplazados por impuestos progresivos que graven más a las grandes riquezas, al sector financiero y a las rentas de capital más que al sector productivo, 3: que únicamente se adopten políticas de generación de empleo y de crecimiento económico que no sean a costa de desmejorar las condiciones laborales para los empleados (porque las flexibilizaciones laborales, tercerizaciones y restricciones para las negociaciones colectivas por parte de los empleados son otra causa de agobio injusto contra el pueblo raso), 4: que la proporción de subsidios a los servicios públicos vuelva a ser la que era hasta los años 80, y 5: que se eliminen las restricciones y condiciones actuales para el acceso a los necesarios derechos a la salud y a la educación y se les aumente el porcentaje del presupuesto nacional, que puede ser a costa de reducir lo que ganan los congresistas y otros altos cargos del poder público y el presupuesto "de defensa" militar.
Y lo otro que realmente necesita la población civil es que la fuerza pública sea objeto de una reforma no de protocolos sino ideológica: que sus agentes y oficiales en vez de considerar como subversivas, mamertas o "socialistas" las prerrogativas por los derechos socioeconómicos, se ponga a favor de las necesidades sentidas de las clases populares (clase media para abajo).