Luis Pérez en EPM

Las elecciones implican siempre un ejercicio de memoria. Así como los candidatos tienen derecho a repetir sus aspiraciones, los ciudadanos tenemos algo de obligación para evitar que se repitan los desastres pasados. Y como las campañas son una foto con demasiados retoques, es más útil acudir a la cruda realidad de las administraciones pasadas.
EPM acaba de recibir una buena noticia por parte de las calificadoras de riesgo. Su deuda y sus bonos fueron certificados con un grado de solvencia que está un escalón por encima del que recibe Colombia, a la altura del que ha obtenido Ecopetrol. Por su parte la Corporación Transparencia Colombia le pone 95 puntos sobre 100 en su tabla de buenas prácticas corporativas, su autorregulación, sus canales de contacto con los ciudadanos.
Pero algún tiempo pasado fue peor. En marzo de 2003, durante la administración de Luis Pérez, la calificadora Duff & Phelps puso una advertencia sobre los riesgos que implicaba la inminente politización de la empresa. No era la única preocupada por el manejo irresponsable propio de un alcalde más en campaña que en gobierno, una campaña con plata ajena, por supuesto. La Superintendencia se servicios públicos anunciaba una auditoría internacional para revisar las cuentas y decisiones de EPM, y la comisión de regulación de energía alcanzó a multar a la empresa con 447 millones de pesos por sus métodos heterodoxos, por decir lo menos.
Según informaciones de prensa Luis Pérez colocó a más de 100 ahijados en EPM, pasando por encima de los procesos de selección y de los requisitos profesionales. Un primo suyo y un cuñado de su hermana fueron los botones de muestra de su dedo nominador en las oficinas del edificio inteligente. Recordemos que en la telefónica de Pereira nombró a una ingeniera química que fue destituida por gustos y gastos extravagantes. La tarjeta de crédito empresarial se pagó hasta una clase de esquí en un viaje de negocios a Chile. Apenas 34.408.000 era el saldo de la tarjeta al momento en que llegó la procuraduría y la destituyó e inhabilitó por 10 años. Era una más de las amiguitas de siempre bien rodeado ex alcalde de Medellín.
La amenaza era tal en EPM que los profesionales debieron crear un sindicato para defenderse del apetito burocrático y las decisiones politiqueras que se saltaban los filtros técnicos. Luis Pérez ha vuelto a hablar del tema de tarifas en esta campaña. Ya sabemos de qué se trata, ya conocemos su camino. Y el riesgo no es solo para Medellín, el departamento y el país -sobre todo ahora que se construye Hidroituango-, tienen mucho que perder con un administrador de tarima como presidente de la junta de EPM. Liliana Rendón y los Suárez Mira se deben estar frotando las manos y ese ruidito tiene que servir como antídoto contra la desmemoria.

Congreso invisible

El Congreso entrega cada tanto una noticia para la diversión y la indignación nacional. Es una las funciones que ha asumido más allá de los mandatos constitucionales: servir como válvula de escape entre pintoresca y amarga. Mientras la aprobación de las leyes logra visibilidad solo cuando el gobierno felicita a los legisladores por su obediencia patriótica, el escándalo de cada tanto tiene asegurado un seguimiento estricto y su consiguiente manifestación ciudadana. De modo que se habla más de la demanda de combustible de Juan Manuel Corzo que de los proyectos de reforma constitucional para penalizar el aborto o para pulir la llave de Santos en busca de la quimera de la paz.
Pero detrás del repentino exilio de Corzo en Azerbaiyán y de sus lastimeras disculpas por pedir más de lo que merece, se esconde una realidad inocultable de nuestro Congreso: los senadores son simples razoneros de una pequeña clientela para la que cultivan encargos en cada una de las oficinas públicas de sus regiones. No les interesa la opinión pública nacional, no conocen sus sensibilidades y desprecian sus reproches y sus posibles castigos. Logran 63.251 votos -para mencionar el caso Corzo- y quedan convencidos de que tienen suficiente poder para desafiar el sentido común y el umbral de tolerancia del público. Pueden sobrevivir al desprecio de la opinión nacional con el sencillo aprecio de la burocracia regional.
Hace unas semanas Juan Manuel Corzo habló de inmunidad judicial para los congresistas. Según creo su idea no es más que una extensión de la inmunidad política que creen conseguir los barones electorales con sus votos más o menos constantes. La seguridad que entrega una empresa electoral en los departamentos sirve como escudo contra las críticas “cachacas” y espada contra el centralismo. Solo la presión del Congreso y del Partido Conservador hizo que Corzo pidiera perdón por expresar sus convicciones de hombre fuerte en Norte de Santander. Estaba afectando a sus copartidarios y el rating del noticiero del Senado había perdido 10 puntos. No puedo creer que tuviera 10 puntos.
Las declaraciones de Liliana Rendón, baronesa electoral antioqueña, en medio del escándalo por la agresión del Bolillo Gómez a su amiga invisible, comprueban que la gran mayoría de los senadores no son más que diputados de una asamblea departamental con una silla en el Congreso. A la Monita le interesa la camisa de campaña de la gente en Amagá, Bolombolo e Ituango y no trending topic de la semana en Twitter. Por eso la señora Rendón fue un poco más allá que Corzo y dijo con toda su boca -que no es poca cosa- que le importaba muy poquito lo que dijeran de ella y sus ideas de género.
De los 102 senadores que del Congreso si mucho el 10% tiene la posibilidad y las intenciones de tener una voz nacional. Ellos sirven de voceros de sus partidos e intermediarios frente a los medios de comunicación mientras sus compañeros silenciosos se dedican al menudeo. A nadie debe extrañar entonces que los órganos de control, los jueces, los simples asesores de campaña y las ONG tengan más relevancia política que una montonera de congresistas dedicados a hacer fila para llegar a la gobernación de sus departamentos.

El muerto al horno…

Los duelos, al menos los duelos públicos frente a la caja del muerto, se están haciendo cada vez más cortos y más indeseables. Hace unos años hacían falta galones de café para soportar, con los ojos abiertos, las horas lentas de la vigilia frente al cadáver y las pesadas visitas del pésame. Había tiempo para serenatas y un borracho soltaba siempre una frase que hacía olvidar el epitafio. Ahora los familiares del difunto prefieren llevar el cuerpo todavía tibio al horno definitivo. Y quienes aún deciden organizar una romería arreglan un pequeño circuito contrareloj sobre el cajón, amenizado por dos termos rasos de café para esa hora amarga.
Mucho menos se consiente el regreso a la tierra. Los sepultureros están dedicados a la jardinería. Deben cambiar su ceño abatido y su pala definitiva por un tanque de pesticida a la espalda. Alguno de ellos me dijo hace poco que el nuevo trabajo era menos tétrico pero más triste. Antes eran mirados con un respeto parecido al temor, y sin importar que vistieran en mismo uniforme pardo de los barrenderos la gente les prodigaba venias y pagos extras. Los sepultureros podían poner cara de sabios, al fin y al cabo ellos se codean todos los días con la muerte, y sus frases más gastadas eran oídas como sentencias.
Thomas Lynch, escritor y funerario en sus ratos libres, también se queja de la llegada de los sepelios express: “La presencia y participación del cuerpo humano muerto en su funeral es, como decía mi padre, tan importante como la de la novia en el matrimonio y la del bebé en su bautizo…Y si la muerte es considerada una vergüenza y un inconveniente, si los muertos son considerados un fastidio del que hay que deshacerse lo más pronto posible, entonces la vida y los vivos van a recibir el mismo tratamiento”.
Tanto Lynch como el enterrador que conocí en Campos de Paz lloran una vieja forma de despedida, imaginan una ceremonia más grave, más exigente: un vistazo de la primera palada de tierra sobre el cajón y no solo de la única cucharada de azúcar sobre el café; un cuerpo cruzado de brazos, indefenso al susurro de compasión y las memorias amables. Pero parece que ya no hay nada que hacer. Quienes quedan vivos eligen cada vez más dos horas de fuego para el cadáver que los desvela. Y ojala pronto. Colombia, un país experto en dañarlo todo mediante leyes, firmó una hace dos años según la cual los cuerpos debían esperar 24 horas antes del infierno real que entregan los hornos y necesitaban un ataúd para mejorar la cocción. Las cenizas se entregaban acompañadas de una muela de oro y cuatro tornillos de bronce del cofre. Y las familias comenzaban a enloquecer con un día completo de silencio de una tía que prodigaba cantaletas de semanas cuando estaba viva. Tuvieron que abolir la ley y dejar que la gente hiciera con sus muertos según su gusto.
Entre las ciudades del país, Medellín tiene el más alto porcentaje de cremaciones y el tiempo más corto de vigilias frente al cuerpo recién afeitado del recién caído. Cerca del 70% de los difuntos de este valle de lágrimas -el de Aburrá- terminan en cenizas. En Bogotá los cremados apenas llegan al 50% y en Cali no alcanzan el 40%. Se pueden intentar teorías sociológicas para explicar el reciente apego a ese rito hasta hace poco pagano. Pero parece que todo se debe a razones prácticas: escasez de tierra en los cementerios, alquiler de tumbas por una eternidad de apenas 4 años y el velorio como escenario para un nuevo ajuste de cuentas. Las vueltas que da la muerte: Medellín ha terminado quemando sus cadáveres según el mismo porcentaje de los países nórdicos.

La ley y el desorden

Nadie podrá decir que Colombia no ha buscado instrumentos jurídicos para intentar sacar del monte, o de los huecos blindados en fincas y ciudades, a guerrilleros, paracos y mafiosos a secas. Desde los decretos de sometimiento a la justicia que se dictaron en el gobierno Gaviria para la entrega de Pablo Escobar y su gente, en una negociación de tu a tu con el Estado, las reglas para acomodar el derecho penal a las expectativas de paz y las realidades de guerra se han repetido sin descanso.
Para no aburrir demasiado mencionaré las de la última década. La ley 782 de 2002 se encargaba de prorrogar un intento firmado en una ley de 1997 al que era necesario darle tiempo. Vale la pena señalar su objeto que se repetirá como un salmo de esperanza en todas las leyes de su estilo: “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.” Algún ocioso debería recuperar las sesiones en el congreso para ver repetidas las discusiones cada cinco años: renovada la vehemencia y las corbatas.
Luego, ya con los paramilitares conversados, vendría la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Se discutió largo y tendido para lograr un mecanismo más presentable que el machetero -perdón la expresión- proyecto de Alternatividad Penal que había propuesto el gobierno Uribe. Se trajeron expertos internacionales, habló la ONU, la OEA y con seguridad algo dijo Baltazar Garzón. Se logró acuerdo político en Colombia y se pasaron raspando los listones internacionales. La Corte Suprema y la Corte Constitucional terminaron de hacer los ajustes y la Ley recibió una bendición condicionada. Una bonita expresión adornaba los manuales de aplicación y los discursos: “justicia restaurativa”.
Pero los fallos de las Cortes dejaron por fuera de la “justicia restaurativa” a 19.000 combatientes rasos de las AUC. Y los muchachos amenazaban con volver por sus fierros. Se mandó un mensaje de urgencia al Congreso que muy diligente aprobó la Ley 1424 de 2010. El gobierno le montó los decretos respectivos y parecía que luego de 5 años la Ley de Justicia y Paz estaba completa. Pero no, ahora resulta que ya no sirve. Quedó mal hecha. O le pasó su cuarto de hora.
La Fiscal General presentará un proyecto para modificarla. Parece que solo busca agilizar las audiencias ya que apenas se han logrado 5 condenas en 6 años. Se investigan más de 46.000 delitos. Simón Gaviria tiene debajo del brazo un proyecto distinto para empujar la Ley. Roy Barreras tiene una reforma constitucional en su maletín para que el presidente pueda iniciar procesos de desmovilización con la guerrilla. Una comisión de reconciliación no se le niega a nadie. El gobierno recibe los proyectos con sonrisas y venias, quizá no sirvan para resolver los problemas pero si para levantar esperanzas e intentar una audacia.
Nos aburrimos muy pronto aplicando las leyes y nos dedicamos a firmar unas nuevas. Es más fácil intentar correcciones al marco legal que impedir que haya 15.000 inscritos en Justicia y Paz que llegaron desde el subempleo solo a cobrar un sueldo. O que más de 2000 hayan sido asesinados en las ciudades y 5300 estén de nuevo las cárceles. No creo que eso se corrija con filigrana legal y comisiones varias. Se necesita sobre todo algo de realismo, mucha fiscalía, plata y un Estado concentrado en los enormes líos de las viejas leyes y no en el brillo de las nuevas. Los congresistas, por su parte, deberían legislar más para el país y menos para el gobierno.

Lloviendo y haciendo sol

El gobierno Santos desconfía de la máquina a Diesel que mueve al Estado. Y nadie lo puede negar, tiene sus razones. En un intento por sacarle el cuerpo a esa “Corporación Mal Gobierno” con la que debe lidiar todo ocupante de la Casa de Nariño, nombra Altos Consejeros venidos del sector privado: un banquero para tapar los terraplenes rotos por el invierno, un antiguo dueño de supermercados para disminuir la pobreza extrema, un empresario de medios y político frustrado para luchar contra la inseguridad en las ciudades. Hasta ahí no hay mucho que reprochar. Solo un poco de escepticismo frente a esas oficinas con tres archivadores, una secretaria y un catálogo de buenas intenciones desde donde se mira con recelo a la mole burocrática, que a su vez mira con asco el cubículo de los recién llegados.
Pero eso no es todo. Para los diagnósticos de los grandes problemas el gobierno busca sus consejeros en las Organizaciones No Gubernamentales. Nadie niega que desde ese ángulo acostumbrado a la crítica se puedan lograr recetas interesantes. Lo peligroso es comenzar a gobernar bajo la lógica de lo no gubernamental. Hace poco un profesor de Oxford con conocimiento sobrado del país soltó una frase exasperada: “A este paso Colombia va a ser el primer país del mundo gobernado por ONGs”. Tratar al Estado como una especie de débil mental que necesita el apoyo y la guía constante de “asesores externos”, puede terminar por convertirlo en una máquina para firmar cheques e imprimir contratos.
Hace unos días se presentó el primer problema con las funciones otorgadas a una ONG. La Corporación Nuevo Arco Iris fue contratada por el Ministerio del Interior para hacer un diagnóstico de riesgos electorales en algunas regiones críticas. El tema no podía ser más delicado: señalamientos oficiales contra candidatos políticos de todos los partidos. Estaba en juego nada más y nada menos que la imparcialidad electoral del gobierno y los derechos políticos de muchos ciudadanos. Para nadie es un secreto que Nuevo Arco Iris jugó un papel clave en la política nacional de los últimos años, para ser justos hay que decir que fue un papel valioso. Pero es innegable que sus tareas como ONG tuvieron un claro sesgo político, incluso algo más: un fuerte y declarado activismo contra determinadas formaciones partidistas. Arco Iris no fue un juez en medio de la balanza, fue una más de las partes en contienda, desde una orilla bastante clara por cierto.
Como era lógico el informe terminó siendo un encarte para el gobierno. La Corporación hacía inferencias más allá de las permitidas a los órganos oficiales. Así que se guardó en un cajón mientras los partidos iban conociendo datos sueltos al ritmo de las filtraciones. Según algunos perspicaces Cambio Radical, con acciones privilegiadas en el Ministerio de Gobierno, tuvo acceso privilegiado a la tarea de Arco Iris. Es bueno recordar que en Venezuela la política se hace desde la descalificación de los candidatos por parte del partido de gobierno. Colombia no debe ni rozar semejante escenario. Además los mismos contratistas utilizaron su encargo pagado por el Estado para hacer divulgación periodística.
La Corporación Arco Iris no puede pretender tener juego político, ser un fiscalizador independiente, servir de contratista para el gobierno de unidad nacional y, además, usar los insumos de sus contratos para hablar en la prensa a nombre de cada socio por separado. Eso es lo que las señoras llaman, andar y repicar en la procesión.