Cuidar bachilleres

Los adolescentes se han convertido en un gran desafío para los gobiernos de nuestras ciudades. Las esquinas turbias y prometedoras enfrentan con ventaja al incierto laberinto de escalas que lleva de la casa al colegio y del colegio a la casa. Muchas veces aburrirse estudiando no significa solo una anotación en las libretas de calificaciones sino una marca en los expedientes de los jueces de menores. Mantener a los alumnos en el colegio es ahora un desafío que implica aceptar el desgano para evitar la deserción. Los profesores se quejan de un sistema laxo, casi una guardería de hombrones mal encarados y mujeronas acicaladas, donde quienes no quieren estudiar impiden el avance de quienes sí piensan en los cuadernos. El látigo de las calificaciones ha perdido autoridad y los manuales de convivencia son catálogos inaplicables.

En Medellín, durante el primer mes del año, más de doscientos menores pasaron por el sistema penal para adolescentes. Eso significa ir donde los jueces, recibir amonestaciones, un listado de reglas de conducta, libertad vigilada o, en el peor de los casos, terminar en centros de reclusión donde de verdad aprenden algunas habilidades para el negocio. Según datos de la gobernación de Antioquia el sesenta por ciento de los menores recluidos en La Pola, el centro de detención de jóvenes más grande de la ciudad, volvieron por sus fueros y sus fierros luego de cumplir el proceso de resocialización. Solo en Medellín cerca de dos mil quinientos menores pasan cada año por los filtros y los rodillos del derecho penal. Y se van moldeando para ser capos. Muchos que no tienen tanta suerte terminan en la morgue. Entre 2002 y 2011 el cuarenta y cinco por ciento de los homicidios en el Valle de Aburrá dejaron como víctima a un menor.

Nadie duda de los esfuerzos que se han hecho en Medellín para poner a la educación en el centro de las políticas públicas y las prioridades ciudadanas. Los colegios oficiales de la ciudad han tenido avances modestos pero constantes en las pruebas Saber y sus edificios se han convertido en orgullo de algunas comunidades. Es preocupante que luego de nueve años de una política continua ningún colegio público de Medellín esté entre los cien mejores del país mientras Bogotá tiene diecisiete, Bucaramanga siete y municipios cercanos como La Estrella, Envigado, Copacabana e Itagüí, tienen al menos uno. Pero quizá lo más grave es que los alumnos de los últimos grados sientan que sus esfuerzos para terminar el bachillerato no valen la pena, y que pierden el tiempo dedicados a la química mientras algunos vecinos ya tienen un plante de películas piratas.

Habría que pensar en algo parecido a lo que hace el estado de Minas Gerais en Brasil, donde las reformas educativas han sido innovadoras -bendita palabreja- y exitosas desde 1994. Lo más reciente que han hecho ha sido llevar la enseñanza técnica a los últimos años del bachillerato, de modo que soportar al profesor de filosofía tenga como recompensa una clase de mecánica para motos. Además, han decidido hacer depósitos semestrales en cuentas de ahorros abiertas a nombre de cada alumno, según sus logros y compromisos, para ser entregados una vez terminen su ciclo de estudios. El Estado les entrega cerca de tres millones de pesos a los graduandos como premio y estímulo. Una carnada que puede ser suficiente para escapar de la jaula que tienden los pillos. Hay que insistir en dar la pelea con más profesores que policías.