Justicia muy ordinaria

Algunas de las grandes discusiones del año han girado en torno a la severidad de las penas y los sacrificios posibles y deseables para lograr la paz. La justicia de excepción es una vieja regla entre nosotros y los debates alrededor del código en ciernes apasionan al país. La aritmética criminal es ya una de nuestras especialidades. Durante el siglo XIX se firmaron diez y siete amnistías generales y durante el siglo XX fueron apenas nueve. La mayoría de los jefes paras sometidos a Justicia y Paz que no fueron extraditados están pidiendo su libertad luego de ocho años de cárcel sin condena. Cumplieron con la pena máxima estipulada por la ley pero no se ha logrado emitir los fallos que pongan el sello estatal a la confesión y las investigaciones. Podríamos llamarlas penas primitivas de la libertad: un número de años de cárcel en un código contra una confesión.

Pero la justicia ordinaria también puede ser excepcional. Esta misma semana un juez de ejecución de penas de Valledupar le otorgó el beneficio de detención domiciliaria a Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre. El hombre es señalado como uno de los grandes capos de los combos en Medellín y dicen que llegó a manejar seiscientos hombres en Robledo y otras zonas de la ciudad. Hace veinte meses fue capturado y se logró imponerle una condena a nueve años de cárcel, muy similar a la máxima de Justicia y Paz pero sin grandes confesiones ni cabeza gacha. El acuerdo con la fiscalía incluyó el reconocimiento de los delitos de concierto para delinquir, extorsión y reclutamiento forzado.

Hace poco, también en Medellín, la policía mostró como un triunfo la captura de Fredy Alonso Mira Pérez, alias Fredy Colas. Las listas mágicas sobre mágicos que llegan desde los Estados Unidos lo señalan como un importante “underboss” de la Oficina de Envigado. Fredy Colas fue el segundo del extraditado Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián. Su poder lo ejerce en el oriente de la ciudad en Buenos Aires, Caicedo y Villa Hermosa. Unas horas después debió ser liberado por no tener una causa penal en Colombia. Su gran delito en el país es una vieja anotación por cargar unas pepas de éxtasis en el bolsillo en las afueras de una discoteca. En su caso la justicia se traduce en hostigamiento policial.

También para Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias El Cebollero, las cosas mejoraron hace dos años. Su condena por lavado de activos fue reducida a trece años y con seguridad no cumplirá los ocho que marcan el listón de Justicia y Paz. El Cebollero fue reseñado durante un tiempo como un hombre clave para La Oficina en el sur del Valle de Aburrá. Es inevitable pensar en Guillermo León Valencia como director de fiscalías en Antioquia cuando se hace la lista de capos citadinos con procesos endebles y penas magras en Medellín. Su caso se relaciona específicamente con beneficios a alias El Indio, pero su caso puede dar pistas respecto a los problemas para acusar a quienes se ubican en los grandes carteles de SE BUSCA, y a la hora de encontrarlos no se sabe muy bien el por qué.

Los negocios de los combos y los pillos en las ciudades son de sobra la mayor causa de violencia en Colombia, muy por encima de lo que ahora es dado llamar el conflicto armado interno, sin embargo la mayoría de estos delincuentes comunes siguen teniendo penas de justicia transicional. Ellos negocian al menudeo.