Algunas de las grandes discusiones del año han girado en torno a la
severidad de las penas y los sacrificios posibles y deseables para lograr la
paz. La justicia de excepción es una vieja regla entre nosotros y los debates alrededor
del código en ciernes apasionan al país. La aritmética criminal es ya una de nuestras
especialidades. Durante el siglo XIX se firmaron diez y siete amnistías
generales y durante el siglo XX fueron apenas nueve. La mayoría de los jefes
paras sometidos a Justicia y Paz que no fueron extraditados están pidiendo su
libertad luego de ocho años de cárcel sin condena. Cumplieron con la pena
máxima estipulada por la ley pero no se ha logrado emitir los fallos que pongan
el sello estatal a la confesión y las investigaciones. Podríamos llamarlas penas
primitivas de la libertad: un número de años de cárcel en un código contra una
confesión.
Pero la justicia ordinaria también puede ser excepcional. Esta misma
semana un juez de ejecución de penas de Valledupar le otorgó el beneficio de detención
domiciliaria a Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre. El hombre
es señalado como uno de los grandes capos de los combos en Medellín y dicen que
llegó a manejar seiscientos hombres en Robledo y otras zonas de la ciudad. Hace
veinte meses fue capturado y se logró imponerle una condena a nueve años de
cárcel, muy similar a la máxima de Justicia y Paz pero sin grandes confesiones
ni cabeza gacha. El acuerdo con la fiscalía incluyó el reconocimiento de los
delitos de concierto para delinquir, extorsión y reclutamiento forzado.
Hace poco, también en Medellín, la policía mostró como un triunfo la captura
de Fredy Alonso Mira Pérez, alias Fredy Colas. Las listas mágicas sobre mágicos
que llegan desde los Estados Unidos lo señalan como un importante “underboss” de la Oficina de Envigado.
Fredy Colas fue el segundo del extraditado Ericson Vargas Cardona, alias
Sebastián. Su poder lo ejerce en el oriente de la ciudad en Buenos Aires,
Caicedo y Villa Hermosa. Unas horas después debió ser liberado por no tener una
causa penal en Colombia. Su gran delito en el país es una vieja anotación por cargar
unas pepas de éxtasis en el bolsillo en las afueras de una discoteca. En su
caso la justicia se traduce en hostigamiento policial.
También para Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias El Cebollero, las
cosas mejoraron hace dos años. Su condena por lavado de activos fue reducida a
trece años y con seguridad no cumplirá los ocho que marcan el listón de
Justicia y Paz. El Cebollero fue reseñado durante un tiempo como un hombre clave
para La Oficina en el sur del Valle de Aburrá. Es inevitable pensar en
Guillermo León Valencia como director de fiscalías en Antioquia cuando se hace
la lista de capos citadinos con procesos endebles y penas magras en Medellín.
Su caso se relaciona específicamente con beneficios a alias El Indio, pero su
caso puede dar pistas respecto a los problemas para acusar a quienes se ubican en
los grandes carteles de SE BUSCA, y a la hora de encontrarlos no se sabe muy
bien el por qué.
Los negocios de los combos y los pillos en las ciudades son de sobra la
mayor causa de violencia en Colombia, muy por encima de lo que ahora es dado llamar
el conflicto armado interno, sin embargo la mayoría de estos delincuentes
comunes siguen teniendo penas de justicia transicional. Ellos negocian al
menudeo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario