Plomo electoral

Alguna vez dijo Manuel Marulanda que los fierros eran garantía necesaria para que el gobierno los escuchara. Eran los tiempos de las visitas multitudinarias a Casa Verde en La Uribe, una especie de Zona Veredal con inmunidad tácita que duró más de veinte años y servía como teléfono rojo para contactos gubernamentales y sociales con los jefes de las Farc. Los fierros no solo sirvieron para la atención del Estado y los intentos intermitentes de paz con al menos siete gobiernos. Fueron además un plomo desmesurado en la balanza electoral durante muchos años. Las Farc lograron con el terror y la intimidación un peso electoral que sus ideas nunca habrían alcanzado. Por oposición y repudio, por esperanza de paz y promesas, lograron ser un actor fundamental en al menos las últimas cinco elecciones presidenciales. Un pequeño grupo armado moviendo, muchas veces sin ser consiente, la aguja electoral de nuestra democracia.

Hasta el mismísimo Julio Cesar Turbay firmó al final de su gobierno una ley de amnistía por cuatro meses para los delitos de rebelión, sedición, asonada y conexos; además de nombrar una comisión de paz encabezada por Carlos Lleras Restrepo. Luego de un gobierno cercano a las juntas militares de la época, vio la necesidad de abrir una vía al diálogo. La opinión, en ese eterno vaivén entre guerra y negociación, comenzaba a pedir un poco menos de estatuto de seguridad. Belisario fue elegido en medio del revoloteo de las palomas y la negociación se convirtió en bandera. Ni siquiera luego de la toma del Palacio de Justicia dejó de intentar un acuerdo con las Farc que entregó el cruento ensayo de la Unión Patriótica. La UP elegía 14 senadores, pero los fierros seguían marcando por encima de sus hombres que daban la cara sin armas frente a las urnas.

Con Barco y Gaviria siguieron las negociaciones y se llegó a la desmovilización del M-19, el EPL, el Quintín Lame y La Corriente de Renovación Socialista. Las Farc siguieron siendo interlocutores en Tlaxcala y Caracas hasta el 9 de diciembre de 1990 cuando se votó para elegir delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente y se bombardeó la “embajada de las Farc” en Colombia. Pero las grandes influencias electorales de las Farc se inauguraron con la elección de Andrés Pastrana. Luego del triunfo de Serpa en la primera vuelta apareció la foto de Víctor G. Ricardo con Manuel Marulanda luciendo el reloj de campaña de Pastrana. La anécdota dice que el rollo con las fotos que cambiaron la campaña estuvo a punto de perderse en un río durante el regreso del asesor del candidato conservador. Alvaro Leyva fue clave en cuadrar esa cita y Serpa, que tenía la paz como bandera, sufrió el desplante de su vida. Tiempo después las Farc dirían que le cobraron tanta cháchara nunca concretada sobre un posible despeje en tiempos de Samper.

Luego de la burla en el Caguán por unas Farc que pensaban en el Monojojoy como ministro de defensa, llegó la hora de Uribe. En noviembre de 2001, un atentado durante un recorrido de campaña por Galapa, marcó el último día de encuestas con Uribe como tercero en la lista. Veinte días después del rompimiento en las negociaciones, en enero de 2002, Uribe ya era primero en las encuestas. En abril un segundo atentado contra Uribe en Barranquilla dejó tres muertos y al candidato como posible ganador en primera vuelta. Luego en mayo vendría Bojayá y Uribe fue elegido con el 54% de los votos. Enfrentar a las Farc era el mandato y se cumplió con una fuerza que opacó los muchos lunares presidenciales haciendo posible un cambio constitucional y un segundo triunfo en primera vuelta. Para ganar nos unimos hasta con el diablo, cómo decía el general Yanine Díaz a mediados de los ochentas.

Santos fue elegido bajo las banderas de Uribe y le dio a las Farc los más duros golpes militares durante sus primeros años. Luego vino la negociación y de nuevo el país elegía entre el combate cerrado o la paz en ciernes. La diferencia fue mínima en segunda vuelta. De nuevo las Farc eran el centro de la garrotera nacional.

Es tiempo de que Timochenko y su gente se prueben sin armas frente a los electores. Un momento para la condena o el desdén ciudadano, para comprobar la mención a tanto pueblo en sus banderas. Para que dejen de protagonizar nuestros debates electorales e intenten un lugar desde la minoría política que representan. Hora de probarse en las hostilidades del tarjetón.

Sillas parlamentarias

La democracia en la forma de un botín jugoso y transitorio será siempre una amenaza. No importa que el ofrecimiento sea una especie de condecoración, una medalla inútil y fugaz. La novedad y la escasez ambiente puede dar lugar a una rapiña desconocida por el honor que está en juego. La subasta de unas sillas parlamentarias en pueblos acostumbrados a levantar la mano durante meses para lograr una mirada, puede convertirse en una lucha con más riesgos y promesas que ventajas. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz fueron pensadas para dar representatividad a municipios en zonas de conflicto que nunca han tenido quién alegue por ellos. Las 16 zonas agrupan, según el proyecto gubernamental, 167 municipios en 19 departamentos, y elegirán un representante a la Cámara por cada circunscripción para los periodos 2018-2022 y 2022-2026.

Las alertas han comenzado a sonar desde la Fiscalía y la Misión de Observación Electoral (MOE). Ahora la pregunta es si sería preferible la acostumbrada carencia de representantes a obtener una especie de sobre representación que atraerá nuevos actores electorales e ilegales, y podrá exacerbar los muchos conflictos políticos y sociales existentes. Sin duda las regiones ganarán en ruido, pero no es seguro que lleguen las nueces. Un poco menos de 2’700.000 electores serán los encargados de escoger a los 16 Representantes a la Cámara en municipios que siempre hemos oído asociados a la coca (tienen el 56% del total de hectáreas en Colombia), a la minería ilegal (participan del 40% de ese mercado ilegal en el país), a la presencia del ELN (está en 59 municipios de esos municipios) y al dominio de Bandas Criminales Organizadas (actúan en 50 de ellos). Sin olvidar que son zonas donde las Farc tuvo presencia histórica y donde sin duda intentará tener influencia en la política que se inaugura. Los cabildos indígenas, los consejos afro, los grupos significativos de ciudadanos, las organizaciones sociales tendrán el riesgo de convertirse en franquicia de intereses de siempre (el partido Liberal fue el más votado en la mitad de esas circunscripciones en las elecciones a la Cámara de 2014) o en parapeto de organizaciones armadas o a medio armar.

¿Cómo se ganarán esas elecciones en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo, en Urabá, en el Nordeste de Antioquia, en los Montes de María, en los fortines cocaleros de Nariño, Putumayo y Guaviare? Los municipios con menos Estado y con la democracia más precaria y más influenciada por los poderes armados tendrán una de las grandes responsabilidades luego de la desmovilización de las Farc. Algunos municipios donde una tercera parte de los mayores de edad no tienen cédula y otros donde hay un puesto de votación por cada 2000 kilómetros cuadrados. Los datos más preocupantes entregados por la MOE hablan de la violencia social y política. Entre enero de 2016 y abril de 2017 se presentaron 56 homicidios, 69 amenazas, 30 atentados, 3 secuestros y 2 desapariciones relacionadas con violencia contra los liderazgos sociales y comunitarios en los 167 municipios señalados, más de una tercera parte de los hechos similares en todo el país.

Al menos esperamos que desde las ciudades y el gobierno central haya más atención sobre ese explosivo laboratorio político, y que la amenaza latente de armas y política no nos haga recordar viejas tragedias frente a nuevas esperanzas.

Pugilistas

La escena podría situarse en una de esas jaulas para los combates espectáculo que tienen gran audiencia en Estados Unidos. En una esquina está Donald Trump con sus 1.88 metros y su mano alzada para un juramento que es también un alarde de seriedad, la máscara de un niño que frunce el ceño. En la otra esquina está James B. Comey con sus 2.03 metros de estatura, la mirada al frente en la actitud de quien escucha un himno de guerra, un abogado en la postura de un militar (su abuelo fue policía) y la mano derecha en alto, abierta, pero en el fondo empuñada y dispuesta a dar un manotazo sobre la mesa tendida de la política en Washington. Las bolsas bajo sus ojos muestran que la pelea ya ha tenido varios asaltos.

Uno de ellos sucedió en el salón verde de la casa Blanca, el mismo donde arreglaron el cadáver de Lincoln. El round lo contó Comey en su declaración de siete páginas que algunos describieron como una pieza literaria. Dos edecanes militares dejan sobre la mesa las provisiones de dos hombres que se miran con una concentrada desconfianza. Acuden a un duelo silencioso, incruento por ahora. Salen los edecanes y se pronuncian las palabras dignas de esos enfrentamientos teatrales: lealtad y honestidad. Cuando el campeón de los pesados soltó lo que parecía ser una amable exigencia, Comey sostuvo el reto con la compostura de un pequeño y orgulloso Sheriff: “Yo no reaccioné, no hablé ni cambié mi expresión durante el incómodo silencio que se produjo. Simplemente nos miramos en silencio”. A comienzos de enero, cuando Trump era aún un campeón sin ceremonia de investidura, se había presentado una escaramuza. Comey fue llamado para recibir un abrazo en público, bajo la mirada de todo el escenario político de Estados Unidos, un abrazo que era también un golpe bajo y que se cerró con un susurro al oído que era también una advertencia presidencial: “Estoy ansioso de trabajar con usted”. Fueron en total nueve asaltos antes del K.O. desde la Casa Blanca, tres en persona y seis telefónicos. Al final de la desigual pelea Comey confesó en su declaración ante el senado que no había tenido el valor para plantarse frente a Trump desde el comienzo y revelar las presiones.

En esos combates muchas veces el enemigo es también una especie de reflejo. Parece increíble que Trump insulte a su contraparte con palabras como “showboat” y “grandstander”, que quiera acusar a un enemigo de ser grotesco en las muestras de su orgullo, de ser un exhibicionista que solo busca el aplauso. Comey se limitó a llamar mentiroso a un presidente que se ve falso cuando ríe, cuando piensa, cuando abraza a su esposa y cuando señala a la prensa y sus noticias falsas. Luego de este combate Comey se ha convertido en el retador más importante de las últimas décadas en Estados Unidos. Se plantó frente a los Clinton desde los años noventa cuando investigó algunos de sus negocios inmobiliarios. Luego investigó a Hillary por el manejo de información clasificada en su correo personal y calificó su conducta de “descuidad y negligente”. Once días antes de las elecciones pasadas la puso en cuestión y tal vez haya decidido el resultado. Antes había retado a George W. Bush y sus dos principales asesores jurídicos al negarse a firmar una autorización para ampliar las interceptaciones sin orden judicial luego del 11-S. Una escena de película frente a la cama de una unidad de cuidados intensivos donde los hombres de Bush intentaban hacer firmar al Fiscal General incapacitado por una pancreatitis. Comey sirvió como una especie de enfermero jurídico. Aunque luego fue más laxo con los métodos usados en Guantánamo. Ni siquiera Obama salió bien librado cuando contó que el Fiscal durante su administración le había propuesto llamar “problema” y no “investigación” la causa contra la señora Clinton.

James B. Comey es uno de esos antagonistas claves para la democracia, los periodistas y las películas.

Alcaldada por omisión

La semana pasada el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se negó a asistir a un foro para tratar temas relacionados con el acuerdo de La Habana convocado entre otros por la Fundación paz y reconciliación. Gutiérrez alegó que no le habían avisado que habría miembros de las Farc y remató con una frase para el aplauso en su ciudad: “No me voy a sentar en una mesa con Pastor Alape y otros cuando no le han cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y todo el dinero que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales y de todo lo que han hecho.” Afuera del hotel que servía de sede al evento unos treinta energúmenos, con sus carros parqueados a buen resguardo, gritaban consignas contra los carros de Naciones Unidas.

Sorprende la actitud del alcalde de Medellín que días antes del plebiscito le dijo al periódico El Tiempo que apoyaba el proceso de negociación y que votaría SÍ porque guardaba la esperanza de que se evitarían más muertos y víctimas. En ese momento el alcalde dijo que hablaba como ciudadano y que desde su administración no se impulsaría ninguna alternativa electoral. Pero sí hablaba como alcalde cuando firmó la carta que envió al presidente para que Medellín hiciera parte del Comité Nacional de Reintegración: “Nuestra ciudad tiene una magnifica experiencia en materia de reinserción y reintegración de excombatientes, así como en el desarrollo de estrategias para la construcción de paz que aún hoy se mantienen vigentes”.

Valdría la pena que alguien le aclarara algunas cosas al alcalde. Las Farc llevan más de 5 años en un proceso en el que están a escasos 10 días de entregar sus armas a Naciones Unidas. Esa entrega y sus plazos han sido convenidos por las partes y serán verificados. Respecto a la plata, hay que decir que es una exigencia del acuerdo y que solo en la medida que avance la JEP, y surta efecto el ímpetu y conocimiento de la Fiscalía, sabremos qué tanto han cumplido las Farc. Siempre sin mayores certezas por ser un tema de incertidumbres en guacas, cuentas y caletas.

Pero tal vez lo más importante sea plantear varias paradojas en la posición de Gutiérrez. La primera es querer hacer parte de una comisión de reintegración pero negarse siquiera a plantear diferencias sobre el proceso en un mismo escenario con miembros de las Farc. Debería aprenderle a su Secretario de Seguridad que trató con los desmovilizados de las AUC durante unos años. La segunda es que este proceso ha sido sin duda mucho más ordenado y pacífico que aquel que nos entregó una “maravillosa experiencia”. Según fuentes oficiales el 20% de los guerrilleros concentrados están en Antioquia. De ellos apenas 33 han salido de las zonas veredales: 14 se entregaron al ejército para programas de desmovilización individual, 5 fueron capturados y 14 se consideran desertores. En la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara solo 497 de los 860 combatientes entregaron un arma. Cuatro años después, 120 de ellos habían sido asesinados en el Área Metropolitana y 230 habían sido capturados. La verificación de la OEA solo llegó un año después del inicio del proceso. En el 2007 en Medellín vivían 3270 desmovilizados de las AUC y el 23% ya estaban por fuera de todo programa y contacto estatal. Más los que seguían picando aquí y allá. Don investigadores definieron muy bien el momento de Medellín hace 10 años: “la ciudad está experimentando una transición desde un modelo paramilitar que hacía usos de la criminalidad hacia una criminalidad que hará usos del aprendizaje paramilitar”.

 En ese momento nadie chiflaba los carros de la OEA y es seguro que Gutiérrez, como concejal, tuvo reuniones con jefes paras, mandos medios o reinsertados de base. No se entiende entonces por qué el recato de hoy. No todo puede ser misas campales y diálogos de acera con los tenderos.