Desenterrar un candidato

Hay que agradecer a los candidatos que persisten, a los viciosos del tarjetón y las promesas de la administración pública, a los que no se arredran a pesar de sus manchas y sus quemaduras. Gracias a ellos, aves carroñeras y migratorias de campaña, que solo aparecen cuando hay vallas y volantes, nos es dado recurrir a algunos datos viejos, desenterrar sus pasadas fechorías, recordar sus pifias y ahorrar un poco de trabajo. Luis Pérez se ha convertido candidato recurrente, fijo a pesar de lo flojo. Con su candidatura a la gobernación ajustará cuatro presencias en las últimas cinco elecciones regionales en Antioquia. Se ha inscrito en el 2000, 2007, 2011 y ahora 2015. Solo descansó y dejó descansar en 2003 cuando le era imposible ser candidato porque acababa de dejar la Alpujarra, que seguro él prefería llamar Palacio Municipal.

Ahora que el Estado decidió desenterrar la vergüenza criminal en La Escombrera vale la pena volver sobre el alcalde en los tiempos de las operaciones Mariscal y Orión. No es justo culpar a Luis Pérez de la problemática que se vivía en la Comuna 13 a comienzos de la década del 2000. Es seguro que su actuación en esos operativos militares y en la violencia paramilitar que se ejerció luego en muchos barrios del occidente de Medellín, excedía su poder y sus posibilidades. Pero algunos de sus dichos y sus actuaciones posteriores dejan claro el talante quien ahora pretende ser gobernador.

En su faceta más frívola Luis Pérez ha dicho que decidió a impulsar los operativos luego de la muerte de un joven, por una bala perdida, en el sector de Los Colores. La víctima era hijo de unos amigos del alcalde, y solo ese dolor personal en un barrio plano hizo que descubriera el drama que se vivía en las laderas. Luego de los operativos Pérez habló de una “gestión pública eficaz y transparente” y se atrevió a autodenominarse “el pacificador de la comuna 13”. El colmo del cinismo fue su afirmación luego de 10 años de Orión: “allá no quedaron ilegales”. 

 Cuando comenzaron a aparecer los horrores y las pruebas de las operaciones conjuntas entre la gente de Don Berna, policías y militares. El Pacificador se echó para atrás y aclaró que no había tenido ningún control sobre la toma militar. Mejor dicho, él se limitaba a firmar los decretos de toque de queda. Luis Pérez, experto en mentir, terminó escudándose en una cifra escueta: “En el primer año después de la operación Orión los homicidios en Medellín disminuyeron en 2.000”. En realidad hubo 1652 homicidios menos en 2003 con respecto a 2002. Luego de la operación se volvió a niveles de homicidios promedio en los años anteriores, no fue un avance, fue un regreso a la violencia acostumbrada.

Pero lo peor no fueron sus mentiras y sus aires de salvador y desentendido según viniera el juego. Lo verdaderamente grave fue que para la campaña de 2007 se alió con los paramilitares que convirtieron la zona en feudo, corredor, garita y cementerio. Se juntó con la gente de Don Berna para hacer política y montar una campaña de desprestigio contra Alonso Salazar que lo había derrotado en 2007. Lo dijo muy claro el fiscal 28 delegado ante la unidad nacional contra el terrorismo. Falsos testimonios, ventajas electorales en los barrios de domino paraco, declaraciones de Job, trabajo de la Corporación Democracia (brazo político de La Oficina), sirvieron para demostrarlo. Luis Pérez terminó, entonces, haciendo política y marrulla con los paras que se tomaron la Comuna 13 luego de la Operación Orión.

Es seguro que en esta campaña lo veremos de camisa blanca y pantalón de lino hablando con las familias de las víctimas en La Escombrera. Porque la desvergüenza es una de sus cualidades.

Partidos decapitados

Entre nosotros la mayoría de los políticos son en verdad oficinistas obedientes. Una de sus mayores cualidades es haber hecho la fila tras su jefe de filas. De modo que comienzan como almacenistas en un municipio medio o como secretarios de un notario o como toderos en una corporación dizque autónoma, y van mostrando la cara ante la clientela de siempre en tarimas de pueblo y barrio. Ese es su trabajo de fin de semana. La primera elección es casi siempre una especie de endoso que les entrega su padrino. “Hacerse contar” es la expresión solemne que repiten en esos días los primerizos. Y el carro blindado es su peculiar diploma de graduación.

Tres de los principales partidos en Antioquia exhiben para las elecciones de octubre próximo una singular orfandad. Tienen clientela, cargaladrillos, jefes supremos, supernumerarios y hasta electores que todavía votan a conciencia, pero no encuentran un candidato. Se empeñaron tanto en hacer de la política un ejercicio simple de mecánica, un trabajo de medianía para llenar planillas y reclutar familias, como si fueran vendedores puerta a puerta, que de un momento a otro descubrieron que tienen organigrama pero no hay a quién “exhibir” en la baraja del tarjetón. Si los comparáramos con las iglesias habría que decir que el aparataje para recoger diezmos hizo desaparecer al pastor y su sermón. Se dirían que están empeñados en hacer crecer el voto en blanco, los tarjetones no marcados y los votos nulos. Hace cuatro años un tercio de los votos a la asamblea en Antioquia quedó entre esas tres categorías.

Por vías distintas han llegado a esos extremos de candidatos inviables o invisibles. El Centro Democrático es el partido de una “sola sombra larga”. Tras Uribe todos son dependientes, mecanógrafos, cajeros, dactilógrafos, pasantes. Uribe ya usó su nombre para la elección de marzo pasado y el partido quedó en la inopia. Sacó el 20% de los votos para la Cámara de Representantes en Antioquia e hizo que los godos y la U perdieran la mitad de sus curules en esa corporación. Tiene un santo patrono que se ha convertido en estampa electoral, pero no tiene candidato a la gobernación. Tiene además a Fabio Valencia y a Luis Alfredo Ramos, especialistas en acarrear votantes, pero le dio pudor tomarle la foto a Liliana Rendón, y a sus 81 años Juan Gómez ya se marea en el helicóptero oficial, y Darío Montoya no saca votos ni en el Sena, y no hay más a quién decirle.

Los godos y sus cinco falanges han llegado al mismo punto por la vía extraña del ocultismo como estrategia electoral. Las grandes electoras son Olga Suárez Mira y Nidia Marcela Osorio, antiguas concejales de Bello e Itagüí, silenciosas por conveniencia u obligación que terminaron con el 10% de los votos conservadores en el país. Ellas dos decidieron que Eva Inés Sánchez sería la candidata a la gobernación. Doña Eva marca su hoja de vida con haber sido contralora de Bello, un trabajo que se parece mucho al de los guardaespaldas, pero no con armas sino con papelería. Hasta donde sé Eva es debutante en el paraíso de la política electoral.

El partido de la U es en realidad una cofradía tan variopinta, atada por la cinta de la burocracia, que entre sus miembros no hay ambiciones distintas a mantener la nómina. No saben si apoyar a Luis Pérez o a la despechada Liliana Rendón. Eso lo decidirán calculadora en mano.

Los partidos se duelen de que no se pueda, como en otras ocasiones, poner la equis sobre el simple logo. Los candidatos visibles son escasos… y estorban.

Balances democráticos

Grecia ha demostrado que las elecciones no pueden cambiar el mundo. Ha demostrado incluso que las elecciones no pueden cambiar los números rojos en los balances ni abrir las puertas de los bancos. El gobierno griego agitó durante tres semanas una consigna sencilla para oponerse al mundo frío, sin gestos, que lideran los alemanes y unos cuantos funcionarios impecables con sus estrellas amarillas sobre fondo azul: un simple NO fue el grito de batalla del deudor moroso frente a sus acreedores y socios. Obtuvieron el triunfo y agitaron sentimientos de dignidad y soberanía. La victoria simbólica de quien decide hacer lo que le viene en gana durante cinco minutos. Grecia, la cuna, defenderá sus pilares aunque su deuda esté cerca del 150% de su PIB. Hasta aquí llegaron los vivas de los exaltados admiradores del coraje de Tsipras frente a los desalmados.

Pero una cosas es contar votos y otra distinta contar plata. Grecia ha recibido cerca de 250.000 millones de Euros por parte de la Unión Europea en los últimos cinco años y sus números no mejoran. Ahora Alexis Tsipras, el primer ministro, tuvo que convertir el NO categórico en las urnas en un Sí con reservas menores. Los votantes se preguntan para qué sirvió tanto ondear de banderas y el saliente ministro de finanzas, Yanis Varufakis, apoyó la moción ciudadana con algo de sorna y resignación: “Bueno, quizás simplemente no deberíamos celebrar más elecciones en los países endeudados”. No se trata de maldad si no de realidad y política. En Alemania el partido de gobierno no está dispuesto a ser tratado de alcahueta frente a un país que la prensa popular retrata como un alumno mentiroso, corrupto y botaratas. Eso pasa en el centro donde se concentra el poder económico. En la periferia donde todavía hay problemas en las cuentas, Italia, España, Portugal e Irlanda no quieren que Grecia reciba mejores condiciones que las que ellos lograron hace unos años. Serían vistos como negociadores arrodillados e ineptos por sus votantes. Y tampoco quieren exprimir más lo fondos comunes que en un futuro podrían ser sus salvavidas.

Grecia vivió durante años entre un bipartidismo clientelista que hizo crecer y rotar una nómina estatal desbordada. Los partidos eran directorios de empleos, becas y subsidios. La creación en 1994 del Consejo Supremo de Selección de Personal (ASEP) como un intento desesperado para quitarle color político a los nombramientos públicos muestra el extremo al que se llegó. El gobierno de Constantino Mitsotakis que en los noventa intentó un poco de responsabilidad fiscal fue el único que luego de la caída de la dictadura no logró reelegirse. Los impuestos tampoco son el fuerte de los griegos. Se estima que la economía subterránea, que no deja registros ni facturas, mueve el 30% del PIB. Lo que los ciudadanos ahorran en impuestos lo gastan en sobornos para acceder a licencias, al sistema de salud, a becas educativas y a falsear declaraciones tributarias. Un estudio de Transparencia Internacional en 2009 dice que los griegos pagaron en promedio 1.355 euros en coimas durante el año.

Ahora Tsipras ha firmado unos compromisos muy similares a los que Grecia había asumido en 2012. Aumentar el IVA y los impuestos sobre gasolina, alcohol y tabaco, conseguir 50.000 millones en privatizaciones y tener auditoría permanente por parte de la Unión Europea. Sus partidarios lo repudian y sus rivales lo apoyan. Las angustias económicas pueden cambiar la política local, los entusiasmos populistas solo logran cambiar el orden de los bandos en las urnas.

Guerra circular

Los protagonistas del conflicto colombiano se renuevan constantemente en una cantera más o menos definida en cincuenta o sesenta municipios. Entran los jóvenes atraídos por un primer trabajo relacionado con la coca o por el gancho de una moto y un celular en las milicias, y salen luego de cinco o seis años cuando se han cansado de esa esclavitud en armas que solo deja miedo y enemigos. Eso si no encuentran una bala del ejército o de sus propios camaradas, o una bomba les cae del cielo. En los últimos cuatro años se han desmovilizado de manera individual 5.366 miembros de organizaciones armadas al margen de la ley. Un poco menos de 4 desmovilizados diarios. Cerca del 80% han llegado desde las filas de las Farc y un 20% han dejado las armas siendo menores de edad. En 2008 se dio el tope de desmovilizados individuales con una cifra que alcanzó casi los 3.500 combatientes.

Desde hace años vivimos entre guerreros que recién dejaron el camuflado. Les compramos los aguacates, nos atienden en el call center, los vemos caminar recién bañados luego de un día de albañilería. Muchas veces ni sus compañeros de trabajo lo saben. Seis de cada diez les ocultan a sus empleadores y colegas que estuvieron en la guerra. Ese supuesto honor de guerreros se convierte en una vergüenza y una carga en la civil. La mayoría de los desmovilizados individuales no solo no sufren una pena de cárcel, a no ser que les hayan probado delitos de lesa humanidad o tengan cuentas pendientes por delitos distintos a concierto para delinquir, sino que reciben ayuda social por parte del Estado durante siete años. Desde 2002 se han desmovilizado más de 17.000 guerrilleros de las farc, la gran mayoría no han pasado por la cárcel ni por guarniciones militares para purgar sus faltas. Según las cifras del gobierno las farc tienen actualmente algo más de 9.000 combatientes entre guerrilleros y milicianos. Hombres y mujeres en permanente proceso de recambio bajo el mando de unos pocos comandantes históricos.

Quienes claman por las penas de cárcel para la guerrilla de las farc deberían enterarse que a diario 3 o 4 guerrilleros son recibidos por el Estado con proyectos de trabajo y educación y no con los rigores de un juzgado y una celda. La impunidad que tanto dicen les duele en el corazón propio y en el del Estado se ha convertido en una especie de regla gota a gota de nuestra guerra. Solo que un círculo vicioso de coca, minería ilegal sumado a la inercia de un conflicto de cincuenta años le entrega al más vicioso de los bandos nuevos combatientes día a día, forzados en el mejor de los casos por las condiciones sociales e históricas de sus territorios.

El fin del conflicto supondría sobre todo un corte a ese circuito perverso entre desmovilizados y nuevos combatientes. De modo que el Estado pudiera dedicarse a ganar legitimidad en sitios donde casi siempre ha sido visto como enemigo. Para no tener que seguir siendo el eterno tutor de guerrilleros desmovilizados e impunes que se “gradúan” de ciudadanos con derechos luego de un “curso” de siete años en la Agencia Nacional de Reintegración. Tal vez valga la pena concentrarse en los posibles castigos a los jefes de las farc y ponerlos en la balanza con el sistema de guerra eterna  y perdón continuo a los guerrilleros de corto plazo que se producen en sus feudos. No puede ser que luego de atender a 57.000 desmovilizados en menos de 20 años sigamos jugando el papel de los jueces implacables.

Un proceso

Estados Unidos no necesita una prisión extranjera, un limbo jurídico y unos sospechosos de terrorismo con los ojos desorbitados para imponer penas sin pruebas y torturas sin límites. La cárcel de Guantánamo puede funcionar muy cerca de la corte de Nueva York. Los rigores judiciales y penitenciaros se ejercen en la propia casa, a sus ciudadanos y bajo uno el amparo constitucional que predica la libertad. En ocasiones las patrullas de policía, los juzgados menores y las celdas son rincones a los que no llegan ni el derecho ni la lógica ni la compasión.

Para Kalief Browder todo comenzó cuando fue señalado desde la ventana de una patrulla de policía por un hombre que lo acusó de robarle su morral. Tenía 16 años y caminaba en la noche con sus amigos luego de una fiesta en el Bronx. No tenían armas ni plata ni objetos robados. Eran solo un grupo de jóvenes negros recordando las mejores canciones de la noche. Pero un policía decidió que el robo había sido hacía dos semanas y que lo mejor era llevar a Kalief a la comisaría para aclarar los hechos. Entró a una celda pensando que estaría solo algunas horas mientras se hacían las averiguaciones del caso y terminó 33 meses encerrado en la cárcel Rikers Island, en Nueva York. Estuvo 800 días en una celda de aislamiento como si fuera un preso de cuidado y los videos de las cámaras de seguridad registraron los golpes, los abusos y la tortura a hambre a un menor de edad que se negó a declararse culpable: la única salida que le ofrecía el fiscal de la causa bajo amenaza de ser condenado a 15 años. Al final no hubo juicio, solo una tortura de tres años para un menor de edad que salió hecho un hombre colmado de paranoias y depresiones que lo llevaron al suicidio hace cerca de un mes.

Nueva York es una excepción en el sistema penal norteamericano al juzgar a jóvenes de 16 y 17 años como adultos. Cada año cerca de 30.000 jóvenes pasan por los rodillos del derecho penal y por supuesto el 70% son negros y latinos. Para ellos está casi asegurada la cárcel mientras se desarrollan los juicios, o incluso mientras se llega a la decisión de que no hay pruebas suficientes para un juicio, como le sucedió a Kalief Browder. Cinco veces se aplazó el juicio por parte de los fiscales mientras el acusado negaba su culpabilidad.

Para muchos este es un caso más significativo que el del joven Michael Brown asesinado en Ferguson en agosto del año pasado. Aquí no se trata de una decisión difícil que se toma por un hombre en un segundo, sino de una rutina que avalan policías y jueces en el sistema judicial de los Estados Unidos. Se puede decir que en este caso es patente el dolo de un Estado contra un ciudadano menor de edad.

The New Yorker, el rapero Jay-z y un candidato republicano a las presidenciales se interesaron en el caso de Kalief Browder y lo hicieron visible. De otro modo su velorio en su casa en el Bronx habría sido una más entre las reuniones silenciosas de familias negras en Nueva York. Nos hemos cansado de ver las películas, animaciones y denuncias sobre el abuso a los jóvenes en los regímenes totalitarios. Pero de vez en cuando los gringos entregan sus propias truculencias así sea con menos propaganda y menos semanas en cartelera.