Los protagonistas del conflicto colombiano se renuevan constantemente en
una cantera más o menos definida en cincuenta o sesenta municipios. Entran los
jóvenes atraídos por un primer trabajo relacionado con la coca o por el gancho
de una moto y un celular en las milicias, y salen luego de cinco o seis años
cuando se han cansado de esa esclavitud en armas que solo deja miedo y
enemigos. Eso si no encuentran una bala del ejército o de sus propios camaradas,
o una bomba les cae del cielo. En los últimos cuatro años se han desmovilizado
de manera individual 5.366 miembros de organizaciones armadas al margen de la
ley. Un poco menos de 4 desmovilizados diarios. Cerca del 80% han llegado desde
las filas de las Farc y un 20% han dejado las armas siendo menores de edad. En
2008 se dio el tope de desmovilizados individuales con una cifra que alcanzó
casi los 3.500 combatientes.
Desde hace años vivimos entre guerreros que recién dejaron el camuflado.
Les compramos los aguacates, nos atienden en el call center, los vemos caminar recién bañados luego de un día de
albañilería. Muchas veces ni sus compañeros de trabajo lo saben. Seis de cada
diez les ocultan a sus empleadores y colegas que estuvieron en la guerra. Ese
supuesto honor de guerreros se convierte en una vergüenza y una carga en la
civil. La mayoría de los desmovilizados individuales no solo no sufren una pena
de cárcel, a no ser que les hayan probado delitos de lesa humanidad o tengan
cuentas pendientes por delitos distintos a concierto para delinquir, sino que
reciben ayuda social por parte del Estado durante siete años. Desde 2002 se han
desmovilizado más de 17.000 guerrilleros de las farc, la gran mayoría no han
pasado por la cárcel ni por guarniciones militares para purgar sus faltas.
Según las cifras del gobierno las farc tienen actualmente algo más de 9.000
combatientes entre guerrilleros y milicianos. Hombres y mujeres en permanente
proceso de recambio bajo el mando de unos pocos comandantes históricos.
Quienes claman por las penas de cárcel para la guerrilla de las farc
deberían enterarse que a diario 3 o 4 guerrilleros son recibidos por el Estado
con proyectos de trabajo y educación y no con los rigores de un juzgado y una
celda. La impunidad que tanto dicen les duele en el corazón propio y en el del
Estado se ha convertido en una especie de regla gota a gota de nuestra guerra. Solo
que un círculo vicioso de coca, minería ilegal sumado a la inercia de un
conflicto de cincuenta años le entrega al más vicioso de los bandos nuevos
combatientes día a día, forzados en el mejor de los casos por las condiciones
sociales e históricas de sus territorios.
El fin del conflicto supondría sobre todo un corte a ese circuito
perverso entre desmovilizados y nuevos combatientes. De modo que el Estado
pudiera dedicarse a ganar legitimidad en sitios donde casi siempre ha sido
visto como enemigo. Para no tener que seguir siendo el eterno tutor de guerrilleros
desmovilizados e impunes que se “gradúan” de ciudadanos con derechos luego de
un “curso” de siete años en la Agencia Nacional de Reintegración. Tal vez valga
la pena concentrarse en los posibles castigos a los jefes de las farc y
ponerlos en la balanza con el sistema de guerra eterna y perdón continuo a los guerrilleros de corto
plazo que se producen en sus feudos. No puede ser que luego de atender a 57.000
desmovilizados en menos de 20 años sigamos jugando el papel de los jueces
implacables.
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