Vida domesticada

 

 

El veinte de septiembre de 1998 todos los canales de noticias de los Estados Unidos adornaban sus emisiones en directo con una franja de recomendación: "Les advertimos que lo que están viendo contiene explícitos detalles sexuales y no debe ser visto por los niños". Estaban transmitiendo en vivo el interrogatorio que los fiscales especiales le hacían al presidente Bill Clinton acerca sus diez encuentros físicos con la becaria Mónica Lewinsky. En un momento, un Clinton rendido y sudoroso soltó una de sus defensas: “Ustedes están yendo muy lejos en su intento de criminalizar mi vida privada". Luego del juicio se habló de una nueva era de transparencia informativa mientras el presidente decía que había ocultado sus relaciones “inapropiadas y erróneas” para proteger su intimidad.

La idea de la necesidad de una vida edificante por parte de funcionarios elegidos popularmente ganaba adeptos y Clinton perdía el 4% del apoyo ciudadano –seis millones de votantes– luego de las más de cuatro horas de interrogatorio. El aura de dignidad de los políticos, sus retratos sobrios y sus discursos sensibles, hacen que por contraste cualquier imagen por fuera del protocolo resulte escandalosa: sea una felación en la oficina presidencial, una fiesta con algo de alcohol y movimiento, el precio de una compra suntuosa, una dieta pasada de calorías y dólares. Se trata, en parte, de una venganza ciudadana, un escarnio para el desquite. Pero también de un uso político de la pacatería y un oportunismo moral para infligir daños electorales. De modo que siempre vale la pena preguntarse si resulta útil el exagerado celo sobre la vida privada de quienes ejercen el poder público.

Uno de los más grandes escándalos políticos de los últimos años en Gran Bretaña se dio luego de la filtración por goteo de la lista de gastos de decenas de parlamentarios. En mayo de 2009, The Daily Telegraph comenzó a publicar las filtraciones que llevaron a la renuncia del vocero de la Cámara de los Comunes –por primera vez en trecientos años– y condujeron a derrotas históricas a los laboristas y los conservadores. Fue más un asunto de indignación ciudadana que de causas criminales.

No hay duda de que los políticos tienen una menor protección de su derecho a la intimidad, el derecho “a ser dejado en paz” como lo llamaron dos investigadores norteamericanos en 1890 en un artículo publicado en Harvard Law Review. Pero tal vez algunos límites sean necesarios para evitar que el linchamiento mediático o vía redes termine por imponer que solo quienes viven bajo la moral social convencional pueden ejercer poder político. La llegada sin límites a la vida doméstica puede llevar a la obligación desproporcionada de una vida domesticada. Es necesario que haya indicios claros de que la vida privada puede influir en las obligaciones públicas, es justo que se pueda indagar por las aptitudes de un funcionario dados comportamientos íntimos cuestionables, incluso, se puede exigir alguna coherencia entre el discurso público y las conductas personales.

El debate ha regresado luego de que la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, fuera sometida a un linchamiento por la oposición luego de que se conociera el video de una fiesta bien movida en casa de unos amigos. La alegría es un impedimento público para algunos puritanos. La primera ministra decidió someterse a un test de drogas para despejar dudas y preguntas solapadas. Según algunos la canción que bailaba hacía una alusión velada a la cocaína. La relación tóxica de la sociedad civil con los políticos no llevará a un mejor gobierno sino a un peor debate, a la manipulación ciudadana y a unos dirigentes cada vez más turbios.

 

Reducción de daños

 

 

 

Hace un poco más de una semana México sufrió una jornada de violencia que dejó una curiosa discusión entre el gobierno, la oposición, los medios y la ciudadanía que sufrió el miedo durante tres días. Para el gobierno se trató apenas de una estrategia de “publicidad criminal”. López Obrador criticó a los medios “amarillistas” que mencionaron la palabra terrorismo para describir el asesinato de civiles, los carros y locales quemados, el llamado a toques de queda por miembros de los carteles y los pueblos sitiados en Baja California, Guanajuato y Jalisco. Para algunos académicos y parte de la oposición, el código penal deja muy claro que se trató de actos de terrorismo: acciones violentas para generar terror en la ciudadanía y demostrar poder bien sea frente al Estado o a sus enemigos. Quienes vivieron la violencia de cerca no entran en disputa por definiciones, solo quedan advertidos de quién manda. Las razones de los días de violencia no fueron del todo claras: ¿que la policía estuvo cerca de capturar a dos capos, que se anunció el traslado del jefe de los Mexicles a una prisión federal, que la mafia quiere dar un golpe de control con cierta regularidad?

El pasado mayo Colombia vivió casi una semana con actos de violencia e intimidación muy similares. Aquí se habló de 150 ataques en 119 municipios, 12 civiles asesinados y más de 80 vehículos quemados. Hubo escasez de alimentos por el cierre de vías y locales, y hasta un partido de la liga local no se jugó por temor del equipo visitante. El presidente Duque habló con el mismo tono que usó AMLO hace una semana: “Buscan generar intimidación a través de hechos aislados y atentados cobardes, que buscan tener maximización a través de redes sociales y medios de comunicación. Tratan de mostrar desesperadamente una fortaleza que no tienen”. También López Obrador dijo que eran ataques desesperados por la pérdida de poder de los carteles.

La lucha del Estado contra las grandes mafias, al menos en México y Colombia, parece convertirse en un asunto de percepción: los narcos ven por una mirilla, el gobierno entrega sus declaraciones con plantilla, las víctimas cuentan la tragedia y los medios registran lo que pueden. Usar la palabra terrorismo tiene grandes riesgos para los gobiernos, mucho más cuando se mira con atención desde los Estados Unidos. Minimizar es la estrategia. Desde hace tiempo los estados han perdido otras opciones. Los ataques sin un propósito puntual muestran sobre todo un control territorial incuestionable, una notificación a los gobiernos para que entiendan que proteger a la gente requiere un trato preferencial con la mafia, unas consideraciones especiales: “reconozcan nuestro poder y habrá mayor tranquilidad para todos”, parecen decir. Todavía se recuerda cómo hace tres años la captura del hijo del Chapo Guzmán desató el caos en Culiacán. La amenaza de una violencia indiscriminada contra los civiles hizo que el presidente diera la orden de liberar a Ovidio Guzmán: “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de unas personas”, dijo AMLO en octubre de 2019, luego de anunciar la libración.

La guerra perdida contra el narcotráfico, la tarea y los sacrificios impuestos por Estados Unidos, la imposibilidad de proteger a los ciudadanos y encontrar soluciones propias y efectivas, la pérdida de control en pueblos y zonas de muchas ciudades, ha hecho que poco a poco los gobiernos vayan encontrando formas silenciosas, omisiones convenientes frente a poderes asesinos consolidados durante años. Apaciguar y minimizar es ahora una forma de desobedecer el mandato absurdo de la guerra contra las drogas.

 

 

 

National pornographic

 

 

 

La escena es trágica y alucinante. Un niño indígena de unos tres años está parado en la acera, sobre el borde una jardinera, totalmente desnudo. Empina una botella plástica con un jugo Hit de mango para sacarle el último sorbo. Es el gesto de una publicidad, con la cara hacia arriba, el brazo en alto y la avidez para calmar la sed. Pero encarnado por este niño solo puede ser una imagen dolorosa. Por la acera, en la calle 10 de El Poblado, en Medellín, los turistas suben y bajan con sus sombreros recién comprados. El niño pasa desapercibido pero la pequeña tribu que lo acompaña reluce en medio del tráfico. Son unas quince mujeres de todas las edades, desde las ancianas pasando por las tres niñas de unos diez años que cruzan la calle cogidas de la mano, bailando al paso de un grupo que pide por sus saltos en el semáforo, hasta las bebés que van prendidas a la espalda de sus abuelas con un trapo anudado en la cintura. Las niñas indígenas bailan lo que suena, sus cuerpos responden automáticamente a esos impulsos callejeros. Desde el reguetón hasta el arpa llanera que afina un cantor ambulante. Parecen actuar para una versión étnica de La vendedora de rosas.

Desde hace unos meses el número de mujeres indígenas que recorren la ciudad llevando una vida callejera va en aumento. Unas trabajan en las aceras haciendo sus artesanías. Mientras ensartan y anudan las chaquiras, las niñas y niños lloran, duermen, comen algún mecato entregado por la conmiseración o simplemente miran el mundo recién descubierto que rueda sin descanso. Hace unos días vi a una madre y dos hijas sentadas sobre un inmenso tapete multicolor de chaquiras. Un reguero acababa de dejar ese cuadro que podría ser para un catálogo de Artesanías de Colombia, pero era una foto de dos desgracias superpuestas: la de su llegada a una ciudad enemiga e indiferente, y la del accidente de “trabajo” que dejó los adornos hechos un rastro irrecuperable en el camino de los peatones.

Todo esto sucede mientras en la posesión del presidente Petro los vestidos con alusiones al mundo indígena entregaban un simbolismo radiante y largamente aplaudido. “El top morado de Sofía, una de las hijas del presidente, estaba adornado con mini tejidos en chaquiras amarillas hechas por la comunidad embera chamí, que simbólicamente unen a todas las comunidades indígenas del país”, son las palabras de uno de los diseñadores políticos del momento.

La mayoría de las indígenas que llegan a Medellín son emberá que vienen de distintos resguardos en Chocó y Risaralda. Todas las autoridades hablan de desplazamiento por violencia en sus territorios y búsqueda de ingresos o atención Médica. Llama la atención que sean casi exclusivamente mujeres y niñas ¿Por qué no llegan los hombres si la razón del desplazamiento es la violencia?

La alcaldía tiene una gerencia étnica que no se ve por ninguna parte. En años de ver a las mujeres y los niños en la aceras jamás los he visto abordados por un funcionario. La administración de Quintero parece tener una idea idílica de semejante emergencia social: “Actualmente, cientos de indígenas originarios, que llegaron de otras regiones, viven en la ciudad. Muchos llegaron buscando oportunidades de acceso a salud, educación o trabajo e hicieron que la interculturalidad étnica fuera otra de las formas de diversidad que engalanan la ciudad.” Palabras publicadas por la página oficial de la alcaldía en la que también se habla de 105 “intervenciones” en lo corrido del año. Solo la mentira más burda y la indolencia podrían atreverse a publicar semejante aberración. National Pornographic es la marca ciudad de Medellín en la Feria de Flores.