Lecciones del narco

 

El 11 de diciembre de 2006, el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra frontal contra el narcotráfico. El ejército fue enviado a las calles y el gobierno prometió proteger a los ciudadanos de la violencia criminal. Durante los primeros cuatro años de Calderón en el poder fueron detenidas más de 120.000 personas vinculadas con los diferentes carteles. Al frente de la estrategia contra la mafia estaba Genaro García Luna, quien fue el Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio presidencial y era conocido como el “súper policía”. García Luna creó la Policía Federal y sus cifras le permitían, cada tanto, a Calderón decir que la guerra se estaba ganando. Pero la guerra se perdió en todos los frentes. Durante los seis años de gobierno fueron asesinadas más de 115.000 personas en crímenes relacionados con el narco. Uno de los principales cuerpos antimafia, el “incorruptible” Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), se convirtió en un centro de entrenamiento para los ‘Zetas’, el principal grupo sicarial de los carteles. La lucha entre capos llegó a las más horrorosa ostentación de violencia y los temores ciudadanos se multiplicaron. Por último, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos en 2019 acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa y colaborar con sus tareas.

El nueve de enero del próximo año comenzará el juicio contra García Luna ante una corte de distrito este de Nueva York. Se dice que recibió millones de dólares de la mano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La revista Forbes incluyó hace unos años a García Luna en la lista de los diez hombres más corruptos de México. Un honor que cuesta. Hasta hace unos días, la colaboración del exsecretario de Seguridad Pública al cartel de Sinaloa no era del todo clara a pesar de las 14.000 páginas de material probatorio que comenzarán a revelarse en 2023.

Esta semana la revista Proceso entregó un adelanto de la manera de trabajar del “súper policía”. La entrevista a un hombre de unos cuarenta años, único sobreviviente de un grupo llamado Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, deja claro el papel del gobierno como aliado de uno de los carteles emergentes. La guerra contra el narco, como se le llamó en México, era en realidad la guerra contra un narco en particular, contra el cartel de los Arellano Félix. Lo novedoso de la historia es que demuestra que los narcos no solo pactan y buscan colaboración de poderes estatales y policías locales, como se ha dicho tantas veces en México, sino que lograron poner sus fichas en la dirección de la guerra en su contra.

Ese grupo policial encubierto, conformado por al menos treinta policías que actuaban de civil, trabajaba en silencio, torturando y asesinando narcos, para lograr una tarea específica: atacar y diezmar al grupo de los Arellano Félix en Tijuana para que el Cartel de Sinaloa se apoderara de la región. Una casa en Sinaloa les servía como cuartel de torturas, allí “interrogaron” a más de cien miembros de los Arellano Félix. Según su testimonio, dado desde Las Vegas, Nevada, los miembros de la agrupación policial eran amonestados y sancionados cuando capturaban a hombres de ‘El Chapo” o ‘El Mayo’. Los hombres recibían órdenes del Secretario de Seguridad Pública.

Está claro, y Colombia también es ejemplo evidente, de cómo el Estado es incapaz de convertir a los narcos o someter a los carteles, y cómo en cambio, los grandes capos logran que el Estado les sirva como aliado en sus disputas internas. Los gobiernos pretenden ser jueces implacables, y se convierten en simples calanchines.

Consternación de Orión

En el año 2001 llegaron a Medellín más de 40.000 desplazados por el conflicto armado. Venían de municipios de Antioquia y Chocó, de la Costa Atlántica y el eje cafetero. La ciudad recibía una buena parte de la presión de la guerra. Pero no solo llegaban las víctimas, también la munición nacional se ensayaba en sus comunas y los mapas estratégicos se trazaban entre los barrios y los jóvenes. Y había una buena experiencia acumulada por los guerreros de los peores tiempos, dispuestos a tomar nuevos riesgos y ejercer el terror, las herencias de Escobar, bandas y combos que no habían olvidado sus poderes y sus destrezas y ofrecían franquicias al mejor postor.  

Luis Pérez, alcalde de esos tiempos, acababa de desmantelar la Oficina de Paz y Convivencia de la ciudad. Según dijo en su momento, no cumplía su papel y se prestaba para fines ilícitos. Pero su trabajo durante algo más de cinco años deja claro el tamaño y la dispersión de los conflictos en la ciudad, y la necesidad de un actor que acompañara los pactos barriales y el trabajo de las organizaciones por la paz. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Medellín: memorias de una guerra urbana, se habían hecho pactos y procesos de mediación entre 160 bandas que reunían a 3.000 personas en 86 sectores de Medellín. Eran los intentos de una paz parcial.

Pero tanto la alcaldía como la gobernación de la época querían más pie de fuerza. Veían en el recién llegado gobierno de Álvaro Uribe una oportunidad para tener más poder de fuego y más posibilidad de juego político. Medellín era un laboratorio nacional de guerra y la Comuna 13 el escenario para “probar finura”, un territorio en disputa luego de la hegemonía de Don Berna en casi todos los barrios duros de la ciudad. Entre 1980 y 2014 se desarrollaron 99 acciones bélicas en la Comuna 13, la segunda fue El Popular con 65 y la tercera Manrique con 53. La 13 era el borde más caliente de la ciudad.

El Bloque Cacique Nutibara, un invento de ‘Don Berna’ para acabar con las milicias y ganar su guerra frente a ‘Doblecero’, logró el apoyo de varios jefes de las AUC e incorporó a cientos de bandas de la mano de Daniel Alberto Mejía, ‘Danielito’, y Carlos Mario Aguilar, ‘Rogelio’. Se habla de una reunión de 300 líderes de bandas en una finca en Envigado para “filar la vuelta”. En Medellín, como ha dicho Gustavo Duncán, el paramilitarismo no necesitó la llegada de hombres del campo a la ciudad, aquí había suficiente mano negra, La Oficina era la encargada de unir a los proveedores.

Pero desde el campo si llegaron los refuerzos de la guerrilla para mantener su posición en una creciente guerra urbana. En febrero de 2002 se habían terminado los diálogos del Caguán y El Mono Jojoy había dicho que era necesaria una nueva fase en la ofensiva. Las Farc trajeron hombres de sus frentes 9, 18 y 34 para sostener su impulso en el occidente de Medellín, donde ya estaban las milicias del ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Todo estaba dispuesto para la guerra en la comuna 13. Y el Estado había decidido “trabajar” al lado de los paramilitares. El general Mauricio Santoyo, comandante del Cuerpo Élite Antiterrorista, más tarde reconoció su cercanía con La Oficina y las AUC. Guillermo León Valencia, jefe de fiscalía en Medellín, fue condenado años después por su apoyo a ‘Rogelio’ y otras ayudas. Más de 20 políticos antioqueños fueron condenados por relaciones con paramilitares. La IV Brigada y la policía fueron llevados de la mano por los paras en la “pacificación” de La 13. Luego de las ráfagas de hace 20 años, de las capturas injustificadas y las muertes a menores de edad, llegaron las desapariciones. Señalaban, tocaban las puertas, sacaban la gente. Todos los años Medellín juega con candela, su historia lo sabe.

 

Préndalo

 

 

A Joe Biden los años sesenta lo cogieron en la más plena juventud. Era un universitario veinteañero con el saquito sobre la espalda y las mangas cruzadas en el pecho. Estaba más en la fila de la pizzerías de moda que en la primera línea de los manifestantes contra la guerra de Vietnam en la Universidad de Siracusa. Alguna vez, según dicen los biógrafos maledicentes, amenazó con bajar del convertible que le había prestado su papá a una joven que osó prender un cigarrillo. Parece seguro que Biden no probó la marihuana. Pero todavía tiene tiempo, puede ser por vía tópica para los dolores articulares o por vía oral, con unas gotas de CBD para el insomnio, aunque parece que el señor no sufre de males de sueño. También podría arriesgarse como muchos de los mayores de 65 años en Estados Unidos que han llegado a la marihuana recreativa luego de la despenalización. Marihuana de uso adulto mayor.

En un pequeño canto a la bandera de la legalización, Biden acaba de decretar una amnistía para los gringos condenados, en una corte federal, por simple posesión de cannabis: “Nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana”, dijo el presidente. Pero nadie saldrá de la cárcel por la decisión de Biden. Las 6.500 personas que se beneficiarán con la decisión simplemente verán borrados sus antecedes, un obstáculo para conseguir trabajo, buscar un crédito o acceder a algunos servicios sociales. Quienes no son ciudadanos estadunidenses y estén en proceso de regularización no tendrán beneficios. La Green Card podrá ser negada para siempre para los que aspiraron. Y la decisión solo logra mirar hacia atrás: quienes sean sorprendidos fumando luego del 6 de octubre podrán enfrentar cargos ante los jueces federales. Se perdonan los humos viejos pero no se asegura nada para los nuevos. Además, la mayoría de las condenas por posesión fueron dictadas por la justicia estatal y seguirán vigentes. Volvemos a las decisiones simbólicas. Las cifras de Estados Unidos sobre arrestos son vergonzosas por inútiles, costosas, racias y otras yerbas. Desde 1965, casi 29 millones de estadounidenses han sido arrestados por infracciones relacionadas con la marihuana.

Cuando 19 de los 50 estados en Estados Unidos han legalizado el uso recreativo del Cannabis, la decisión de Biden parece una simple movida electoral frente a las legislativas que están a menos de un mes. Más del 70% de los menores de 30 años en Estados Unidos están de acuerdo con la despenalización de la marihuana. Solo cuando los ciudadanos domesticaron sus uso los gobernantes decidieron seguir la huella. Frente a los estragos de lucha drogas a la ciudadanía le toca empujar contra los prejuicios y los temores de los gobiernos y la mayoría de los políticos. Entre los gringos, tocó empujar a Clinton que fumó pero no la aspiró y a Obama que dijo con tranquilidad que aspiró porque de eso se trataba. La mejor muestra es que en senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, hundirá un proyecto de ley, aprobado en la cámara, que busca sacar al cannabis de la lista federal de drogas peligrosas. Todavía hoy la marihuana está en la vitrina de venenos que armaron los propagandistas antidrogas en los años cincuenta.

En Colombia no tenemos mucho que aprender de la reciente decisión de Biden. Se necesita más presión ciudadana que leccones desde el Norte. Incluso, sería suficiente una lectura juicios de la sentencia de la Corte Constitucional de 1994 que despenalizó el consumo y porte de la dosis personal de marihuana y cocaína. Tenemos letra y cultivos propios para una decisión nacional sobre el tema.

Make medallo great again

Durante el mandato del presidente Donald Trump la realidad sufrió un significativo desbarajuste en Estados Unidos. Nada resultaba confiable, los hechos desaparecían, los actos oficiales eran coreografías, las cifras de los científicos se borraban para “actualizar el lenguaje”, la historia se trucaba, la audiencia del gobierno se multiplicaban y los críticos se convertían en demonios con pasados siniestros. Trump hacía, luego de cada discurso, un ejercicio aterrador: se sentaba a ver su alocución sin volumen, solo revisando sus gestos y postura. Reconocía de algún modo que a esos minutos al frente de la pantalla se les podía poner cualquier discurso, solo necesitaba revisar su actitud, su rostro amenazante o burlón. Sabía que era una máquina reproductora de mentiras y debía funcionar para parecer creíble. La percepción era la realidad.

The Washington Post hizo cuentas de las mentiras de Trump durante su primer año de gobierno y encontró 2.140 declaraciones que contenían falsedades o hechos dudosos. Unas seis mentiras diarias en promedio. Un gobernante mitómano, con un equipo que repite sus teorías y “hechos alternativos, con una colmena de bots que repasa y empuja sus mentiras, con un discurso agresivo contra los medios de comunicación y una manera enfática de afianzar prejuicios entre sus seguidores, es un desafío contra la democracia y los ciudadanos.

Medellín tiene hace casi tres años un mentiroso compulsivo y cínico en la alcaldía. Un funcionario que combate los hechos en cada declaración, falsea las palabras de otros, se contradice sin parpadear, maquilla las cifras y esconde los poderes reales que lo acompañan. Daniel Quintero ha dedicado muy buena parte de su gobierno a calumniar al que se atraviese, a mentir sobre sí mismo y a construir teorías conspirativas a falta de un solo proyecto propio más allá de sus ambiciones políticas. Y ha señalado la prensa que intenta ponerle un cedazo a sus declaraciones: cinco veces ha recibido llamados de la FLIP por sus palabras contra diferentes medios. El alcalde es un embaucador que es capaz de mostrar los abucheos como aplausos.

En un libro escrito por Michiko Kakutani, llamado La muerte de la verdad, se describe el “kit del mentiroso” que cargaba Trump en su cabeza: “Sus entrevistas, sus discursos, sus trinos son una confusión selvática de insulttos, exclamaciones, fanfarronadas, digresiones, calificaciones, exhortaciones e insinuaciones: toda la artillería del matón para intimidar, hacer luz de pólvora, polarizar y buscar chivos expiatorios”. No se podría encontrar una mejor semblanza del alcalde de Medellín, un vendedor ambulante en su adolescencia que logró convertirse en un próspero empresario de tecnología y más tarde prefirió dedicarse al servicio público, como político independiente, para construir una sociedad más justa. Un pequeño perfil que ha ido armando y en el que se logran acomodar seis mentiras. También Trump creó personajes falsos que se dedicaban a promocionar sus logros como empresario.

En un trino durante el primer año el alcalde escribió: “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.” Quintero cada vez puede ocultarse menos detrás de su velo de progresista e independiente, de luchador contra los grandes poderes corruptos, de fundador de una ciudad caída. Su tiempo se acaba, su poder mengua, sus obras no existen, sus aliados buscan otros amparos, su desespero creciente lo pone en evidencia cada día. Hace poco celebró su tiempo en la alcaldía con el lema “Mil días, mil obras”, y solo pudo mencionar un puente de guadua y dos licitaciones en curso. Pero se veía feliz, se fingía feliz, con su puesta en escena.