Alertas tardías

Entre 2005 y 2006 se desmovilizaron en Córdoba y Antioquia el Bloque Minero y el Frente Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar. Cerca de 3.200 hombres y mujeres dejaron las armas en cumplimiento de los acuerdos firmados entre gobierno y AUC en Santa Fe de Ralito. Sin embargo, la lógica criminal no cambió en la región, se movieron algunos liderazgos ilegales, mudaron algunos nombres, se agregaron o se borraron letras a los brazaletes. Los desplazamientos forzados luego de la desmovilización muestran que las amenazas contra los civiles nunca cesaron.

Según la Unidad de Víctimas entre 2004 y 2006 más de 13.000 personas fueron desplazadas en los 6 municipios del Bajo Cauca Antioqueño. La consolidación de los herederos de los paras hizo que entre 2008 y 2011 la cifra de desplazados llegara a 29.000 personas. Para no hablar solo de Antioquia vale mencionar lo que pasó en esa misma época en un municipio como Tierralta que acaba de entregar una pavorosa escena de violencia. En 2010 se reseñaba la existencia de un barrio llamado La Invasión donde se habían asentado cerca 3.000 familias conformadas por desplazados y desmovilizados. Los habitantes de los municipios de esa zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba han vivido en una especie gira obligada que los lleva de las veredas a los cascos urbanos, de un municipio a otro o de los pueblos a las capitales de los departamentos.

Durante el último año y medio el ciclo se ha repetido con renovada intensidad. Medellín ha sido refugio de una buena parte de las familias expulsadas. Entre enero y noviembre del año pasado la alcaldía atendió a 5.200 personas llegadas desde municipios del Bajo Cauca. Entre enero y marzo de este año ya habían aterrizado en la ciudad 1.500 personas para buscar una pieza donde sus familiares, un refugio oficial o unos metros en las laderas. Pero Medellín al menos tiene posibilidades de atender a los recién llegados. Quienes llegan a Caucasia, centro económico de la región, tienen menos suerte. Las palabras del alcalde Óscar Aníbal Suárez pidiendo auxilio al gobierno departamental y central describen bien la situación: “Tengo en este momento 20.000 personas desplazadas registradas en el censo. Caucasia es el municipio receptor del desplazamiento de las comunidades vecinas. Tengo un sector de invasión donde hay más de 15.000 personas viviendo...” Más del 25% del total de desplazados en el país en año pasado salieron de los 11 municipios que comparten sus límites entre Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba.

Mientas tanto confiar en la autoridades se ha vuelto cada vez más difícil. El gobierno nacional no cumple los compromisos para la sustitución de cultivos y a cambio promete fumigaciones como las que llevaron al paro de más de 4.500 campesinos en 2008. La Alerta Temprana de la Defensoría para el sur de Córdoba del 25 de noviembre del año pasado solo produjo noticias menores. El enredo militar es mayúsculo: el nuevo frente 18 de las disidencias de las Farc se alió con los Caparrapos para golpear al Clan del Golfo. La ofensiva logró afectar a la gente de Otoniel quien decidió enviar “fuerzas especiales” desde Urabá. Pero el ejército no parece preocupado. Antes de la desmovilización de las Farc operaban en la zona la Brigada 11, las brigadas Móviles 16 y 24 y la Fuerza Contundente de Acción Decisiva (FUCAD). Ahora solo hace presencia la Brigada 11. Por parte de la policía la noticia es que hace un mes fue capturado el excomandante en Caucasia y jefe del modelo de cuadrantes en Antioquia por concierto para delinquir. Pero el gobierno sigue pensando que la fórmula mágica caerá del cielo.

Estado sin opción

En 2008 los debates políticos en Colombia y Venezuela se sincronizaron. A mediados de año Chávez y Uribe habían tenido una de sus tantas reconciliaciones luego de una de sus tantas descalificaciones. El arreglo se selló con las risas cara a cara y las palmadas en la espalda ante un cuadro de Bolívar en la península de Paraguaná: “Hay que retomar el camino…”, fueron las palabras comunes. Y es verdad que siguieron el mismo sendero. Chávez comenzó a apoyar la idea de Roberto Hernández, congresista y mandadero presidencial, de convocar un referendo con una pregunta muy simple: “¿Está Usted de acuerdo con realizar una enmienda a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que permita la reelección continua?". Luego de su única derrota electoral en 2007, cuando pretendía cambiar buena parte de la Constitución vía referendo, Chávez buscó revivir el articulito que le permitiría continuar en el poder luego de 10 años de mandato: “Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección como Presidente de la República”.

En Colombia en 2007, un congresista y mandadero presidencial, Luis Guillermo Giraldo, soltó una frase memorable: “ningún ejército cambia a su general cuando está ganando la batalla”. Con esas palabras comenzó a juntar la soldadesca política para promover un referendo que permitiera un tercer periodo de Álvaro Uribe. El gobierno se declaró indiferente como lo hizo Chávez en un primer momento. Pero en octubre de 2008, dos meses después de que se entregaron los cinco millones de firmas ante la Registraduría, un intrigante concepto jurídico apareció en todos los discursos oficiales: el estado de opinión. Uribe tenía algo más del 70% de popularidad y no estaba dispuesto a resignarse con ocho años, su plan hablaba de una Colombia renovada el 7 de agosto de 2019, en el bicentenario de la independencia. El 7 de octubre soltó por primera vez en un discurso su engendro político: “…un gran equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa, busca concederle, todos los días, más importancia a la participación ciudadana, le asignamos, desde el Gobierno, toda la importancia al control de opinión. El control de opinión que finalmente es el control que va a caracterizar en el desarrollo, presente y futuro, al Estado de Derecho”. Seis meses después el esperpento se había mencionado en 103 discursos, documentos y entrevistas oficiales, y Fabio Valencia, ministro del interior, ahora decía que al gobierno sí le interesaba el articulito.

Chávez logró su objetivo y a Uribe lo atajó la Corte Constitucional que hoy califica como burocracia judicial que ayuda a derrocar el Estado de Derecho.

Según la encuesta Datexco de abril pasado Uribe tiene un 38% de opinión favorable. Los días de los aplausos generalizados como jinete de ocasión han pasado. Pero ha comenzado a invocar de nuevo el “estado de opinión”. Un mandadero periodista tiene las planillas para convocar un referendo contra la justicia transicional y las cortes. Ahí están las dos obsesiones del senador: la justicia especial derivada del acuerdo con las Farc y la sentencia sobre dosis mínima. Uribe siente que esas dos banderas, “y el clima de descontento ciudadano que se está creando”, pueden volver a situarlo en el pedestal de la opinión. Busca dos salvavidas y una aguja para chuzar la “delicadeza” de su pupilo. Clama y languidece.  

Fallos de criterio

Hace 25 años, luego de la sentencia sobre dosis mínima dictada por la Corte Constitucional, surgió una reacción de rechazo casi unánime por parte de políticos y medios de comunicación. Indignación y pánico podrían ser las palabras para definir la forma cómo se recibió el fallo en ese momento. El presidente Gaviria, cerca al final de su mandato, habló de la necesidad de una Consulta Popular que limitara el artículo 16 de la Constitución. Carlos Lemos Simmonds, quien sería vicepresidente de Samper, soltó la frase que hoy habría sido un éxito en redes sociales: “Presumo que algunos necesitarán muchos gramos de mariguana, cocaína o bazuco para desarrollar su personalidad”.

Ahí está, creo, el primer equívoco que se ha mantenido durante más de dos décadas. Para muchos, el “libre desarrollo de la personalidad” es apenas la posibilidad de ejercer la mesura, la decencia y la cautela. Ese desarrollo es visto como un proceso de crecimiento personal, como el logro de unas metas sociales. Pero resulta que los individuos tienen derecho a lo que algunos llaman extravíos, y pueden decidir contra la ruta de las mayorías e incluso contra sí mismos. Nadie está obligado a ser ejemplo de virtud y sobriedad.

La segunda confusión que se mantiene es la imposibilidad de separar a consumidores y adictos. Viciosos es el término que los agrupa a los dos con mucho de desprecio. Una mirada que recuerda las notificaciones de los grupos de limpieza social. Hace 100 años en Estados Unidos estaba en boga la necesidad del “aislamiento y la cuarentena para quienes consumían habitualmente drogas narcóticas”. La drogadicción como una especie de contagio muy cercano a las enfermedades venéreas. Para algunos era otra “amenaza secreta” que debía ser extirpada y destruida. Algo parecido vemos hoy con el pavor a que los menores puedan ver a alguien consumiendo. La estrategia parece ser esconder cualquier referencia a las drogas, negar un mercado cada vez más omnipresente, dejar toda la información en manos de los jíbaros.

En la Unión Europea el 20% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años fumó marihuana en el último año. Y el estudio de consumo entregado la semana pasada habla de la “uberización” del tráfico en las ciudades. Ahora no se necesita salir a los parques o las esquinas para “mercar”. En Estados Unidos el 35% de los estudiantes del grado 12 fumó hierba en el último año. Y el gran debate electoral de hoy en Gran Bretaña surgió porque 7 de los 11 candidatos conservadores reconocieron haber consumido drogas ilegales. Es imposible proteger a los menores de las drogas escondiendo su existencia.

Pero tal vez el peor punto de nuestro debate sea la manera como se ignoran las evidencias sobre el consumo de menores en Colombia. Lo importante es vender la idea de una epidemia con el rostro ceñudo. Según el Estudio Nacional de Consumo en Población Escolar realizado en 2016, los crecimientos en los últimos 5 años son marginales. Los estudiantes, entre séptimo y once, que han probado alguna vez marihuana, cocaína, éxtasis o Popper pasaron del 12% al 13.4%. Incluso hay una reducción entre quienes consumieron en el último año. Por otra parte, el consumo de las sustancias a las que están más expuestos, alcohol y cigarrillo, se redujo de manera considerable. Tal vez las políticas de prevención pueden más que el prejuicio y el temor.

El último despiste tiene que ver con el reciente fallo. La policía conserva la potestad de perseguir la venta en espacio público y las autoridades locales pueden entrar a imponer reglas y restricciones. El fallo no es una invitación al consumo sino a lograr acuerdos de convivencia más allá de una prohibición general. Nunca sobra una restricción al libre desarrollo de la arbitrariedad en aras de acuerdos sociales más cuidadosos y menos rabiosos. 

Justicia a secas

La escena sucedió en diciembre de 2017, en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), en La Haya, ciudad severa y misericordiosa, sede de tribunales especiales y de togados de cientos de países, escenario de columnas sólidas y balanzas precisas. Un hombre oye su condena de pie, con su traje de corbata y unos audífonos que traducen la sentencia a su idioma. Mira al frente con el ceño rígido mientras el magistrado lee el fallo con voz monótona, como si prescribiera una receta para una enfermedad común. Luego del veredicto el ambiente formal y silencioso del tribunal, donde cada cual guarda una compostura casi sagrada, se ve sacudido por un grito y un extraño acto de histrionismo: “Slobodan Praljak no es un criminal de guerra, rechazo el veredicto”, inclina su cabeza hacia atrás y con su mano derecha se toma el veneno de un pequeño frasco, con ímpetu, con furia y determinación. El magistrado, todavía sereno, le da la orden de detenerse y sentarse, pero su cuerpo ya solo obedece al dictado del veneno. Sus abogados lo miran con curiosidad, el magistrado se queda unos segundos paralizado, con la boca abierta, como si fuera un espectador en una obra de teatro a la que fue invitado a última hora. Luego intenta seguir con el fallo a otros acusados. Pero ya todo es revuelo, ahora los magistrados auxiliares corren y hacen de médicos improvisados mientras el condenado se retuerce en el suelo, ya los defensores hablan en otro idioma y advierten que el el hombre ha dicho que bebió un veneno mortal. El juez ni siquiera logra terminar la frase con la que intenta suspender el juicio.

El suicidio de Praljak, escritor y director de cine y teatro, filósofo y general de las tropas bosniocroatas durante la guerra que desintegró a Yugoslavia, recuerda una frase cruenta de El mercader de Venecia: “(…) pues ya que reclamas justicia tendrás justicia, más de la que quisieras.” La condena a veinte años se convirtió en pena de muerte. Otros dos condenados por ese mismo tribunal murieron ahorcados en sus celdas de una forma más discreta. La frase de un juez en el drama de Shakespeare y las penas menguadas convertidas en penas de muerte, recuerdan el actual clima justiciero en Colombia. Desde muchas orillas se clama severidad, se grita firmeza, se mira a las celdas como única solución para el sosiego nacional. En El Mercader de Venecia un hombre reclama una libra de carne de su deudor, así lo dice su pagaré, no se le antoja recibir dinero a cambio, no está obligado a la misericordia. Quiere estricta justicia y respeto a las leyes de la ciudad. No le interesan los desagravios blandos. No quiere saber de las consecuencias de su derecho a esa libra de carne cercana al corazón, se impone la “tiranía del rencor”.

En Colombia solo un 20%, tal vez un poco menos, de los homicidios terminan con un condenado. Pero hay obligaciones que imponen el odio y la política. Hay acuerdos que no puede permitir la conciencia, “el instinto gobierna de tal modo nuestras pasiones que las lleva a decidir qué es lo que aman y lo que odian.” Se necesita un gesto de dolor, un veneno en la boca de los acusados, así sea más justicia de la deseada. Hay libras de carne que se han cobrado a cientos de excombatientes: es su cuota de sacrificio, dicen muchos con voz recia. Desdeñan las palabras en una historia hecha solo para la representación: “recuerda que en rigor de justicia ninguno de nosotros se salvaría: todos rezamos por misericordia y esta misma plegaria nos enseña a devolver los actos de misericordia.” Solo quieren hombres bajo la sombra.