Tronaron los mariachis

Cinco mariachis, sus pistolas de utilería convertidas en fierros, sueltan sesenta disparos en menos de veinte segundos. Javier Solis mira impávido desde su estatua de bronce mientras se cubre el abdomen con su sombrero. Seis muertos en la Plaza Garibaldi el día antes de la independencia de México. Cinco sicarios disfrazados de mariachis andando en tres motos, cascos negros a cambio del sombrero imposible. Y la frase sencilla de una señora que mira tras las cintas que tendieron los policías: “Mira ahí está, sangre, sangre, sangre…” Ciudad de México comienza a ver escenas que parecían hechas para algunos pueblos polvorientos: “esto no es Sinaloa”, se ha repetido muchas veces. Pero no hacen falta carteles, no son necesarios los patrones de los túneles y los afanes con las actrices, algunos barrios pueden entregar cortes menos suntuosas, alardes menos brillantes y ruidosos, pero los mismos delirios y la misma sevicia. Hace tres meses hubo un aviso: dos cadáveres a medio picar fueron dejados en la avenida Insurgentes ¿Bandas o carteles?

Cuando leí esa noticia de rancheras duras en la capital tenía una novela del escritor mexicano Yuri Herrera a mitad de camino. Trabajos del reino tiene como personaje principal a un cantor de corridos que ha vivido entre cartones toda su vida, una vida al sol, una vida de temores y reverencias en las cantinas: “Rondar entre las mesas, ofrecer canciones, extender la mano, llenarse los bolsillos de monedas”.  Al Lobo su papá le puso un acordeón en sus manos y le dijo: “Y abrácelo bien, que este es su pan”. Un día un patrón lo defiende de un borracho en una cantina, le exige que le pague su merecido y le da su merecido al briago. Lobo logra colarse en la corte del Rey traqueto, entra en su círculo y ahora es el artista y compone para todos en ese mundo que parece protegido. Solo una pequeña advertencia al entrar: “Aquí el que la riega se chinga”. Lobo envidia la gala de los músicos en el nuevo escenario, “sus camisas estampadas de espuelas negras y blancas y con flequillos de cuero”. Por los pasillos de Trabajos del reino desfilan el periodista, el joyero, el cura, cientos de niñas, los generales, el heredero, los traidores.

Ahora parece que las cortes de los jefes en Ciudad de México son más sencillas. Roberto Moyado Esparza, alias El Betito, fue capturado hace poco en la simple compañía de su hermano. Tenía diez mil dólares encima, unas 140 dosis de “Crystal” y una pistola. Es el jefe de la Unión Tepito, que ahora dicen es simplemente La Unión, y se enfrenta a la gente de El Tortas, líder de la banda Anti Unión, al parecer a quien iban dirigidos los sesenta disparos del 15 de septiembre. Todo parece muy sencillo, bandas contra bandas, ajustes de cuentas, capos sin aura reemplazados por otros menos curtidos con la ley.

Esas pequeñas cortes se multiplican por la Ciudad de México y muchas ciudades de América Latina. Los barrios pobres entregan vasallos suficientes, Tepito, Tláhuc, son los nombres que se mencionan hoy en la capital mexicana. Los mariachis, sean el artista en la novela de Yuri Herrera o los sicarios de la Plaza Garibaldi, tardan un poco en entender lo que entendió Lobo: “…Que ellos son unos hijos de la chingada, y que tú eres un payaso”. Antes se sentían familia y cuando se rompe el pequeño pacto el plomo viene de donde sea.

Para todos queda una estrofa final dedicada al Rey: “Unos te quieren huir / otros te echan montón / será porque a todos les diste / más que dinero ambición.”

Días de bautizo

El gobierno apenas comienza, el presidente Duque todavía está afinando la guitarra ajena, dando los primeros compases, soltando timos y advertencias. Definiendo el tono de sus talleres Construyendo País y presentándose con un whatsaap (3125300000) donde se puede denunciar a los jíbaros. Red de informantes 2.0. Sin embargo, las primeras puntadas definen bien el talante del gobierno, sus aires infantiles y achacosos al mismo tiempo, su propaganda juvenil y su bandera conservadora, el acento agrio y torpe de algunos de sus ministros.

Lo primero que llama la atención es que Marta Lucía Ramírez parece ser el ala liberal del gobierno. Sus declaraciones respecto al necesario impulso a la implementación del acuerdo con las Farc, su negativa a la posibilidad de convocar a un referendo para reformar la JEP y la línea divisoria que trazó entre el gobierno y el Centro Democrático, la sitúan en el “mamertismo” según el termómetro ideológico del partido del presidente. Ramírez incluso desmintió el exorcismo del padre Chucho como primer acto del gobierno.

Tras ella aparece la huella de los ministros sonoros. La ministra de justicia es la que más ha dado qué hacer. Pasó de la excelencia a la triste inconveniencia. Se le abona que tiene las intenciones de una madre preocupada, pero no queda más que reprocharle su audacia un tanto ridícula en el tema de la dosis mínima. Sacó el borrador de un decreto que busca restringir un derecho constitucional y sus declaraciones sobre adictos, consumo, certificados de los padres, derechos de los policías y defensa de los niños muestran el rebujo que hay en su cabeza y en su cartera. Pero no se contentó con los derechos de los consumidores y siguió con la tutela. Ahora platea restringir el acceso al principal mecanismo de defensa de los derechos en el país. Quiere ponerle requisitos de tiempo, de jurisdicción y de procedibilidad a la acción de tutela. No ha logrado entender que todos los jueces tienen competencia para resolver sobre derechos constitucionales, que no se puede convertir una herramienta extraordinaria (en todos los sentidos), en un proceso ordinario. La ministra de justicia comenzó con ganas de lograr algunos tachones sobre la constitución y la jurisprudencia de la Corte.

Cuando la señora Borrero descansa madruga el ministro Botero. Su primera intención es regresar a las fumigaciones con glifosato. El ministro de defensa habla como agricultor poco asoleado y comerciante curtido: “Yo les voy a contar mi experiencia como agricultor, yo no he conocido un mejor herbicida que el glifosato, no existe (…) El herbicida que se usa en Colombia es glifosato, usted entra a cualquier almacén y ahí está.” Los fallos de la Corte Constitucional tampoco importan en este caso y mucho menos los estudios internacionales que señalan la “asociación positiva” entre el pesticida y el cáncer en humanos. Luego, me imagino que de nuevo como campesino, dijo que las protestas sociales tenían que regularse y remató con la acusación según la cual dichas protestas eran financiadas por ilegales. Desde sus días en Fenalco ha insistido en las pérdidas que dejan esos “desórdenes”. Un discurso que recuerda los dichos una y mil veces durante el gobierno Uribe: “La protesta está infiltrada por la guerrilla”. Tanto se repitió eso en su momento que, por ejemplo, líderes de la protesta de los corteros de caña en 2008 terminaron tres años en la cana luego de señalamientos del expresidente. Ante la repetición del discurso un caricaturista de la época decía que al parecer la guerrilla estaba infiltrada por campesinos que protestaban.

Carrasquilla también ha entregado lo suyo a la comedia, pero casi siempre a nombre propio. De modo que los ministros hablan en la mañana y el presidente maquilla y pule en las tardes. Una regla, un lápiz rojo y un bisturí para hacer la cartelera de todos los días.

Consumo al tablero

En la discusión sobre el consumo de drogas por parte de escolares los datos suelen leerse como un insumo necesario para la alarma, unos números claves para la histeria, un justificante para hacer algo, lo que sea, una medida enérgica, un tranquilizante para los padres. Leer los datos con mesura será visto como una alcahuetería. Es necesario encontrar en ellos, a como dé lugar, como lo demostró el reciente artículo de la revista Semana, motivos para el pánico.

Sin embargo, el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar realizado en 2016 por los ministerios de educación, salud y justicia en compañía de la OEA, en el que participaron un poco más de 80.000 estudiantes de los grados séptimo a once de colegios públicos y privados del país, deja ver algunas mejorías, algunas cifras para la preocupación y algunas posibles claves para actuar más allá del grito en el cielo y la excitación gubernamental.

Lo primero es una disminución sostenida desde 2004 en las cifras de consumo de alcohol y cigarrillo. Las sustancias legales medidas en el estudio muestran que es posible mejorar con campañas de educación y controles. El tabaco es el caso más exitoso: mientras en 2004 el 23.8% dijo haber consumido cigarrillo en el último mes, en el 2016 la cifra cayó hasta el 7.6%. Los paquetes están en los mostradores y cada vez menos en las manos de los escolares. El alcohol, aunque el 70% de los estudiantes dijo se puede conseguir fácilmente, también mostró un reducción sustancial en el consumo: en 2011 casi la mitad (46.6%) dijo haber tomado en el último mes, en 2016 un poco más de una tercera parte (36.3%) dijo haberse encontrado con el chorro. Las diferencias entre departamentos, muestra que los problemas son muy distintos y por tanto las medidas deben serlo. Por ejemplo, Antioquia, Caldas, Risaralda y Armenia casi doblan en consumo a los departamentos de la Costa Atlántica. Algo similar sucede con las sustancias ilícitas por las que se indaga en el estudio.

Vamos a las drogas ilícitas o de uso indebido. Se les pregunta a los jóvenes si alguna vez en su vida han consumido alguna de las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o inhalables como Popper o Dick. El aumento entre 2011 y 2016 es del 1.4%, pasando del 12% al 13.4%, lo que no parece suficiente para decir que el consumo se ha disparado, tal y como se ha oído todos los días en las últimas semanas. Incluso cuando se les pregunta si han consumido algunas de esas sustancias en el último año se ve una pequeña reducción en los hombres (de 10.5% en 2011 a 9.7% en 2016) y un aumento moderado entre las mujeres (de 6.8% a 8.4%).

Se habla mucho del consumo de marihuana como sustancia que inicia a los jóvenes en el consumo. Pero los escolares que dijeron haber fumado moño en el último año no crecieron más de un punto porcentual entre 2011 y 2016, y cuando se mide si ese consumo implica un alto riesgo, el estudio muestra que apenas el 1.8% del total de escolares se encuentra en ese punto dado su nivel de consumo.

En cuanto al acceso a las drogas, un 70% dice no haber recibido nunca una oferta para probar o comprar. Lo que nos enseña que no se venden como golosinas en la puerta de los colegios. Un 19% dijo haber recibido una oferta semejante en el último año. Tal vez la mayor preocupación debería estar en la baja percepción de riesgo, ya que la idea de un gran riesgo por el uso frecuente de coca y marihuana, está muy cerca del riesgo que advierten por uso frecuente del cigarrillo, y no muy lejos del alcohol. Es claro que es necesario hablar más de las sustancias ilícitas, satanizarlas no es solución, hay que hacer palpables los riesgos con mejores herramientas que la lección de los policías en el baño del CAI. Tal vez la comprensión de lectura de medios, gobierno y opinión pública pueda también ayudar a mejorar los indicadores de consumo entre jóvenes.

Decretar la requisa

Desde hace 25 años los sucesivos gobiernos han pontificado, amenazado y legislado contra el fallo de la Corte  Constitucional que despenalizó la dosis personal en Colombia. Cesar Gaviria, el presidente sorprendido con la sentencia, habló de la necesidad de un referendo para volver a la prohibición. Los tiempos de Escobar apenas habían pasado y hablar de drogas sin penas era un despropósito. Fue más una postura conveniente que una intención cierta. Los políticos, como muchos fumadores vergonzantes, suelen esconder no sus humos, sino sus convicciones cuando estas no concuerdan con las mayorías. Luego, Samper mencionó la necesidad de una reforma constitucional que reafirmara el compromiso de Colombia contra las drogas. Sabemos que le hablaba sobre todo a la embajada de Estados Unidos. Samper tenía que hacer olvidar una entrevista vieja en la que habló de legalización y una campaña reciente en que se habían legalizado unos aportes.

Para sorpresa de muchos el gobierno conservador de Andrés Pastrana olvidó el tema. Las preocupaciones eran otras y fue un milagro que no se invocara a Nora y a los niños para tumbar esa alcahuetería. La llegada de Uribe marcó una verdadera obsesión con el tema, un ensañamiento, un vicio casi. En un principio pretendió un empadronamiento por parte de la policía para los simples portadores. Uribe, siempre tan organizado, quería sacar el carné del marihuanero expedido por la policía. Y pretendía, además, el tratamiento obligatorio para adictos. No es claro si eso incluía los electrochoques que impulsaba su vicepresidente. Luego de cinco intentos fallidos logró una victoria simbólica en 2009, una prohibición santanderista sin palpables consecuencias en la calle. Uribe insistió que al menos la reforma implicaba el obligatorio decomiso de la dosis por la policía. Santos se posesionó y para seguirle la corriente a quien todavía era su padrino, propuso una reforma al código penal para que el porte de la dosis dejara de ser excepción al delito de narcotráfico. Santos era un liberal de foros internacionales y un policía corriente en el Congreso.

Es el turno del joven Duque. Necesita mostrarse preocupado por la familia y los menores, requiere una pequeña pantomima. No importa la reforma constitucional que logró su apoderado, ni que el reciente código de policía traiga una prohibición expresa del consumo en espacio público y una clara sanción administrativa. La ministra de justicia dijo hace poco que la dosis mínima es una “protección a los adictos” y que quien no sea adicto está traficando. Quiere sacar el carné de adictos. La señora tiene sin duda los cables trabados.

El proyecto de Duque pretende no solo castigar el consumo en sitios públicos sino el simple porte obligando al decomiso de cualquier cantidad de droga, así sea un “cacho de marihuana”, como dice el presidente con lenguaje setentero. Las consecuencias serán muy sencillas. La requisa discrecional de los policías sobre “jóvenes sospechosos”. Un trabajo de Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín publicado por la Universidad de los Andes en 2013, mostró que las detenciones de la policía relacionadas con la dosis mínima recaen especialmente sobre indigentes y jóvenes de bajos ingresos. Los policías deciden cuáles consumidores son potenciales delincuentes o tienen un “alto grado de excitación” que justifica detenerlos. Los jóvenes de clase media o alta nunca terminan en los CAI para evitar problemas. Ahora los policías decidirán a quiénes requisan. Saben en qué bolsillo pueden meter la mano. Habrá requisa y decomiso para los jóvenes de bajos ingresos y una pequeña sobretasa para quienes muestren capacidad de pago. Pura economía naranja.