Cuentos irlandeses

Ya se han hecho comunes las fotos de Martin McGuinness en las presentaciones de los gabinetes con balanza electrónica en Irlanda del Norte. Una fórmula matemática, el sistema d’ Hondt, garantiza que los cargos de cada partido se ajustan a la representación en la Asamblea. La primera vez fue como ministro de educación hace 17 años luego del acuerdo de Viernes Santo entre diez partidos de signo contrario (unionistas y republicanos) y lo gobiernos de Irlanda y Reino Unido. La semana pasada apareció la foto más reciente acompañando a una joven ministra de justicia perteneciente al partido Unionista de Ulster, sus antiguos enemigos a muerte. Hace cuatro años llegó el momento para la foto más comentada de su vida pública como antiguo miembro del IRA y del Sinn Fein, su brazo político. La Reina Isabel II lo miró risueña con un traje verde de pies a cabeza que parecía ser un guiño en su visita a Belfast y Dublín. McGuinness, también risueño, le soltó un sencillo, “adiós y buen viaje”. Los archivos británicos dicen que en 1978 el mismo político ceremonioso del gabinete de Irlanda del Norte era el jefe del IRA que ordenó el asesinado de lord Mountbatten, primo de la reina. “Fue un encuentro bonito, y sigo siendo republicano”, le dijo después a la prensa el hombre del Sinn Fein mientras los miembros más radicales de su partido dejaban señales en los muros cercanos a su casa: “Judas”, “Traidor”, “Marty, cómo te atreves”. 

McGuinness habla de un enfrentamiento de ochocientos años con los ingleses para subrayar las dificultades de un acuerdo. Si uno quiere centrar el conflicto en la época contemporánea puede decir que duró cerca de treinta años y todavía tiene muchas cosas por resolver. Más de ochenta barreras separan a las comunidades en Irlanda del Norte, son los llamados “muros de la paz”, edificios de viviendas tapiados para separar barrios enteros han aumentado desde 1998. Pero la violencia terrorista y los grupos paramilitares de ambos bandos han desaparecido. Los grupos no han ablandado sus objetivos políticos y todavía hay recelo frente a la asimilación cultural entre protestantes “lealistas” y católicos republicanos. Las pequeñas diferencias culturales y simbólicas se resaltan con temor a una aproximación, a un parecido que pueda asimilarse a una derrota.

En el conflicto de Irlanda del Norte fue importante que un secretario de Estado británico bajo órdenes de Margaret Thatcher reconociera en 1989 que se podía contener al IRA, pero era difícil pensar en su derrota militar. De otra parte, la negociación entre partidos legales con la posibilidad de un acuerdo refrendado por los ciudadanos hizo pensar a los partidos aliados con paramilitares: “La capacidad física de continuar debe separarse de la capacidad moral y psicológica de mantener la lucha armada”.

En medio de las grandes diferencias entre los conflictos en Irlanda y en Colombia hay algunas particularidades que siempre acompañan a la lógica de la desconfianza. Un temor siempre repetido frente a los crímenes de lado y lado es que los comportamientos del pasado se repitan en el futuro. “Los adversarios no han aprendido nada del pasado: no han cambiado y no cambiarán”. Esa frase podría ponerse al inicio, en el medio y en el final de casi todas las negociaciones. Pero también el cansancio a la guerra y el estancamiento político que provoca se repiten muchas veces. En Irlanda la gente comenzó a rechazar a los partidos cercanos a los grupos paramilitares, y tal como sucede en Colombia, el mayor apoyo a la negociación vino de parte de comunidades cercanas a la “primera línea del frente”. Para quienes estaban protegidos de violencia por la segregación, casi siempre los más educados, fue más difícil “separarse de las tradicionales políticas de la intransigencia”. Algo similar a lo que sucede con el apoyo al proceso en nuestras ciudades.

Tal vez lo más importante fue que los partidos constitucionales, ajenos a la violencia, aceptaran que no solo los grupos armados tenían que abandonar las estrategias históricas de la obstrucción, y que para todos era necesario llegar a compromisos dolorosos. Se tardaron casi diez años. Esperemos que entre nosotros las fotos entre enemigos pronto dejen de ser un acontecimiento.

La Corte de espaldas

Es muy difícil santiguarse en privado y cruzar las manos en público, en actitud republicana. Separar el ámbito de las creencias religiosas y las labores oficiales que pueden incluso contradecir el fuero íntimo, es un reto que muy pocos consiguen superar. Es posible cambiar el hábito pero queda el monje de corbata tras la ventanilla o el escritorio: siempre habrá sesgos, inclinaciones, promesas, temores relacionados con las creencias. Afortunadamente no son muchas las ocasiones en las que el funcionario y el creyente encuentran un choque entre los deberes de su catálogo privado (libros sagrados) y los de sus obligaciones públicas (la constitución).

Esas dificultades hacen necesario que el Estado sea estricto y elocuente cuando encuentra un caso paradigmático para mostrar cómo deben resolverse dichos conflictos. Mucho más en una situación que pone en juego un símbolo “clave” de lo que hemos llamado el “Estado Social de Derecho”. La mayoría de Corte Constitucional decidió colgarse de un clavo al rojo vivo y sostener el cristo que desde su cruz preside las sesiones de la sala plena. En este caso era una decisión relativamente sencilla, se trataba de guardar las formas del Estado laico, de reafirmar un principio por medio de una decisión que en la práctica no tenía mayores consecuencias. Casi un asunto de modales democráticos. Es justo preguntarse por el sentido de las decisiones y las discusiones cuando contradecir un precepto religioso implica consecuencias palpables sobre los derechos de millones de ciudadanos de diversas creencias. Y es aquí donde no deja de ser paradójico el proceder de la Corte: se embrolla en un sencillo quiz constitucional y aprueba difíciles exámenes como las sentencias sobre eutanasia, aborto y matrimonio igualitario, donde enfrentó con valor a la iglesia y las mayorías católicas.

Las explicaciones de la Corte resultaron tímidas y confusas. Primero se habló de la sala plena como un espacio privado. Algo que resulta increíble teniendo en cuenta que hasta ese despacho pueden llegar todos los ciudadanos con sus acciones de tutela e inconstitucionalidad. Un recinto protegido, más no privado, para las más importantes decisiones públicas. Una cosa es el cristo en una toalla en la oficina de la vice procuradora Martha Isabel Castañeda y otra el crucifijo al que parece encomendarse el alto tribunal durante sus deliberaciones. Si son discutibles las cruces en las aulas de los colegios públicos (en 2009 el tribunal de Estrasburgo prohibió la presencia de cruces en los salones de colegios públicos) es bien difícil justificar su presencia en el espacio más importante del amparo constitucional.

De otro lado la presidenta de la Corte aseguró que el cristo tenía un valor “histórico y cultural” en virtud a los 17 años que lleva colgado de una viga. Parece que los criterios históricos de la Corte son de muy corto plazo y su tradición se divide en antes y después del cristo. De verdad parece más un juicio de decoración –cuando llegamos el cristo estaba ahí y nos parece que se ve bonito– que un criterio constitucional. Aquí el tribunal ha dado la impresión de querer ganar un pulso contra el empleado que radicó el derecho de petición más que resolver una pregunta de importancia para los ciudadanos. Cuando le preguntaron por el derecho a la igualdad, la presidenta respondió que en el futuro cada magistrado puede llevar su imagen venerada. O sea que ese desbalance de igualdad se podrá arreglar con la suma de una imagen de todas las creencias. A ese paso la sala plena se verá muy pronto como un ventorrillo pluriétnico y multicultural.

La mata que aguanta

Dicen los expertos en las cuentas oscuras que el mercado de la cocaína mueve 80 billones de dólares al año. En Colombia se cultivaron 305.000 toneladas de hoja fresca de coca en el 2014, cantidad suficiente para producir cerca del 70% de la demanda de clorhidrato de cocaína en Estados Unidos y un poco más del 30% en el mercado europeo. Sin contar con las cerca de 180 toneladas de cocaína que quedan cada año en manos de la armada, el ejército y la policía. El cultivo anual de hoja de coca en Colombia vale más o menos 250 millones de dólares, una bicoca. La mata, sea Tingo María, Caucana, Pajarito, Pinguana, Chiparra o Guayaba, es dura de matar y agradecida con sus cultivadores. Entrega en promedio 3.8 cosechas cada año y mueve el mundo de las trochas y los ríos en una Colombia que solo conocemos desde los satélites y las avionetas de fumigación.

En los últimos 20 años cerca de 400.000 familias rurales en Colombia han tenido relación directa o indirecta con la economía de la coca: cultivadores, raspachines, cocineros menores, cocineras de finca, acarreadores de insumos y hoja, vigilantes, mayordomos. Los últimos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dicen que cerca de 65.000 familias se dedican actualmente al cultivo de coca en Colombia. Son los chichipatos del negocio, quienes se rayan los dedos con el arbusto, se envenenan con los agroquímicos, se someten a la voluntad de los patrones y a las penas del Estado que los presenta como narcos. Ayer no más apareció un titular según el cual Estados Unidos podría pedir en extradición a cultivadores de coca ¿Será que reciben las 65.000 familias que ellos mismos ayudaron a contar?

Cada vez nuestros cocaleros se dedican menos a la cocina. El 68% vende directamente la hoja, sin transformación alguna, a cambio de un poco más de 1 dólar por cada kilo. Hace 10 años el 65% de los cultivadores participaba en algún punto del proceso de transformación. En promedio una hectárea entrega 4.700 kilos de hoja fresca al año y deja ingresos brutos por 5.500 dólares. El promedio de los lotes cocaleros en el país es de 0.66 hectáreas. Lo que demuestra por qué muchos cocaleros mezclan la coca con cultivos legales de subsistencia.

Pero el código penal no se pone con minucias en las cuentas ni se dedica a los detalles. Lo suyo es un rasero burdo y una pena pronta. En Colombia hay cerca de 23.000 presos por delitos relacionados con drogas. Es la principal causa de captura de mujeres y la cuarta para la captura de hombres. Tal vez los más inocentes sean los cultivadores de coca. Siempre capturados en flagrancia, siempre aconsejados por soldados, fiscal, defensor de oficio y hasta jueces a reconocer su culpa bajo amenaza de penas mayores. Seis años es la pena mínima para los cultivadores luego de una reforma realizada con el ceño fruncido del país entero en 2014. En los últimos 5 años se han presentado cerca de 2.500 capturas por cultivo, conservación y financiamiento de plantaciones de coca. Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta son los líderes y si pensamos que algo menos del 30% del cultivo está en resguardos y territorios comunitarios afros es fácil deducir quiénes están en las cárceles. En la cárcel de San Isidro, en Popayán, por ejemplo, hay 600 presos por delitos relacionados con drogas de un total de 3000 internos.

Se viene el postconflicto en tierras de la coca. Llegan las buenas intenciones y los mecanismos de siempre. Aparecerá la presión de las Farc jugando a la legalidad contra los nuevos actores de la coca. Esperemos que el Estado deje de creer que dará pelea con un tanque de veneno a la espalda y el código penal en la mano derecha.

Crisis guerrera

Hace 20 años se dio el primer secuestro de militares por parte de las Farc con el fin de presionar un “intercambio humanitario”. En agosto de 1996 cerca de 70 soldados cayeron en poder de la guerrilla luego de ataques en la base Las Delicias, en Putumayo, y en las selvas del Chocó. Luego vendrían los secuestros de políticos que sirvieron de epílogo a los diálogos del Caguán y el país se dedicó a recorrer una geografía de dolor a través de mensajes, cartas, libros y llantos por radio y televisión. Las liberaciones unilaterales, las fugas, los rescates exitosos y fallidos, los asesinatos a sangre fría coparon los espacios de los medios pasando de las simples noticias a los documentales. Las intenciones políticas de las Farc, la complicidad de gobiernos de izquierda y los operativos del ejército colombiano más allá de las fronteras convirtieron el conflicto nacional en un escenario para el pulso ideológico en la región. Los helicópteros de Brasil, los “buenos oficios” de Venezuela, el ceño fruncido del presidente ecuatoriano sirvieron de compañía al drama de los secuestrados. Por momentos el país parecía adicto al ciclo de tragedias y júbilos que dejaban los secuestros y las liberaciones.

Pero poco a poco la guerra fue marcando una diferencia de fuerzas y las Farc comenzaron a entender que habían perdido los refugios donde su arrogancia, sus humillaciones y su crueldad eran la única ley. El año 2008 marcó un quiebre indiscutible para la insolencia y el descaro de la guerrilla. El año comenzó con la liberación de Clara Rojas y Consuelo González. Las palabras del Ministro del Interior Venezolano, Ramón Rodríguez, a los guerrilleros durante la liberación eran suficientes para la indignación: “Estamos muy pendientes de su lucha, mantengan ese esfuerzo y cuenten con nosotros”. El tinglado con los vecinos estaba listo en todo momento. Luego vendría la gran marcha contra las Farc del 4 de febrero, tal vez la más grande y espontánea manifestación pública que ha visto el país y que tuvo presencia en 193 poblaciones. Al final de febrero las Farc liberaron a Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Eduardo Beltrán y Jorge Eduardo Gechem, la marcha mostró que la evidencia del repudio había llegado hasta los cambuches. Antes de terminar febrero llegó la captura de Martín Sombra en Boyacá y el 1 de marzo cayó Raúl Reyes en Ecuador. No había acabado ese mes cuando se conoció la muerte de Manuel Marulanda. En mitad de año vino el golpe maestro de la Operación Jaque y la fuga de Oscar Tulio Lizcano en compañía de un desertor. El año terminó con una nueva marcha en noviembre bajo la consigna “Libérenlos ya”, y con 45 guerrilleros muertos tras un bombardeo en el Caquetá.

Es muy difícil no ver un momento distinto para el país y su relación con las Farc luego de estos 8 años. Y no concebir posibilidades distintas al exterminio que plantean unos sin pensar en las víctimas futuras.  Además, en el camino llegaron las muertes en combates del Mono Jojoy y Alfonso Cano, los acercamientos entre Cuba y Estados Unidos, la debacle económica y social en Venezuela que ha desprestigiado la supuesta amenaza del socialismo del Siglo XXI. Las Farc anunciaron en abril de 2012 el fin del secuestro como arma política y la tregua unilateral que está cerca de cumplir un año ha traído las cifras más bajas en la intensidad del conflicto en cuatro décadas. Pero para algunos políticos y habitantes de las ciudades nada ha pasado, hace falta el fervor que provoca la rabia y el magnetismo que crea la venganza. Se olvidan que hace poco, en otra guerra negociada, dijeron que la mejor justicia era la paz definitiva. Se resisten a perder las ventajas que les entrega su enemigo histórico, a cambiar el miedo y la encrucijada de vida o muerte, por el sencillo desaire a las ideas de un contradictor. 

Promesas mineras

Desde las ciudades la minería es vista como un único demonio. Sea que la hagan ilegales en el río Sambingo, en el Cauca, o en las laderas de Buriticá, en Antioquia; sea que la muevan barcazas en Santa Marta o el largo tren carbonero en La Guajira. No importa que las siglas de quienes explotan las vetas sean de una multinacional o de una Bacrim, desde el hollín de las ciudades se percibe la misma destrucción y la misma riqueza en manos de unos pocos, así estén encapuchados o encriptados tras unos contratos casi siempre opacos. No extraña entonces que la delimitación de Santurbán sea una victoria para los universitarios en Bogotá y una derrota para los habitantes de Vetas y California en Santander. O que en Ibagué buena parte de la ciudadanía apoye una consulta, impulsada por el alcalde y una mayoría del concejo, para evitar proyectos mineros en las tierras del municipio.

 Pero es imposible negar que no pocos departamentos y municipios se han acostumbrado a economías mineras. Casanare, Meta, Guajira y Cesar reúnen más del 20% de su Producto Interno Bruto en la extracción de recursos no renovables. Su dependencia de las transferencias de la nación y los recursos del Sistema General de Regalías ha ido creciendo hasta hacerlos inviables sin el trabajo de los taladros, el estruendo de la dinamita y el trajín de los carrotanques y las volquetas. La Guajira, por ejemplo, solo logra el 12% de sus recursos con ingresos tributarios propios, la mayoría por impuesto al consumo de cerveza y estampillas. En 2014 los ingresos corrientes del departamento fueron de 65.593 millones de pesos frente a los 565.374 millones que ingresaron por regalías en los años 2013 y 2014. Si se mira el índice de dependencia de las transferencias y las regalías que ha construido Planeación Nacional, Casanare, Cesar y el Meta tienen incluso mayores necesidades de los ingresos mineros que la propia Guajira.

La pregunta más importante es qué tanto aportan los ingresos extraordinarios a las condiciones básicas de los habitantes en las zonas mineras. Una respuesta provisional acaba de intentar Fedesarrollo con un estudio sobre los 5 municipios guajiros (Albania, Barrancas, Uribia, Maicao y Hatonuevo) con influencia directa de El Cerrejón. Sobre los ingresos recibidos no hay duda. Solo en impuesto de renta El Cerrejón pagó en 2014 algo más de 200.000 millones de pesos y en regalías la cifra alcanzó 461.000 millones. La Guajira ha mejorado sus números gruesos en sus últimos 4 años, su índice de pobreza cayó desde el 69.8% en 2010 hasta 53% en 2014. Aunque sigue estando muy lejos de la meta de 28.5% planteada para 2015, y sus cifras solo son mejores que las de Chocó y Cauca. En ese mismo lapso de tiempo los 5 municipios bajo influencia de El Cerrejón mejoraron en cerca de 19% el Índice de Desarrollo Integral que mide Planeación Nacional basado en cumplimientos del Plan de Desarrollo, eficiencia en provisión de servicios de educación, salud y agua potable, y gestión y desempeño fiscal. Los municipios cercanos a El Cerrejón mejoraron más que otros municipios carboneros y petroleros con ingresos per cápita similares. Maicao fue el caso más destacado, logrando pasar de desempeño “bajo” en 2010 a “sobresaliente” en 2014.

Las mediciones también demuestran que los municipios no logran garantizar continuidad y calidad en sus servicios. Al momento de medir eficiencia todos tienen resultados decrecientes sin importar que los recursos sigan llegando. Derroche, debilidad institucional y corrupción son una constante difícil de cambiar. Los recursos mineros sirven para perpetuar malas costumbres administrativas y tumbar a muy bajo ritmo las condenas de la pobreza.