“Ese
man es muy parao”, me dijo hace unos meses un pillo en retiro cuando vio por
televisión al alcalde Federico Gutiérrez dando declaraciones por unas recientes
capturas. El hombre veía al alcalde como el más claro representante de su
contraparte y entendía su mensaje muy claramente, sus palabras corrientes, sus
dichos sabidos: “Con nosotros sí se jodieron”, ha sido una de las frases de
combate de Gutiérrez. Al alcalde le gusta lucir su placa de sheriff. Con
operativos y declaraciones se ha ganado “el respeto” de muchos bandidos: “Ese
pirobo se nos metió hasta por allá arriba”, me dijo otro maloso cuando le
pregunté por las calenturas de su barrio. El riesgo de ese despliegue de valor,
gestos y palabras es que el Estado termine convertido en un combo más, en otro
bando a los ojos de los calientes y de los ciudadanos ajenos a la criminalidad.
Las formas son una obligación del Estado para que las actuaciones sean
efectivas, para que los derechos sean respetados, para que no se impongan los aspavientos
personales sobre las obligaciones institucionales.
El
alcalde de Medellín no solo se encarga de liderar algunos operativos, también
hace las acusaciones vía Twitter o ruedas de prensa y termina frustrado y desencajado
cuando los jueces no toman las determinaciones según su rasero de justicia. Un
alcalde no puede ser policía, fiscal y magistrado, por muy parao que sea. Han
sido múltiples sus llamados de atención a los jueces por no seguir sus enérgicas
condenas. Hace unos meses les dijo con el tono del superior que guía a su
equipo: “O remamos todos para el mismo lado o nos jodemos”. Un juez acababa de
dejar en libertad a un joven acusado de un triple homicidio y capturado con
gran despliegue. Muy pronto las cosas quedaron claras en los expedientes. El
capturado en principio era inocente, había sido confundido y el señalamiento le
costó su empleo y lo obligó a salir de la ciudad. Razón tenía el presidente de
la sala penal del Tribunal Superior de Medellín cuando le respondió: “los
jueces no pueden remar para el mismo lado del gobierno, salvo que las pruebas
así lo indiquen”. Las palabras del alcalde pueden alentar los abusos policiales
y los linchamientos en las calles. Esas son consecuencias naturales del goteo
de declaraciones contra la justicia y sus formas.
Otro
de los riesgos de la política que cuelga un cartel de los más buscados y
celebra las filas de detenidos, es convertir las capturas en el fin último y los
operativos en espectáculos. El alcalde lideró hace unos meses un operativo
contra plazas en el Barrio Antioquia. Fue tal el éxito publicitario que unas
semanas después invitó al presidente Duque para que repitieran la pantomima. A
finales del año pasado la administración dijo haber capturado a 117 “cabecillas”
y más de 2600 integrantes de las 98 “estructuras criminales” que operan en la
ciudad. Es muy seguro que ni el 20% de esas capturas han terminado en condenas.
La semana pasada Gutiérrez mostró con orgullo las 322 capturas en Medellín. Las
21 estaciones de policía de la ciudad tienen a más de 1700 detenidos en
calabozos que recuerdan el transporte de esclavos. En un mes se presentaron dos
homicidios en la principal estación de policía de la ciudad. Muchas capturas y
mucho escarnio no son sinónimo de justicia. Cerca del 80% de los homicidios en
la ciudad quedan impunes. El asunto es más complejo que condenar capturados en
la fila de reconocimiento y señalar a los jueces.