Guantes negros

La caja del Chapo contiene provisiones para cerca de una semana y está dirigida a personas de la tercera edad. Arroz, frijol, azúcar, galletas, pasta, puré, aceite, papel higiénico y agua en botellas. Desde la última semana de abril se han entregado algunas tandas en el Área Metropolitana de Guadalajara. Las entregas las ha hecho Alejandrina, la hija menor del Chapo, y un directivo de su empresa comenta cómo buscan a los beneficiarios: “…hemos pedido en redes sociales que la gente nos refieran a personas de la tercera edad, no queremos equivocarnos y que llegue la ayuda donde no debe de llegar”. Tienen sin duda una base de datos bien depurada.

En el Zen, un barrio en las afueras de Palermo, la distribución de las ayudas la ha liderado Giuseppe Cusimano, el hermano dócil de Nicolo Cusimano, líder mafioso condenado hace más de diez años por tráfico de drogas y otras labores en el vecindario. Esta vez no se entregaron en cajas con la cara del benefactor sino en simples bolsas de plástico. “Las compras se realizaron a través de la asociación Santo Pio a la que pertenezco. Si tratar de hacer el bien para mi vecindario significa ser un mafioso, entonces yo también lo soy”, le dijo Nicolo a la prensa con su mascarilla bien puesta.

A mediados de abril una camioneta fue detenida en la frontera italiana con más de medio millón de euros en efectivo. Era conducida por hombres vinculados a nueve grandes familias de la mafia calabresa. Los billetes venían de un país de lo que llamábamos la Europa Oriental. La liquidez es ahora la gran ventaja de la mafia y su idea de reinventarse. Está muy claro que es hora de invertir. El líder de un grupo recién creado por la fiscalía italiana para monitorear el papel de la mafia en la reactivación lo dice muy claro: “Debemos tratar de evitar que el déficit de liquidez, que en este momento puede afectar a empresarios y grupos de ciudadanos, sea financiado por organizaciones criminales a través de la usura o la toma de negocios completos.” Las tasas de usura callejera han comenzado a bajar para captar nuevos clientes. Las cifras oficiales dicen que lo que entre nosotros se conoce como el gota a gota tiene ahora un 10% más de clientes. La mafia ya maneja negocios de suministros médicos, limpieza y clínicas y hospitales, funerarias, transporte de alimentos a las ciudades y al parecer cada vez tendrá mejores intenciones e inversiones en los hoteles y los restaurantes, los sectores con mayores urgencias. Roberto Saviano, una especie de biógrafo de la mafia italiana, autor de novelas y crónicas de Camorra, mira desde su confinamiento hacia las playas más cotizadas: “¿Quién volverá a comprar los complejos turísticos de la Côte d'Azur o de la Costa del Sol, devastados por la crisis del turismo del 2020?” Según Saviano las mafias tendrán mayores acciones en los escenarios del Jet Set y en los callejones de los barrios populares: “El verdadero Estado del bienestar en las periferias lo están ejerciendo las organizaciones criminales”.

Los historiadores retroceden cuarenta años para intentar un perfil de las posibilidades del poder mafioso en medio de la pandemia. En 1980, el terremoto en Irpina en el sur de Italia, dejó grandes daños en Nápoles y la mafia fue una de las principales protagonistas de la reconstrucción. Y si se van hasta los estragos de la peste de cólera en 1884 llegan hasta una frase que se hizo famosa entre la mafia naciente de la época: “El cólera es mejor que la salud”. Los mágicos manejaron parte de la plata de la época para “rehabilitar” la ciudad.

¿En qué andarán nuestras mafias, cuáles serán sus ideas y sus negocios, hacia dónde llevarán sus contagios? Es hora de mirar nuestra recuperación económica más allá del IVA.

Nuevos acechos

Los nuevos derechos reivindicados durante la pandemia tienen al Estado como principal beneficiario. No son en realidad derechos ciudadanos sino prerrogativas para las autoridades civiles y policiales. El lenguaje y las acciones de algunos mandatarios han invertido la concepción de los derechos para convertir su limitación en una indispensable protección del “valor supremo de la vida”. Los héroes, los salvadores, los providenciales siempre encarnan un riesgo. Sus primeros milagros se reciben con aplausos, pero muy pronto llegan nuevas amenazas, reales o imaginarias, y entonces aparecen nuevas obligaciones para responder a sus “esfuerzos”. Los protectores en el poder cada vez demandan mayor compromiso y lealtad. El mandato ciudadano también se altera y ahora se trata de la obediencia ciudadana. El momento excepcional posterga las minucias legales, “los tiempos que corren no admiten los pequeños caprichos”.

Hace unas semanas el alcalde Medellín habló del “derecho a saber que estuve con alguien contagiado… Podemos alertar a alguien que tuvo contacto con un contagiado”. Ese derecho le entregaría poder al gobierno local de imponer entrega de información personal y familiar para autorizar el derecho al trabajo, el poder de integrar cámaras de seguridad a los locales comerciales para autorizar su apertura. Además, habría otros “nuevos derechos”. Por ejemplo, encerrar un barrio entero e impedir el acceso a la prensa: “Te estamos protegiendo, a ti y a los habitantes del barrio”, justifica el discurso oficial con tono maternal.

Ahora, Claudia López ha salido también con un nuevo derecho digno del Estado terapéutico: “No dejarse aplicar la prueba está prohibido cuando hay una pandemia... El esfuerzo que estamos haciendo es grande y nadie se puede negar al cuidado y el testeo”. Ahora no solo se trata de la imposición de entregar información sobre la salud sino también de someterse al poder “curativo” del Estado. No somos individuos, somos una sociedad amenazada, un rebaño sin inmunidad ante las decisiones benignas y justas de los mandatarios. El solo cuestionamiento a esas cargas resulta ser un atentado al “valor supremo de la vida”. Dudar y preguntar también es contagioso y puede tener consecuencias terribles. También se invierte la carga de las responsabilidades, los gobiernos se juzgan por sus buenas intenciones y quienes cuestionan deben asumir las posibles tragedias causadas por la desconfianza y el virus.

En El Salvador el presidente Nayib Bukele impone castigos por fuera del código penal. Treinta días de arresto en compañía de delincuentes de todo tipo en un “campamento carcelario” por violar la cuarentena. En Colombia se esposa y exhibe como si fueran delincuentes a quienes no cumplen el confinamiento. Las sanciones del Código de Policía ahora incluyen el escarnio público. Y los abusos policiales son azuzados y aplaudidos por muchos ciudadanos que quieren el castigo para tranquilizar el miedo y la ansiedad. La alcaldesa de Bogotá sufrió en su propio pico y cédula la extensión de esos nuevos derechos. La fiscalía decidió abrirle una causa penal por mercar a destiempo. La Fiscalía, según parece, elige quiénes merecen una multa y quiénes un proceso. La Corte Suprema tuvo que corregir el abuso.

La vida siempre está en vilo, y los riesgos se multiplican y la tiranía salubrista hace una buena yunta con los poderes de la burocracia y la vigilancia. Lo advertía Luis Tejada en su canto a la mugre: “Empezarán a disminuir progresivamente las libertades individuales más amables y justas, como la de fumar, la de escupir, la de besar a nuestra mujer sin enjuagarnos antes la boca con dioxogen”.

El Sinaí

El barrio creció peleando contra el río hace cerca de cuarenta años, robando un poco de orilla con escombros, juntando historias de violencia y desplazamiento desde el oriente de Antioquia, desde Chocó y Córdoba. Un barrio plano entre las laderas, un asentamiento de alto riesgo con algunas cualidades envidiables. Un pueblito de callejones como lo describen los vecinos en la comuna 2 de Medellín. Un barrio con gallera y con unos indicadores de pobreza altos en una comuna con carencias por encima del promedio en la ciudad. Un barrio cercado por un río, dos quebradas y una calle principal. Ni siquiera un barrio, según los mapas oficiales, apenas un sector dentro de un barrio: El Sinaí.

Hace cerca de dos semanas la alcaldía de Medellín detectó un brote de coronavirus en El Sinaí. Se habla de 42 casos activos y 140 pruebas en espera de resultados. El pasado domingo 31 de mayo comenzó a rondar el rumor de que “los iban a encerrar”, más tarde, ya en la noche, rondaba era el helicóptero de la policía. En unas horas las siete cuadras del Sinaí sobre la carrera 52 estaban cercadas por unas vallas blancas y un cordón de policías y soldados con fusiles. Dos carpas, a manera de puertas de ingreso al “pueblito”, eran regentadas por funcionarios de civil con trajes anti fluidos y órdenes perentorias. Unos jóvenes acostumbrados a la música en la calle y el saludo de todos, comenzaron a soltar sus quejas por la “estigmatización”, por la “encarcelamiento”, por la medida inesperada y para ellos arbitraria: “Nos están tratando como delincuentes en nuestras propias casas”. Un parlante, un micrófono y cuatro veinteañeros fueron suficientes para que se triplicara la fuerza pública y llegara el ESMAD. Soldados, carabineros, policías de a pie y antidisturbios contra el Coronavirus y contra 3.000 habitantes de un barrio “desobediente”.

Al comienzo la idea era contener el virus creando un gueto dentro de la ciudad. Los habitantes de El Sinaí no podrían salir en 15 días y como parte de pago por el encierro les dejaron algunos mercados con lentejas, garbanzos, arroz, aceite y papa. El pico y cédula no aplicaba y solo los exceptuados e inscritos en la plataforma Medellín Me Cuida tendrían la puerta abierta. Vendedores ambulantes de la orilla del río se estrellan contra el Valle del Software. El control solo se ejerce en la periferia, ahí se dan las fumigaciones y la vigilancia: “La valla vale más que la vida”, dijo un señor del barrio en el desparche de la tarde. Los chiveros están encerrados, las verdulerías cerco adentro con sus productos podridos, las basuras en las esquinas de los callejones y los posibles clientes de la venta ambulante ahora los miran con todo el recelo. “Covidosos”, les gritan desde la frontera. Las protestas lograron que se autorizara la salida con pico y cédula. La prensa no puede entrar: “Los estamos protegiendo”, dice el tono maternal de la funcionaria encargada de las puertas.

Las medidas parecen más un ejercicio de castigo contra una comunidad vulnerable, contra un barrio señalado y geográficamente fácil de cercar. Un barrio donde la gente vive afuera, donde las casas son para dormir y las calles son el espacio natural para el juego, la conversación, la fiesta y el comercio. La calle es el único patio. Y también parece un ejercicio aleccionador, para entregar una advertencia a barrios vecinos y mostrar una actitud enérgica.

La administración recién llegada, que al enrejar se dio cuenta que no había 400 sino 600 familias, cree que la desconfianza de la gente tiene que ver con las críticas a algunas de sus medidas. Creen que el mundo comenzó el 1 de enero de 2020, llevan la ignorancia y el engreimiento de los “descubridores”.

Ajustar las cuentas

En Medellín la violencia tiene lógicas que responden muy poco a los esfuerzos institucionales. Las altas y las bajas en el número de homicidios se suceden sin reparo en el color político o la estrategia de seguridad de las diferentes alcaldías. Se podría decir que “las oficinas” deciden y las administraciones intentan descifrar, encauzar, aprovechar los inestables equilibrios que aparecen de vez en cuando.

El domingo se cumplió exactamente un año del pacto entre dos facciones criminales que han mantenido enfrentamientos intermitentes en el Área Metropolitana desde hace al menos quince años. Ese pacto, luego de un encuentro propiciado en la cárcel La Picota, hizo que los homicidios en la ciudad cayeran de una manera sustancial a partir del primero de junio del año pasado. El corte en las cifras parece hecho con regla y bisturí. Luego de un abril y mayo con setenta y cinco homicidios mensuales se pasó a un promedio de cuarenta asesinatos por mes hasta diciembre. Con ese acuerdo la administración de Federico Gutiérrez logró frenar el crecimiento continuado de homicidios en su cuatrienio. El resultado del pacto se ve muy claro en las cifras del año completo. Entre junio de 2018 y mayo de 2019 se presentaron en la ciudad 678 homicidios; mientras entre junio del año anterior y el pasado 31 de mayo a la cifra fue de 439. Son 239 homicidios menos que significan una reducción cercana al 35%. En el 2020 la reducción ha sido más considerable, marzo con 24 y abril con 21 han sido los meses con menos homicidios en décadas, y en los primeros cinco meses del año ya tenemos 153 asesinatos menos que en mismo periodo de 2019. No ha sido solo cuestión de cuarentena, marzo con penas una semana de confinamiento tuvo la mitad de homicidios que mayo con encierro de 31 días decretado. Las lógicas de los capos y los sicarios no responden al virus y la cuarentena.

En Medellín, durante cada administración, se habla de acuerdos institucionales con delincuentes. Hemos oído de la Donbernabilidad durante la alcaldía de Fajardo, del montaje para vincular a Salazar con Memín, un bandido que decía haber apoyado su campaña, del Cebollero y sus dichos sobre supuestos aportes a la campaña de Gaviria y de los acercamientos de Gustavo Villegas, secretario de seguridad de Gutiérrez, con alias El Viejo para lograr tranquilidad en algunas zonas. La alcaldía de Quintero también tuvo una primera seña de esos supuestos contactos. Un documento oficial de abril para organizar entrega de ayudas a las familias en los barrios hablaba de “contactos con grupos ilegales que controlan el territorio para articular la atención territorial”.

Parece imposible que las administraciones no se topen con el poder ilegal. Ellos manejan parte del Presupuesto Participativo, la “protección violenta”, entiéndase extorsión, que se ejerce en el 70% de la ciudad, una parte del comercio legal, la aplicación de la cuarentena y meten la mano en las elecciones de las Juntas de Acción Comunal y en la contratación de los trabajadores de las obras públicas. Es inevitable la paradoja del combate y el contacto. Los pactos pueden darse por acercamientos y posibles negociaciones de sometimiento o por presión policial sobre capos y sectores. El Estado en este caso se convierte en actor secundario sea por ejercer la fuerza o propiciar aplomo.

Los protagonistas siguen siendo los mismos, herederos de Sebastián y Valenciano, gente de Tom y Douglas que intentan acordar límites y negocios: por un lado, la alianza conducida por la gente del Norte, Chatas, Pachelly y demás; por el otro, los “hijos de la oficina”, gente de La Terraza y bandas de Sabaneta e Itagüí. El número de homicidios todavía dependen de las mismas letras.