Mandos a medias

 

La ciudad se ha ido acostumbrando a esa jefatura compartida, a los cobros y los servicios que llegan un día con el membrete oficial y al siguiente con el sello inconfundible de “los muchachos”. Los patrones han ido aprendiendo un poco de las formas institucionales, los ciudadanos hemos incorporado dos códigos para la obediencia o la queja, y los gobiernos locales buscan siempre un difícil equilibrio, unas veces evitan a su competencia ilegal, otras complementan sus oficios y en algunos casos no pueden más que enfrentar sus mandos. En las calles ejerce el gobierno de la cámara de seguridad y el del parche de la esquina, el de los folletos de Jóvenes en Acción y la acción en los parches, el del aguardiente de la FLA y el guaro “estampillao” por la banda.

En el 2013 Don Berna explicaba los necesarios ajustes de las autodefensas para ejercer un mando más “tranquilo” en Medellín, para ajuiciar a los jóvenes desmovilizados y regular las dinámicas barriales más complejas que los frentes paramilitares: “En esos barrios hay mucha pérdida de tejido social, mucho vicio. Necesitábamos un ente que regulara la situación. Por eso se crea La Oficina, porque no podíamos entrar con la rigidez de la Autodefensa, se necesitaba un ente más laxo…” Don Berna conservaba incluso algo del lenguaje insurgente de sus viejos tiempos en el EPL. El aprendizaje ha sido largo desde las épocas en las que la alcaldía de Medellín competía con algo de desventaja frente al “Medellín sin tugurios” del capo, los convites oficiales y las reuniones de Escobar se hacían a lado y lado del morro de basura en Moravia.

Un reciente estudio llamado Gobierno criminal en Medellín, liderado por el profesor Santiago Tobón en la Universidad Eafit, trae novedades y confirmaciones sobre ese control ilegal en la ciudad. Cerca de 350 combos dirigidos por al menos 15 bandas se ocupan de las rentas ilegales del microtráfico, la extorsión y el licor adulterado al mismo tiempo que regulan comportamientos sociales e imponen soluciones entre vecinos. Sin olvidar que instauran monopolios de productos legales (arepas, huevos, carne, gas domiciliario) y toman una parte del control de mecanismos institucionales como, por ejemplo, el Presupuesto Participativo que suma el 5% del presupuesto anual de inversión en la ciudad.

Medellín terminará el año con la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja en las últimas cuatro décadas. La reducción será cercana al 40%, eso significa cerca de 220 homicidios menos que el año pasado. La caída en la tendencia creciente ya completa un año y medio, desde el 1 de junio de 2019 se vio un corte preciso que al parecer fue “sugerido” luego de una reunión de la “junta directiva” en La Picota. Se recuerda “el pacto del Fusil” de 2013 entre facciones de La Oficina y los entonces llamados Urabeños. Los homicidios pueden ser un obstáculo a controles y negocios criminales, una alerta para que las autoridades intenten retomar el predominio. Muchas veces los avances en seguridad están ligados a las decisiones pragmáticas de los patrones.

El estudio mencionado, con 7.000 encuestas en más de 230 barrios, habla de comunas donde el 40% de los hogares y el 70% de los negocios pagan extorsión mientras las denuncias son inexistentes. En ocasiones los combos son el lazarillo de los burócratas o entregan el manual de contratación; y los esfuerzos del Estado, con programas y gestores sociales, no disminuye el control criminal si no que lo reafirma. La ciudad se aquieta, baja el ruido y la violencia más explícita, pero la maquinaria de control es cada vez más amplia y refinada.

 

Tender trampas

 

 

Néstor Humberto Martínez es un todero de marca mayor, el hombre de los oficios varios en la política colombiana. No es fácil encontrar un personaje que haya pasado por la junta directiva del Banco de la República, el ministerio del interior, el ministerio de justicia, la superintendencia financiera, el ministerio de la presidencia, las candidaturas de Cambio Radical, las carnetizaciones del partido de La U y la fiscalía general. Todo esto haciendo parte de cinco gobiernos de las más diversas inclinaciones ideológicas y con los más enconados pleitos políticos y jurídicos. Martínez tiene las virtudes del acomodo y la intriga, los encantos de quien juega en causa propia con la camiseta prestada.

Las últimas noticias sobre su papel en la detención de Santrich y su fingida indignación con la JEP muestran que Martínez es además un jurista de grandes contradicciones. Siendo asesor de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol, tomaba con gracia y despreocupación los delitos evidentes en la actuación de la multinacional brasilera. Él mismo enumeraba la lista del código penal luego de las pruebas que le enseñaba Jorge Enrique Pizano: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza… Eso es una coima, marica”. Esos parecían eventos menores para su rasero legal. Tal vez por eso omitió en un primer momento comentarle a la Corte Suprema sus “conocimientos” desde el interior del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Colombia. Ese pequeño olvido hizo que la Corte que lo nombró fiscal contemplara en su momento la posibilidad de exigirle la renuncia y tuviera lista la decisión de apartarlo de todos los procesos con Odebrecht en los expedientes. De modo que Martínez encontró una coartada perfecta, frunció el ceño contra la JEP y su decisión de dejar libre a Santrich y salió por la puerta de servicios.

Pero Néstor Humberto Martínez también tienen las habilidades de amplificar hechos menores con la lupa de su propio código penal y sus intereses políticos. Como Fiscal General le entregó plena credibilidad a un personaje que fungía como farsante y fingía como contacto de las Farc con las mafias mexicanas. Los audios de Marlon Marín, la menos los que hemos oído, muestran a un promesero menor, alguien que alardea de sus contactos, aplaza sus compromisos y usa claves criminales que dan más risa que certeza de sus torcidos. Las interceptaciones no dejan claro un delito sino apenas un intento, la búsqueda de acercar cinco kilos de coca (movidos por la Fiscalía en medio de su “inteligencia”) con unos dólares falsos de la DEA (llevados por dos falsos mexicanos y una supuesta opulencia). Márquez y Santrich son una sombra en esos audios, una oferta de Marlon Marín que nunca se cumple y que en su momento el Fiscal general intentó confirmar con un video sin audio. Ahora está más claro por qué Néstor Humberto no le entregó a la JEP el expediente completo para la extradición de Santrich y se guardó lo que al parecer no era más que una comedia entre un grupo de falsos narcos, dos de la DEA y uno que trabajaba por cuenta propia y decía representar a jefes de las Farc. Ni en los tribunales de la justicia ordinaria ni con los de la justicia transicional Martínez tenía credibilidad, en una por tapar y en la otra por tramar. El exfiscal, sus intrigas y sus cálculos políticos nos dejan una sola tranquilidad: nos acostumbraron a esperar lo peor, y Francisco Barbosa, el actual fiscal general, solo por contraste, se ve como un principiante algo inofensivo.

 

 

 

A veces llegan cartas

 

Estados Unidos ha ejercido durante años el odioso papel de observador electoral desde el lugar común de la democracia más antigua del mundo. Hace apenas unas semanas el secretario de estado Mike Pompeo le daba el visto bueno a la elección en Bolivia: “Reconocemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y a todas las autoridades electorales de Bolivia por supervisar este proceso creíble…”. De modo que produce gracia verlos contar sus votos, con parsimonia y ahogo, en sobres que el presidente considera mal sellados y peor marcados. Y es inevitable recordar los “errores telegráficos” que alegó la Registraduría colombiana hace cincuenta años cuando Misael Pastrana pasó a Rojas Pinilla en una noche con el país sonámbulo.

Ver a los Estados Unidos observado por misiones internacionales, y burlado por los ciudadanos de las democracias que han llamado precarias produce un poco de alivio. Urszula Gacek es el nombre de la política polaca en uso de buen retiro que lideró la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para darle una mirada a las elecciones del pasado 3 de noviembre. Según ella era la cita más desafiante de las últimas décadas. Sus declaraciones dejan, en general, bien parado el engorroso sistema electoral norteamericano: “No hemos encontrado evidencia de irregularidades sistemáticas con este sistema, a pesar de esta prueba de estrés extrema a la que se sometió. No digo que sea perfecto, y hay problemas de larga data que deben abordarse. Uno de ellos es el acceso de observadores nacionales, para hacerlo más transparente”. En 18 estados se restringe ese control ciudadano. Según Gacek los grandes temores estaban en la posible intimidación a los votantes y la falta de personal para contar los votos de una elección con una votación atípica en participación y en la forma de participar. Unas llamadas automáticas que invitaban a la gente a quedarse en casa y estar a salvo, un juego para que los electores más despistados perdieran su “vuelo” en las urnas fue la anécdota más llamativa. Pero lo verdaderamente peligroso, según el informe de 24 páginas que lideró Gacek, fue la intención del presidente de socavar la confianza de los electores con acusaciones de fraude que no tienen evidencia alguna.

El sistema electoral gringo no solo es arrevesado y caótico si no que está lleno de leguleyadas para hacer el voto más difícil, para sacar del tablero a quienes pueden marcar en forma indeseada por los mandamases en cada estado. Una sentencia de la Corte Suprema en 2013 permitió que estados y condados pudieran cambiar sus leyes electorales sin una autorización del poder federal, una condición que dictada por la ley de derecho de 1965. Ahora los mandatarios recortan puestos de votación (para hacer más largas las filas donde votan mayoritariamente sus adversarios), imponen pagos y padrones electorales que alejan las urnas, anulan votos por marcas casi imperceptibles (una letra de más, un acento perdido en un registro), niegan el voto a exconvictos. Hasta hace poco el 20% de los afroamericanos mayores de edad en La Florida no podían votar por haber sido condenados en algún momento de su vida. Solo una consulta popular logró devolverles su derecho.

Paradójicamente las limitaciones de movilidad que dictó la pandemia impulsaron como nunca el voto anticipado y por correo, mecanismos a los que dio fuerza Bill Clinton desde 1992. La votación más alta desde 1900 fue marcada por la epidemia más brava desde 1919, y tal vez por los señalamientos de Trump al voto por correo que hicieron el buzón más atractivo que nunca, una doble afrenta al presidente. Extraña elección, con una derrota marcada hace semanas y la vieja incertidumbre de las cartas perdidas.

Una ficción amenazante

 

Se cumplen 20 años del triunfo de George W. Bush luego de cinco semanas de combate legal en Estados Unidos. Los apremios del reloj electoral dieron la victoria al candidato republicano. La campana de la Corte Suprema de Justicia eligió a Bush al impedir el conteo de votos manual en La Florida por cuestiones de plazos constitucionales. Un minuto más en el round final habría podido entregar la victoria a Al Gore. Pero el derrotado atendió la campana con aplomo y se dirigió a su esquina con un discurso para apaciguar los ánimos: "El partidismo debe dar paso al patriotismo".

Pero corren tiempos donde el patriotismo ha dado paso al fanatismo. De nuevo las papeletas dejan dudas en La Florida y ahora se suma Pensilvania. Los votos se cuentan mientras las oficinas públicas y comercios se blindan con vallas y maderas como si el país se preparara para un huracán. Algunas oficinas del servicio postal han sido incendiadas por milicias y el presidente Trump repite las denuncias que hizo durante la campaña: “Las papeletas por correo son un desastre. Se enviaron millones de boletas por todo el país. Hay fraude. Los encontraron en arroyos. Encontraron algunos con el nombre de Trump en papeleras. Los están enviando por todos lados…” El presidente se anticipó a proclamar su triunfo a falta del recuento de muchos de los votos emitidos por correo. Las principales redes sociales han vetado esos anuncios oficiales de victoria. “Fake triumph”, es la etiqueta que ha comenzado a circular por redes y calles.

Los brotes de violencia ya dejan más 30 muertos en distintos estados. Las cerca de 200 milicias que hay en el país según cuentas a ojo del águila del FBI han comenzado con actuaciones menores que han terminado en enfrentamientos ciudadanos y frente a la policía. En Virginia la situación ha recordado los ataques de 2017 cuando manifestaciones de grupos de extrema derecha terminaron con un muerto y 19 heridos. Los amotinados de este noviembre de 2020 se han tomado los parqueaderos de grandes supermercados y sus camionetas impiden la llegada de los policías: “Son un ejército, tienen mejores armas que nuestra policía estatal”, dijo en la mañana del miércoles 11 de noviembre el gobernador del Estado.

En la madrugada Biden había llamado a la calma desde la sede demócrata en Pensilvania. El presidente Trump le ha respondido en el tono acostumbrado de burla y contrataque: “Es hora de que el exvicepresidente vaya a dormir”. En Michigan la gobernadora se ha tenido que resguardar en un sitio secreto bajo la custodia del ejército federal. Las recientes amenazas de secuestros han arreciado por mensajes en redes y carteles en las calles, y los patrullajes armados de milicias que dicen defender la constitución y el orden han hecho que la gente retire sus banderas y afiches partidistas de sus casas. En muchas ciudades el voto ha pasado de ser secreto a escondido y arriesgado.

Pero la mayor emergencia se presenta en los estrados fronterizos con México. Los miembros de las milicias armadas, ondeando banderas estatales, algunos con tapabocas con el rostro de Trump, han detenido a miles de migrantes, actuando como policía de frontera con métodos menos ortodoxos. Las especies de prisiones donde han recluido a los migrantes son portada en revistas internacionales y el presidente se ha negado a descalificarlos. En otros estados asociaciones de comerciantes y agricultores dicen que dejarán de tributar al gobierno federal y han propuesto dirigir los recursos a las arcas de los estados donde dominan los republicanos. Al menos tres gobernadores dicen que mirarán posibilidades legales para implementar esa iniciativa ciudadana.

Las Cortes decidirán de nuevo la elección en Estados Unidos, pero esta vez con la presión de las armas y el humo de los incendios como telón de fondo.