Promesas mineras

Desde las ciudades la minería es vista como un único demonio. Sea que la hagan ilegales en el río Sambingo, en el Cauca, o en las laderas de Buriticá, en Antioquia; sea que la muevan barcazas en Santa Marta o el largo tren carbonero en La Guajira. No importa que las siglas de quienes explotan las vetas sean de una multinacional o de una Bacrim, desde el hollín de las ciudades se percibe la misma destrucción y la misma riqueza en manos de unos pocos, así estén encapuchados o encriptados tras unos contratos casi siempre opacos. No extraña entonces que la delimitación de Santurbán sea una victoria para los universitarios en Bogotá y una derrota para los habitantes de Vetas y California en Santander. O que en Ibagué buena parte de la ciudadanía apoye una consulta, impulsada por el alcalde y una mayoría del concejo, para evitar proyectos mineros en las tierras del municipio.

 Pero es imposible negar que no pocos departamentos y municipios se han acostumbrado a economías mineras. Casanare, Meta, Guajira y Cesar reúnen más del 20% de su Producto Interno Bruto en la extracción de recursos no renovables. Su dependencia de las transferencias de la nación y los recursos del Sistema General de Regalías ha ido creciendo hasta hacerlos inviables sin el trabajo de los taladros, el estruendo de la dinamita y el trajín de los carrotanques y las volquetas. La Guajira, por ejemplo, solo logra el 12% de sus recursos con ingresos tributarios propios, la mayoría por impuesto al consumo de cerveza y estampillas. En 2014 los ingresos corrientes del departamento fueron de 65.593 millones de pesos frente a los 565.374 millones que ingresaron por regalías en los años 2013 y 2014. Si se mira el índice de dependencia de las transferencias y las regalías que ha construido Planeación Nacional, Casanare, Cesar y el Meta tienen incluso mayores necesidades de los ingresos mineros que la propia Guajira.

La pregunta más importante es qué tanto aportan los ingresos extraordinarios a las condiciones básicas de los habitantes en las zonas mineras. Una respuesta provisional acaba de intentar Fedesarrollo con un estudio sobre los 5 municipios guajiros (Albania, Barrancas, Uribia, Maicao y Hatonuevo) con influencia directa de El Cerrejón. Sobre los ingresos recibidos no hay duda. Solo en impuesto de renta El Cerrejón pagó en 2014 algo más de 200.000 millones de pesos y en regalías la cifra alcanzó 461.000 millones. La Guajira ha mejorado sus números gruesos en sus últimos 4 años, su índice de pobreza cayó desde el 69.8% en 2010 hasta 53% en 2014. Aunque sigue estando muy lejos de la meta de 28.5% planteada para 2015, y sus cifras solo son mejores que las de Chocó y Cauca. En ese mismo lapso de tiempo los 5 municipios bajo influencia de El Cerrejón mejoraron en cerca de 19% el Índice de Desarrollo Integral que mide Planeación Nacional basado en cumplimientos del Plan de Desarrollo, eficiencia en provisión de servicios de educación, salud y agua potable, y gestión y desempeño fiscal. Los municipios cercanos a El Cerrejón mejoraron más que otros municipios carboneros y petroleros con ingresos per cápita similares. Maicao fue el caso más destacado, logrando pasar de desempeño “bajo” en 2010 a “sobresaliente” en 2014.

Las mediciones también demuestran que los municipios no logran garantizar continuidad y calidad en sus servicios. Al momento de medir eficiencia todos tienen resultados decrecientes sin importar que los recursos sigan llegando. Derroche, debilidad institucional y corrupción son una constante difícil de cambiar. Los recursos mineros sirven para perpetuar malas costumbres administrativas y tumbar a muy bajo ritmo las condenas de la pobreza.