En el año 2001 llegaron a Medellín más de 40.000 desplazados por el conflicto armado. Venían de municipios de Antioquia y Chocó, de la Costa Atlántica y el eje cafetero. La ciudad recibía una buena parte de la presión de la guerra. Pero no solo llegaban las víctimas, también la munición nacional se ensayaba en sus comunas y los mapas estratégicos se trazaban entre los barrios y los jóvenes. Y había una buena experiencia acumulada por los guerreros de los peores tiempos, dispuestos a tomar nuevos riesgos y ejercer el terror, las herencias de Escobar, bandas y combos que no habían olvidado sus poderes y sus destrezas y ofrecían franquicias al mejor postor.
Luis Pérez, alcalde de esos tiempos, acababa de desmantelar la Oficina de Paz y Convivencia de la ciudad. Según dijo en su momento, no cumplía su papel y se prestaba para fines ilícitos. Pero su trabajo durante algo más de cinco años deja claro el tamaño y la dispersión de los conflictos en la ciudad, y la necesidad de un actor que acompañara los pactos barriales y el trabajo de las organizaciones por la paz. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Medellín: memorias de una guerra urbana, se habían hecho pactos y procesos de mediación entre 160 bandas que reunían a 3.000 personas en 86 sectores de Medellín. Eran los intentos de una paz parcial.
Pero tanto la alcaldía como la gobernación de la época querían más pie de fuerza. Veían en el recién llegado gobierno de Álvaro Uribe una oportunidad para tener más poder de fuego y más posibilidad de juego político. Medellín era un laboratorio nacional de guerra y la Comuna 13 el escenario para “probar finura”, un territorio en disputa luego de la hegemonía de Don Berna en casi todos los barrios duros de la ciudad. Entre 1980 y 2014 se desarrollaron 99 acciones bélicas en la Comuna 13, la segunda fue El Popular con 65 y la tercera Manrique con 53. La 13 era el borde más caliente de la ciudad.
El Bloque Cacique Nutibara, un invento de ‘Don Berna’ para acabar con las milicias y ganar su guerra frente a ‘Doblecero’, logró el apoyo de varios jefes de las AUC e incorporó a cientos de bandas de la mano de Daniel Alberto Mejía, ‘Danielito’, y Carlos Mario Aguilar, ‘Rogelio’. Se habla de una reunión de 300 líderes de bandas en una finca en Envigado para “filar la vuelta”. En Medellín, como ha dicho Gustavo Duncán, el paramilitarismo no necesitó la llegada de hombres del campo a la ciudad, aquí había suficiente mano negra, La Oficina era la encargada de unir a los proveedores.
Pero desde el campo si llegaron los refuerzos de la guerrilla para mantener su posición en una creciente guerra urbana. En febrero de 2002 se habían terminado los diálogos del Caguán y El Mono Jojoy había dicho que era necesaria una nueva fase en la ofensiva. Las Farc trajeron hombres de sus frentes 9, 18 y 34 para sostener su impulso en el occidente de Medellín, donde ya estaban las milicias del ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Todo estaba dispuesto para la guerra en la comuna 13. Y el Estado había decidido “trabajar” al lado de los paramilitares. El general Mauricio Santoyo, comandante del Cuerpo Élite Antiterrorista, más tarde reconoció su cercanía con La Oficina y las AUC. Guillermo León Valencia, jefe de fiscalía en Medellín, fue condenado años después por su apoyo a ‘Rogelio’ y otras ayudas. Más de 20 políticos antioqueños fueron condenados por relaciones con paramilitares. La IV Brigada y la policía fueron llevados de la mano por los paras en la “pacificación” de La 13. Luego de las ráfagas de hace 20 años, de las capturas injustificadas y las muertes a menores de edad, llegaron las desapariciones. Señalaban, tocaban las puertas, sacaban la gente. Todos los años Medellín juega con candela, su historia lo sabe.
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