Hace un poco más de una semana México sufrió una jornada de violencia que dejó una curiosa discusión entre el gobierno, la oposición, los medios y la ciudadanía que sufrió el miedo durante tres días. Para el gobierno se trató apenas de una estrategia de “publicidad criminal”. López Obrador criticó a los medios “amarillistas” que mencionaron la palabra terrorismo para describir el asesinato de civiles, los carros y locales quemados, el llamado a toques de queda por miembros de los carteles y los pueblos sitiados en Baja California, Guanajuato y Jalisco. Para algunos académicos y parte de la oposición, el código penal deja muy claro que se trató de actos de terrorismo: acciones violentas para generar terror en la ciudadanía y demostrar poder bien sea frente al Estado o a sus enemigos. Quienes vivieron la violencia de cerca no entran en disputa por definiciones, solo quedan advertidos de quién manda. Las razones de los días de violencia no fueron del todo claras: ¿que la policía estuvo cerca de capturar a dos capos, que se anunció el traslado del jefe de los Mexicles a una prisión federal, que la mafia quiere dar un golpe de control con cierta regularidad?
El pasado mayo Colombia vivió casi una semana con actos de violencia e intimidación muy similares. Aquí se habló de 150 ataques en 119 municipios, 12 civiles asesinados y más de 80 vehículos quemados. Hubo escasez de alimentos por el cierre de vías y locales, y hasta un partido de la liga local no se jugó por temor del equipo visitante. El presidente Duque habló con el mismo tono que usó AMLO hace una semana: “Buscan generar intimidación a través de hechos aislados y atentados cobardes, que buscan tener maximización a través de redes sociales y medios de comunicación. Tratan de mostrar desesperadamente una fortaleza que no tienen”. También López Obrador dijo que eran ataques desesperados por la pérdida de poder de los carteles.
La lucha del Estado contra las grandes mafias, al menos en México y Colombia, parece convertirse en un asunto de percepción: los narcos ven por una mirilla, el gobierno entrega sus declaraciones con plantilla, las víctimas cuentan la tragedia y los medios registran lo que pueden. Usar la palabra terrorismo tiene grandes riesgos para los gobiernos, mucho más cuando se mira con atención desde los Estados Unidos. Minimizar es la estrategia. Desde hace tiempo los estados han perdido otras opciones. Los ataques sin un propósito puntual muestran sobre todo un control territorial incuestionable, una notificación a los gobiernos para que entiendan que proteger a la gente requiere un trato preferencial con la mafia, unas consideraciones especiales: “reconozcan nuestro poder y habrá mayor tranquilidad para todos”, parecen decir. Todavía se recuerda cómo hace tres años la captura del hijo del Chapo Guzmán desató el caos en Culiacán. La amenaza de una violencia indiscriminada contra los civiles hizo que el presidente diera la orden de liberar a Ovidio Guzmán: “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de unas personas”, dijo AMLO en octubre de 2019, luego de anunciar la libración.
La guerra perdida contra el narcotráfico, la tarea y los sacrificios impuestos por Estados Unidos, la imposibilidad de proteger a los ciudadanos y encontrar soluciones propias y efectivas, la pérdida de control en pueblos y zonas de muchas ciudades, ha hecho que poco a poco los gobiernos vayan encontrando formas silenciosas, omisiones convenientes frente a poderes asesinos consolidados durante años. Apaciguar y minimizar es ahora una forma de desobedecer el mandato absurdo de la guerra contra las drogas.
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