Tierra resguardada

Cajibío y Tumaco se han convertido en laboratorios de los problemas de tierras que plantean las nuevas realidades del acuerdo con las Farc. En esos dos municipios se han presentado en los últimos días enfrentamientos entre indígenas y comunidades afro con propietarios de tierras que reclaman seguridad y respeto a sus títulos legítimos. En Cajibío las historias de invasiones y crecimiento de cabildos tiene algunos años y ahora el ingrediente de unas Farc desarmadas y de algunos milicianos que persisten dejan inquietudes renovadas.

Hace unos días indígenas destruyeron cosechas de café y quemaron construcciones menores de una finca a unos 12 kilómetros de Popayán. Se habla de cerca de 800 hectáreas y 75 fincas invadidas en los últimos años. Luego de que el gobierno comprara 125 hectáreas para la creación del cabildo Cofradía en el municipio de Sotará, vinieron los intentos para ampliar ese cabildo con invasiones y reclamos sobre nuevos predios. Habitantes de la zona hablan de invasores profesionales venidos desde el norte del Cauca donde enfrentamientos por asedios a fincas han dejado policías e indígenas muertos. El papel de las Farc como partido político, como organización desarmada y respetuosa de las reglas democráticas, se medirá en su actuación frente a esta realidad en el Cauca. Es cierto que los indígenas han luchado durante años por desligarse de los métodos y el control armado de la guerrilla. Pero también es innegable que en algunos casos compartieron intereses y luchas. Los riesgos de convertir los bastones de mando y las pañoletas al cuello en herramientas para la invasión y las vías de hecho son enormes.

En Tumaco el conflicto se da con el propietario que alquiló su predio al gobierno para la zona veredal Ariel Aldana. Comunidades afro cercanas han llegado a invadir predios colindantes con la zona veredal y a impedir el ingreso del propietario. Aquí no se usan bastones de mando sino machetes y motos para defender lo invadido. Un video de La W sobre el conflicto en Tumaco entrega las impresiones de Henry Castellanos, alias Romaña, desde la zona veredal. Castellanos habla de los derechos de las comunidades campesinas y afro frente a los despojos de paramilitares y propone la construcción de proyectos de vivienda concertados con el municipio en los terrenos invadidos. Su tono es conciliador y parece indicar vías institucionales para resolver el conflicto. Pero el gobierno ha repetido desde hace años, luego de los problemas en el Cauca, que las fincas invadidas no se compran. Si las Farc tienen intenciones de ser gobierno en los municipios deberían comenzar por censurar las vías de hecho y los conflictos que tarde o temprano terminan con un “juez y parte” armado imponiendo una decisión. No puede ser que se pida la titulación como protección a los campesinos y al mismo tiempo se aliente a comunidades a desconocer las escrituras legales.

Las grandes pruebas del proceso estarán más en la voluntad y las acciones sobre el terreno que en las páginas del acuerdo. Para exigir a las Farc es necesario reconocer su papel como organización social y política en los territorios. Santrich, Alape, Márquez y Timochenko tienen que pasar pronto de los reclamos al gobierno a una actitud que busque desestimular las condiciones de violencia en los lugares donde tuvieron presencia armada. Es hora de mostrar que tienen algo que ofrecer más allá de discursos y palomas.